Rosa María Álvarez Tellez
Expediente 1197/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 40 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 11/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosa María Álvarez Tellez
- Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Acapulco, Guerrero; once de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele la documental que solicita, debiendo dejar copia certificada del mismo en autos y razón que obre para constancia legal; así mismo ténganse como sus autorizados para tal efecto a las personas que señala. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; ocho de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; y en igual termino es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III, párrafo segundo, del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda y resolución en la cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; quince de marzo de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar, por los motivos que expone, la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte tercero interesada la resolución de diez de marzo de este año; en consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo, dicha notificación deberá realizarse por lista. Notifíquese.
- Principal
SVISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo 1197/2014. R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta y uno de octubre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Rosa María Álvarez Téllez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora: 1. Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal. Ejecutoras: 2. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. 3. Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. 4. Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. 5. Juez Cuarto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. 6. Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. 7. Juez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares. Residentes en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "La inminente orden de lanzamiento derivado del procedimiento del juicio ordinario civil, radicado bajo el rubro COMPAÑÍA INMOBILIARIA ANAHUAC S.A VS FERNANDO ALVARADO MARTÍNEZ Y OTROS; EXPEDIENTE NO. 1937/2009; SECRETARIA "A", sin haber sido oída y vencida en juicio, dado que no forme parte del procedimiento de referencia. La ejecución de la orden de lanzamiento por parte del C. Juez Noveno de lo Civil del Tribunal Superior del Distrito Federal, respecto del procedimiento del juicio ordinario civil radicado bajo el rubro COMPAÑÍA INMOBILIARIA ANAHUAC S.A VS FERNANDO ALVARADO MARTÍNEZ Y OTROS; EXPEDIENTE NO. 1937/2009; SECRETARIA "A". SEGUNDO. Por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada bajo el número 1197/2014, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. TERCERO. Mediante proveído de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, se ordenó emplazar a los terceros interesados Compañía Inmobiliaria Anáhuac S.A, Fernando Alvarado Martínez, José Jorge Almazán Abarca y el Notario Público Número Treinta y Cinco del Distrito Federal, y por diverso de ocho de diciembre de dos mil quince, se determinó que nos les revestía el carácter de terceros interesados a los tres últimos, por lo que se ordenó continuar el procedimiento sin su participación. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107 fracción VII de la Constitución Federal; 36 y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de que se reclaman actos derivados de un juicio civil en el que la quejosa se ostenta como tercero extraña al juicio, cuya ejecución se atribuye a autoridades con sede en la jurisdicción de este órgano constitucional. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda de amparo y demás constancias que integran el expediente del presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclama la afectación al bien inmueble que aduce es de su propiedad identificado como lote de terreno 2, manzana 6, Granja 24, Colonia Granjas del Marqués, de esta ciudad, derivado de la orden de lanzamiento emitida en el expediente 1937/2009, relativo al juicio ordinario civil promovido por Compañía Inmobiliaria Anáhuac, Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de Fernando Alvarado Martínez, José Jorge Almazán Abarca y el Notario Público Número Treinta y Cinco del Distrito Federal, tramitado en el Juzgado Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, respecto del cual es ajena a dicho procedimiento; así como su ejecución atribuible a las autoridades designadas con tal carácter. TERCERO. SON CIERTOS los actos reclamados al Juez Décimo Noveno de lo Civil del Distrito Federal, pues aun cuando en su informe no lo afirmó (foja 124), de las manifestaciones que hacen valer con posterioridad se aprecia su existencia; certeza que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente natural 1937/2009, remitidas como apoyo a su informe, las cuales conforman un tomo de pruebas; documental pública que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su artículo 2º. Lo anterior aunado a que, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado (foja 57), aceptó el acto reclamado en el sentido de que en dicho órgano jurisdiccional se radicaron los exhortos 25-2/2014 y 66-2/2014 derivados del juicio ordinario civil 1937/2009 del índice del Juzgado Décimo Noveno Civil del Distrito Federal, para que llevara a cabo la orden de lanzamiento ordenada por el Juez exhortante, sin que hubiera sido posible su diligenciación por los motivos asentados en las razones actuariales de catorce de mayo y nueve de julio de dos mil catorce (fojas 83 y 98) Por otro lado, los Jueces Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad al rendir su informe justificado (fojas 26, 27,49,51 y 53) negaron el acto reclamado; sin embargo dado el carácter de ejecutoras con el que fueron designadas, se les tiene por cierto, en virtud de que en cualquier momento pueden recibir instrucciones de la autoridad ordenadora para ejecutar la orden de lanzamiento que en esta vía constitucional se reclama. CUARTO.- Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo; en ese sentido, este juzgado advierte oficiosamente que en el caso se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo en contra de dicho acto, en atención a lo siguiente. Para arribar a tal determinación, debe tenerse presente el contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5º, de su Ley Reglamentaria, que en su orden, establecen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)". Las citadas disposiciones conforman el interés jurídico, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causal de improcedencia en el juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la ley de la materia. Dicho precepto en lo que interesa dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia" Así, tratándose de actos emanados de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el interés jurídico aludido reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se vea afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Cabe precisar que la afectación al interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 242 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Entonces, si la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio ordinario civil 1937/2009, del Juzgado Décimo Noveno Civil del Distrito Federal; calidad que ciertamente le reviste en tanto que de las constancias relativas al citado proceso la quejosa no figura como parte procesal, es decir, como actor o demandado, y tampoco existe dato alguno de que hubiere sido legalmente llamada al juicio o haya tenido participación alguna dentro del mismo; para demostrar el interés jurídico que le asiste en esta instancia constitucional debe demostrar la titularidad del derecho de propiedad sobre el bien inmueble, cuyo lanzamiento reclama, con un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias, relativas que generen a su favor el derecho de posesión ya sea en forma original o derivada, de manera que los promoventes tengan una base objetiva que fundada y razonable, produzca la convicción de que tienen derecho a poseer ese bien, ya que la simple tenencia material de la cosa, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, así como también la afectación a su esfera jurídica con la emisión de los actos reclamados y su ejecución . En el caso concreto, conforme a la demanda de amparo, la disconforme hizo consistir su interés jurídico en la propiedad y posesión que aduce tener sobre el inmueble identificado como lote de terreno 2, manzana 6, Granja 24, Colonia Granjas del Marqués, con la copia certificada de la resolución administrativa de diecinueve de noviembre de dos mil siete, emitida por el Delegado de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Acapulco, Guerrero en el procedimiento de inmatriculación administrativa, con número de expediente 32-2007/DDRPPC. Dicho lo anterior, conviene traer a colación los artículos 2933, 2934, 2935, 2938 y 2939, del Código Civil del Estado de Guerrero, que regulan lo relativo a la inmatriculación administrativa, los cuales a la letra dicen: "Artículo 2933.- La inmatriculación será la inscripción de la propiedad o posesión de un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, que carezca de antecedentes registrales. Artículo 2934.- Para cualquiera de los procedimientos de inmatriculación a que se refieren los artículos siguientes, será requisito previo que el Registro Público emita un certificado que acredite que el bien de que se trate no está inscrito, en los términos que se precisen en las disposiciones administrativas que para el efecto se expidan. Tratándose de inmatriculación administrativa, el Director del Registro Público podrá allegarse información de otras autoridades administrativas. Artículo 2935.- El interesado en la inmatriculación de la propiedad o posesión de un inmueble podrá optar por obtenerla mediante resolución judicial o mediante resolución administrativa, en los términos de las disposiciones siguientes: (.) II. La inmatriculación por resolución administrativa, se obtendrá: a).- Mediante la inscripción del decreto por el que se incorpora al dominio público un inmueble. b).- Mediante la inscripción del decreto por el que se desincorpore del dominio público un inmueble, o el título expedido con base en ese decreto. c).- Mediante la inscripción de un título fehaciente y suficiente para adquirir la propiedad de un inmueble. Artículo 2938.- La inmatriculación administrativa se realizará por resolución del Director del Registro Público de la Propiedad, quien la ordenará de plano en los casos previstos por los incisos a) y b) de la fracción II del artículo 2935. Artículo 2939.- Quien se encuentre en el caso previsto por el inciso c) de la fracción II del artículo 2935, podrá ocurrir directamente ante el Registro Público de la Propiedad para solicitar la inmatriculación, en los términos establecidos por el Reglamento del Registro Público de la Propiedad." De los numerales citados se advierte que la inmatriculación es la inscripción de la propiedad o posesión de un bien inmueble en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que carece de antecedentes registrales, que existen dos procedimientos de inmatriculación (judicial o administrativa), que en cualquiera de los supuestos es requisito previo que el Registro Público emita un certificado que acredite que el bien inmueble de que se trate no se encuentre inscrito. Sobre el tema (inmatriculación) la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció entre otras cosas, que ésta no es propiamente un título que justifique la propiedad o justa posesión de un inmueble, ya que la inmatriculación es la incorporación al Registro Público de la Propiedad de un bien inmueble, hasta entonces carente de antecedentes regístrales y, la inmatriculación administrativa a solicitud de parte interesada no genera por sí misma el derecho al titular de la inscripción de propiedad o posesión legítima, ya que ésta no surte efectos contra terceros, sino que sólo asigna un registro al bien respectivo como resultado de un procedimiento seguido ante el funcionario registral, quien no está facultado para establecer la existencia de una posesión o propiedad legal, teniendo ésta sólo efectos declarativos propios de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad. Lo anterior derivó en la jurisprudencia 1a./J. 6/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, consultable en la página 340, tomo XXIX, de abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INMATRICULACIÓN ADMINISTRATIVA A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA. NO GENERA POR SÍ MISMA EL DERECHO A SOLICITAR LA DECLARATORIA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DEL BIEN INMUEBLE SOBRE EL QUE RECAYÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). La inmatriculación es la incorporación al Registro Público de la Propiedad de un bien inmueble, hasta entonces carente de antecedentes registrales, y puede ser judicial o administrativa, según el órgano que la acuerde y ante el cual se solicite, pues se trata de procedimientos distintos con formalidades y alcances diferentes. Así, conforme a los artículos 2897 a 2903-F del Código Civil para el Estado de México abrogado, equivalentes a los numerales 8.51 a 8.64 de su similar en vigor, publicado en la Gaceta del gobierno de la entidad el 7 de junio de 2002, la declaratoria de una posesión susceptible de generar la usucapión sólo puede provenir de la autoridad judicial, en tanto que el derecho de prescripción no deriva de la inscripción sino de la resolución emitida por aquélla, pues en ella radica la fuerza de convicción de una posesión idónea para usucapir. En ese sentido, se concluye que la inmatriculación administrativa a solicitud de parte interesada no genera por sí misma el derecho al titular de la inscripción para solicitar posteriormente la declaratoria de prescripción adquisitiva del inmueble sobre el que recayó dicha inmatriculación, ya que ésta no surte efectos contra terceros, sino que sólo asigna un registro al bien respectivo como resultado de un procedimiento seguido ante el funcionario registral, quien no está facultado para establecer la existencia de una posesión apta para prescribir. Esto es, a través de la inmatriculación administrativa se asigna un antecedente registral sólo con los efectos declarativos propios de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad, pero sin poder generar, de suyo, un derecho a prescribir, en virtud de que la inscripción tiene como única finalidad dar publicidad al acto, no constituir derechos. Cabe señalar que lo anterior no significa que la inmatriculación administrativa carezca de todo valor probatorio para efectos de la prescripción, pues constituye un indicio sobre el hecho de la posesión bajo el cual se registró el inmueble, por lo que constituye un elemento de juicio que, adminiculado con otras pruebas, puede llegar a evidenciar que el titular de la inscripción ha mantenido una posesión tal, que en su caso le permita obtener la declaratoria de usucapión ante la autoridad judicial". Por tanto, con base en las citadas consideraciones, si la quejosa hace depender el derecho de propiedad que le resulta de la inmatriculación administrativa con número de expediente 32-2007/DDRPPC, es evidente que carece de interés jurídico con relación a las actuaciones dictadas en el juicio ordinario civil 1937/2009 del índice del Juzgado Décimo Noveno Civil del Distrito Federal, promovido por Compañía Inmobiliaria Anáhuac, Sociedad Anónima, contra Fernando Alvarado Martínez, José Jorge Almazán Abarca, Notario Público número 35 del Distrito Federal y Registro Público de la Propiedad, del Comercio y Crédito Agrícola de Acapulco, pues se insiste dicha determinación no tiene como efecto constituir un derecho de propiedad, ya que no surte efectos contra terceros, sino que sólo asigna un registro al bien respectivo como resultado de un procedimiento seguido ante el funcionario registral, quien no está facultado para establecer la existencia de una propiedad legal, teniendo esta sólo efectos declarativos propios de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad. Por tanto, no se advierte de manera fehaciente la posesión a título de propietaria que la ahora quejosa dice tener respecto del inmueble identificado como lote de terreno 2, manzana 6, Granja 24, colonia Granjas del Marqués, en esta ciudad. A mayor abundamiento, con independencia del valor probatorio que se le otorgara a la resolución de inmatriculación administrativa con número de expediente 32-2007/DDRPPC, la identidad del bien inmueble que defiende la quejosa, con el que fue materia del juicio ordinario civil 1937/2009 tramitado en el Juzgado Décimo Noveno Civil del Distrito Federal, tampoco se acredita de manera fehaciente, en atención a las siguientes consideraciones. En efecto, de una análisis de las constancias que integran el juicio ordinario civil 1937/2009, se advierte que mediante ejecutoria de quince de enero de dos mil trece, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal revocó la sentencia dictada por el juez de origen, y entre otras prestaciones, en su resolutivo cuarto, condenó al demandando Jorge Almazán Abarca a la restitución de los lotes 24 y 25 ubicados en el Fraccionamiento Granjas del Marqués, de la zona urbana de Acapulco, relativo a los folios de derechos reales 184723 y 184724, así como la nulidad de la escritura pública número 93,507 (noventa y tres mil quinientos siete) de cuatro de abril mil novecientos noventa y uno, supuestamente pasada ante la fe del Notario Público número 35 del Distrito Federal (tomo I de pruebas fojas 543 a 676). Mientras que en la resolución de inmatriculación administrativa de diecinueve de noviembre de dos mil siete, exhibida por la quejosa fue objeto de inscripción el bien inmueble identificado como lote 2, manzana 6, Granja 24, de la Colonia Granjas del Marques en esta ciudad, respecto del cual se hizo constar además que no contaba con antecedente registral alguno; en tanto que en el juicio ordinario civil de origen se demandó la nulidad de la diversa escritura pública escritura pública número 93,507 (noventa y tres mil quinientos siete) de cuatro de abril mil novecientos noventa y uno, supuestamente pasada ante la fe del Notario Público número 35 del Distrito Federal, que consignó un supuesto contrato de compraventa respecto de los lotes 24 y 25 ubicados dentro del fraccionamiento Granjas del Marqués, de la zona urbana de Acapulco, inscrita en los folios de derechos reales 184723 y 184724, de lo que se desprende de manera indiciaria la existencia de propietarios de los citados predios, lo que crea incertidumbre respecto de la identidad de los inmuebles. En ese contexto, corresponde a la parte quejosa, la carga de ofrecer pruebas para demostrar plenamente la identidad entre el inmueble que defiende en la presente instancia constitucional y el afecto al juicio ordinario civil 1937/2009; por tanto, al no ofrecer probanza alguna de donde se advierta dicha circunstancia, es de concluir que la quejosa del amparo no acredita su interés jurídico. Sirve de apoyo por las razones que la contienen la tesis VI.2o.C.570 C, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible a página 3201, tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras; en razón de que el acto que se les atribuye no se combatió por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender del acto reclamado a la ordenadora. Se invoca al respecto, la jurisprudencia 516, emitida por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 339, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios." Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente . Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 75, 217, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio número 1197/2014, promovido por Rosa María Álvarez Téllez, por derecho propio, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese Personalmente y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman. Así lo resolvió y firma Adrián Arteaga Navarro, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, el diez de marzo de dos mil dieciséis, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado, que autoriza y da fe.
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