Rosa María Alonso García

Expediente 760/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 19 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
22/02/2023

Partes del expediente

  • Rosa María Alonso García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Visto que este expediente se encuentra concluido, ya que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es destruible en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó en este juicio. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y las autoridades responsables, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veinticuatro de octubre de este año, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria. Infórmese a las partes la presente determinación y háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia derivada del juicio de amparo 760/2022-III, promovido por *********, por propio derecho, ante el licenciado Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia de alguna de las partes. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez con las pruebas ofrecidas por las autoridades responsables y de la parte quejosa las documentales que exhibió en el presente asunto. Acto seguido, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas que exhibió la autoridad responsable y parte quejosa, las que se tomarán en consideración al dictar la sentencia correspondiente. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario da cuenta con los alegatos vertidos por la parte quejosa. El Juez acuerda: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que se vierten vía de alegatos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo en que se; al no existir más alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar, se da por concluida la presente audiencia constitucional. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 760/2022-III, promovido por *********, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O I. Mediante oficio presentado el veintiuno de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez y turnado a este Juzgado el día siguiente hábil, se returnó como nuevo asunto, el escrito de formulado por Rosa María Alonso García, por propio derecho por el que ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, derivado de la separación de juicios emitido en el expediente 435/2022-II, del índice de este Juzgado. II. Por auto dictado el veintitrés de junio de dos mil veintidós, este Juzgado ordenó registrar la demanda con el número 760/2022-III, y previa aclaración, por auto del cuatro de julio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, requirió a la autoridad responsable a efecto de que rindiera su informe justificado, dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la que previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad en el artículo 37, de la Ley de Amparo; 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que uno de los actos reclamado es atribuido a una autoridad que reside en la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados son: Del Secretario de Relaciones Exteriores la expedición de los pasaportes G13004075 a favor de Leonardo Joaquín González Sánchez y el diverso G26017738 a favor de Rosa María Alonso García. Del Registro Nacional de Avisos de Poderes Nacionales (en su denominación correcta), el registro del poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal y la expedición del acuse de inscripción. De la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Estado de México y Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, el otorgamiento de poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. TERCERO. El Secretario de Relaciones Exteriores, al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen, relativos a la expedición de los pasaportes G13004075 a favor de Leonardo Joaquín González Sánchez y el diverso G26017738 a favor de Rosa María Alonso García, mismos que señala se encuentran otorgados a personas diversas a las antes señaladas; sin que en autos obre prueba alguna para desvirtuar esa negativa. Inexistencia de actos que resulta procedente atender, toda vez que si bien en el presente asunto, obra copia certificada de los pasaportes G13004075 a favor de Leonardo Joaquín González Sánchez y el diverso G26017738 a favor de Rosa María Alonso García, documentales que se advierte se obtuvo su reproducción de las constancias que obran en el diverso sumario 435/2022-II; pasaportes que señala la quejosa resultan apócrifos; lo que al ser adminiculado con lo precisado por la autoridad responsable y valorado en términos de lo establecido en el artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°, corrobora lo manifestado por la responsable, en el sentido que los pasaportes no fueron expedido a favor de las personas que se ostenta en tales pasaportes; y por tanto, que en al caso no se advierta la existencia de tales actos. Ante ello, al no existir medios probatorios de los que se advierta la existencia de los actos reclamados y que al particular desvirtúen la negativa propuesta por la autoridad responsable, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio biinstancial, ante la inexistencia de estos. CUARTO. El Registro Nacional de Avisos de Poderes Nacionales (en su denominación correcta), si bien al rendir su correspondiente informe justificado, negó la existencia de los actos que se le reclaman, consistentes en el registro del poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal y la expedición del acuse de inscripción; sin embargo, vierte manifestaciones que evidenciaron su existencia, por lo que se tiene como ciertos los mismos. Por su parte la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Estado de México y Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, fueron omisos en rendir su correspondiente informe justificado, no obstante de encontrarse debidamente notificados para ello; por lo que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se les reclama, relativo al otorgamiento de poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, es necesario examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia en cuanto al acto cuya existencia ha quedado demostrada en el anterior considerando, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia II.1o. J//5 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 95, Materia Común, Octava Época, con registro 222780, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, de oficio se advierte que, con relación al acto reclamado al Registro Nacional de Avisos de Poderes Nacionales (en su denominación correcta), consistente en el registro del poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, expedido por el Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" Esa causal de improcedencia se refiere al principio de definitividad, relativo a que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando proceda en su contra algún juicio, recurso o medio de defensa legal, en virtud del cual esos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Ciertamente, el principio de definitividad del juicio de amparo obliga a la parte quejosa a agotar, previamente a su promoción, los recursos ordinarios o medios de defensa legales tendentes a modificar, revocar o nulificar los actos reclamados, pues el juicio constitucional se concibió como un medio extraordinario de control de constitucionalidad, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales. Lo anterior, siempre que conforme a la ley que rija el medio de defensa correspondiente, se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o a petición de parte, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que en aquélla se consignan, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. En este orden de ideas, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé como medio ordinario de defensa contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas, el recurso administrativo de revisión ante la propia autoridad y resuelto por su superior jerárquico, como se establece en el artículo 83, que a la letra dice: "Artículo 83. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda." Así como también, pueden intentar la vía jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuyo artículo 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé: "Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, Decretos y Acuerdos de carácter general, diversos a los Reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal, tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley". De los dispositivos legales reproducidos se desprende que, contra los actos y resoluciones de las autoridades, que causen afectación a los particulares, procede optativamente el recurso administrativo de revisión, o bien, el juicio contencioso administrativo. Sirven de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 99/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9ª Época, Tomo XX, Agosto de 2004, página 355que refiere: "INCONFORMIDAD. COMO EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, ES UN MEDIO DE DEFENSA OPCIONAL, NO ES NECESARIO AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL AMPARO. De los artículos 108 y 128 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, así como del 29 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, se advierte el carácter optativo del recurso de inconformidad, el cual puede o no agotarse antes de acudir al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. Ahora bien, por cuanto hace a este juicio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, julio de 2002, página 153, de rubro: 'CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL. NO ES NECESARIO AGOTAR EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO.', estableció que el juicio de garantías procede sin necesidad de agotar previamente el juicio de nulidad ante el mencionado tribunal, porque el artículo 59 del ordenamiento que lo regula exige mayores requisitos para conceder la suspensión definitiva del acto reclamado que la Ley de Amparo. En este sentido, resulta innecesario analizar si, tratándose del recurso de inconformidad, la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal establece requisitos mayores que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, pues independientemente del resultado que arroja, en ningún caso podría exigirse que se agotara el recurso últimamente citado antes de la interposición del juicio de garantías, ya que constituye un medio de defensa opcional en la vía ordinaria, que puede agotarse o no, con anterioridad al juicio de nulidad; de ahí que si es innecesario que este último se promueva previamente a la interposición del juicio de amparo, por surtirse una excepción al principio de definitividad, resulta evidente que no es necesario agotar el mencionado recurso". Es decir, los particulares afectados por los actos de autoridad de la administración pública federal pueden: 1) Acudir, en primer lugar, al recurso administrativo de revisión y, contra la resolución que en éste se pronuncie, promover juicio Contencioso Administrativo en la vía correspondiente, cuya sentencia podrá, en su caso, reclamarse en amparo; o 2) Acudir directamente al juicio Contencioso Administrativo y, en su caso, promover el juicio de amparo contra la sentencia que pronuncie el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. En ese sentido, el recurso administrativo de revisión y el juicio contencioso administrativo forman parte de un mismo sistema de impugnación, en la vía ordinaria, que debe agotarse antes de promover el juicio de amparo, ya sea ambos, consecutivamente, o sólo el referido juicio ordinario.1 Sirve de apoyo la tesis jurisprudencial 2a./J. 27/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, página 1194, Décima Época, del rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Lo que se corrobora con la Jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la página 678, del Tomo VI, Materia Común, Parte TCC, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del siguiente tenor: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Esto se considera así, porque el amparo en materia administrativa únicamente procede cuando se demuestre que previamente se agotaron los recursos o medios de defensa legales que pudieren revocar, modificar o nulificar el acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión; salvo la excepción prevista por la propia ley de la materia, como cuando el acto reclamado adolezca de fundamentación, todo ello atendiendo al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías. Al caso se invoca la tesis, 6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Tomo XV (Mayo de 2002), Página: 902, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Además, porque aun en el supuesto de que se tratara de un acto que, en su caso, pudiera considerarse como de ejecución irreparable, ello no releva a la parte quejosa de agotar los medios ordinarios de defensa previstos en la legislación ordinaria, ante la potestad común, salvo que el acto, por su naturaleza, se ubique en los casos de excepción, lo cual, como se adelantó, no aconteció en la especie. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia I.3o.C. J/39, con registro digital 171803, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 9a. Época, Materias(s): Común, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 1214, cuyo rubro textualmente dice: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO DEL JUICIO DE AMPARO DEBE CUMPLIRSE AUN ANTE LA RECLAMACIÓN DE ACTOS QUE REVISTAN UNA EJECUCIÓN IRREPARABLE. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de garantías es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal; 37, 73, fracciones XII, XIII y XV, y 114 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Las anteriores precisiones y el examen integral de la normatividad jurídica mexicana ponen de manifiesto que no existe ninguna razón jurídica para sostener que contra los actos de ejecución irreparable no es obligatorio agotar los recursos ordinarios, antes bien, informan en cuanto a que la regla general es que en el juicio de amparo sólo pueden reclamarse actos definitivos; por consiguiente, no debe hermanarse el concepto de actos de ejecución irreparable con el principio de definitividad, pues de acuerdo con las anteriores precisiones, debe estimarse que aun contra actos dentro de juicio que revistan una ejecución irreparable, es menester que se agoten los recursos ordinarios procedentes a efecto de que ante la potestad común puedan tener remedio, salvo que esos actos, por su propia naturaleza, encuadren, por sí mismos, dentro de algunos de los mencionados supuestos de excepción al principio de definitividad." Máxime que del estudio de los actos reclamados no se advierte que se esté en presencia de alguna de las excepciones al principio de definitividad y no se reclaman actos que importen una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menos aún se trata de actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales; no se alega falta de fundamentación y motivación. Al caso es aplicable la jurisprudencia emitida por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página noventa y cuatro, del tomo I (abril de mil novecientos noventa y cinco), del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, procede, lo procedente es sobreseer en el juicio, por cuanto hace a los actos reclamados antes precisados, reclamados al Registro Nacional de Avisos de Poderes Nacionales. Por otra parte, con relación a los actos reclamados de la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Estado de México y Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, consistentes en el otorgamiento de poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5°, fracción II, del primero de la misma legislación. Los mencionados artículos establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De dichos numerales, se aprecia que, para efectos del juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad responsable, aquella que reúne los siguientes rasgos de identidad: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Por lo que, debe establecerse que para que un particular se considere autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es necesario que los actos reclamados sean equivalentes a los de autoridad, es decir, aquellos que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, siempre que sus funciones, atribuciones o facultades para efectuarlos estén determinadas por una norma general, lo que implica que esa circunstancia deriva de la naturaleza y características propias del acto, el cual debe ser unilateral, obligatorio y afectar la esfera jurídica del gobernado. Sobre el particular, es oportuno citar el contenido de la contradicción de tesis 364/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que precisó que el criterio actual para determinar si se tiene, o no, el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues también se toma en cuenta que con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Al respecto, la Primera Sala precisó que para otorgar a un particular el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los individuos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Luego, esa Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación indicó que las características que deben ostentar los actos realizados por particulares, con calidad de autoridad, son los siguientes: a) Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. b) Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. c) Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. Por otra parte, en relación con la figura del notario público, sostuvo que es un delegatario del poder público del Estado, dotado de autoridad para dar fe pública de los actos que se celebran ante él y de aquellos en los que intervenga de acuerdo con lo que le está permitido por la ley, a fin de darles autenticidad; aunado a que se trata de un profesional del derecho investido de fe pública por el Estado y que tiene a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas que ante él acuden, así como conferir autenticidad y certeza jurídica a los actos y hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en instrumentos públicos de su autoría. El Máximo Tribunal señaló que el notario está facultado para autenticar y dar forma, en los términos de ley, a los instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos, por lo que éstos al ser certificados por el notario tienen el carácter de auténticos y valen erga omnes, esto es, con efectos generales. Además, debe asesorar a los otorgantes y comparecientes. Aunado a ello, dijo que la fe pública de la que es investido el notario es originalmente un atributo del Estado que tiene por virtud de su imperio, y es ejercitada a través de los órganos estatales y del notario, y ésta es la necesidad de carácter público, cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo. En este sentido, estableció que es el Estado a través del Poder Ejecutivo local, quien otorga la patente respectiva a aquellos que reúnan los requisitos previstos por la ley correspondiente y vigila que los notarios al realizar su actuación cumplan con dicha legislación, e inclusive tiene la facultad para suspender o revocar dicha patente, en los casos que prevé la ley, por lo que la función que desempeña el notario deviene por mandato expreso del legislador, a través del cual, delegan a los fedatarios públicos facultades que originalmente estaban concedidas a la autoridad judicial para conocer de varios tipos de procedimientos, y es por ello que los particulares pueden válidamente realizar tramitaciones, como las sucesorias ante los notarios públicos, sin tener que acudir necesariamente ante la presencia de un órgano jurisdiccional cuando se cumplen ciertos requisitos. Sobre estas bases, concluyó que los notarios no pueden ser considerados como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo cuando: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares; ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones; y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado. Derivado de esa contradicción de tesis, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J.41/2019 (10 a), con Registro digital: 2020413, Materias(s): Común, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II, página 1144, con el rubro y texto siguiente: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES. De los artículos 1o. y 5o., fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, además protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Ahora bien, los notarios públicos al tramitar sucesiones extrajudiciales, sean testamentarias o legítimas, no pueden ser considerados como autoridades responsables equiparadas para efectos del juicio de amparo. Lo anterior es así, porque sus actuaciones: i) no establecen una relación de supra subordinación respecto de los particulares, pues únicamente dan fe de la situación jurídica generada a partir de la muerte del de cujus y de los actos jurídicos que celebran los herederos, legatarios y albacea, ya sea entre ellos o con terceros, ii) no emiten actuaciones unilaterales que creen, modifiquen, transmitan o extingan derechos y obligaciones, puesto que son de carácter declarativo, y iii) no generan nuevas situaciones jurídicas, dada la función de fe pública que les fue delegada por el Estado." En la especie, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama en la Notaría Pública Número Ochenta y Nueve del Estado de México y Notario Público Ochenta y Nueve del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también notario del Patrimonio Inmueble Federal, el otorgamiento de poder especial con número de escritura pública 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. De lo anterior, se advierte que la quejosa reclama actos relacionados con la protocolización y registro de la escritura pública número 38745, volumen setecientos sesenta y cinco, de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, relativo a la formalización de un poder especial, en el que señala la quejosa se usurpó o suplantó la identidad de quien aparece otorgante del mismo. Así las cosas, la quejosa tilda de inconstitucional los actos atribuidos a notarios como autoridades, por lo que tal acto reclamado no deriva de actos motu proprio, sino que derivan de la protocolización de un poder especial, por lo que, el fedatario no trató de imponer disposiciones normativas mediante el contenido de la referida escritura pública, pues únicamente formalizó un acto jurídico celebrado entre particulares, mismo que la quejosa tilda de ilegal, lo cual no implica a su vez la ejecución o aplicación de alguna determinación de observancia obligatoria; ello, sin perjuicio que el acto jurídico donde propiamente se realice la aplicación de disposición o perjuicio con motivo de la utilización del instrumento notarial, se constituya en actuación diversa, como lo es, ante autoridad jurisdiccional o administrativa, en donde se podría configurar la afectación de la esfera jurídica de la quejosa. Siendo que, en el caso, el fedatario no actúa con imperio, sino como simple fedatario de ese acto (protocolización de poder especial), a efecto de brindar autenticidad y certeza del acto que se ostenta celebrado entre particulares y que se protocoliza. Así las cosas, en el caso, el actuar de los notarios públicos sobre los que versa lo reclamado, no reúnen las cualidades para ser considerados como autoridades responsables, como lo exige el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, pues no dictan, ordenan, ni ejecutan un acto que crea, modifica o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En las condiciones anotadas, dado que se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones XX y XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, la segunda fracción, con relación al numeral 5°, fracción II, de la misma legislación, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, se sobresee el juicio de amparo de que se trata, con relación a los actos y autoridades previamente precisados. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese, y por lista a la parte quejosa. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado a la autoridad responsable Notario Público Número 89 del Estado de México, con residencia en Cuautitlán y también Notario del Patrimonio Inmueble Federal, para que rinda su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; en consecuencia, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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