Rosa Margarita Barragán González
Expediente 483/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 483/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 28/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Rosa Margarita Barragán González
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal, contra el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Finalmente, el suscrito juez ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos al quejoso el auto de trece de junio de dos mil dieciocho, que en su parte conducente dice: Colima, Colima, trece de mayo junio de dos mil dieciocho. Por recibida la demanda de amparo que promueve ROSA MARGARITA BARRAGÁN GONZÁLEZ, contra actos de la Mesa Segunda Investigadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en esta ciudad de Colima, por considerarlos conculcatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinarla, a fin de determinar si existe o no algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 483/2018-IV-OM, y fórmese el expediente de amparo. Ahora bien, debe precisarse, que en relación con la interpretación que debe darse a los conceptos manifiesto e indudable a que se contrae el citado artículo 113, debe decirse que lo primero se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo segundo resulta, de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia que sustenta el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo epígrafe y contenido dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA .- De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Del análisis integral de la demanda de amparo, es dable concluir que el acto reclamado consiste lo siguiente: ".La abstención de acordar lo señalado en la promoción que presente ante la oficialía de partes correspondiente el día 04 de mayo del año en curso, mismo en el que solicito el archivo definitivo de la carpeta de investigación número 952/2016, por inexistencia del delito y que la citada autoridad, se ha negado a acordar..." Actos respecto de los cuales, el suscrito considera se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en lo que conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De los numerales transcritos es de destacarse lo siguiente: Que el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar los actos reclamados de que se duele ante la autoridad judicial correspondiente, en el caso, ante el Juez de Control. En ese orden, sería la resolución del Juez de Control quien decida sobre y las omisiones atribuidas al Agente del Ministerio Público responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. Con la precisión de que al asunto en estudio no le son aplicables las hipótesis que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no se trata de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, lo que en la especie no acontece, al impugnarse actos del agente del Ministerio Público en la integración de una carpeta de investigación, en demérito de la obligación constitucional que le atañe conforme al artículo 21 de la Carta Magna. Tampoco se ajusta a los supuestos de la fracción XX del referido numeral, que disponen que es improcedente el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer la parte quejosa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de la Materia y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la Ley de Amparo. Empero, la propia fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia puede resultar de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que en el caso acontece, pues acorde con el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, se establece que las omisiones y resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento atribuidas a los agentes del ministerio público, son susceptibles de ser impugnadas ante la autoridad judicial. La prerrogativa que constitucionalmente se otorga al pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley, ello se advierte de la exposición de motivos, que dio origen a la redacción actual del precepto constitucional citado, en que, entre otras cosas se dijo: "El Apartado C del artículo 20 constitucional confiere ahora nuevos derechos a las víctimas u ofendidos de los delitos. Fundamentalmente, una participación más activa en el proceso mediante la introducción de novedosas figuras. En esta reforma se conservan importantes derechos que ya han sido reconocidos con anterioridad [.]. Se establece una nueva dimensión constitucional de la coadyuvancia para los efectos de que la víctima pueda intervenir directamente en el juicio e interponer los recursos en los términos que establezca la ley [.]. [.] Esta figura se incorpora ahora como una nueva garantía constitucional, con el objeto de que exista la posibilidad para las víctimas de defender directamente sus intereses. Ello no significa por supuesto que el Ministerio Público no esté obligado a dar un efectivo servicio de calidad a las víctimas y a representar sus intereses [.] Además de lo anteriormente indicado, se amplía el alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción penal para los efectos de que comprenda todas las formas en que ello puede suceder, es decir, cuando se trate del desistimiento y de la reserva. Diversos criterios jurisprudenciales ya preveían esos extremos, los cuales ahora se reconocen expresamente en la Constitución". Como se advierte, se incorporó la posibilidad para los pasivos del delito, de defender directamente sus intereses, esto es, se amplió el alcance del derecho a impugnar no sólo las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, sino también de manera relevante su derecho fundamental a impugnar ante el órgano jurisdiccional las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; lo que igualmente se encuentra tutelado en los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es por ello, que al incorporarse en la Constitución este derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad, acudiéndose directamente al amparo, produciéndose, inclusive su abuso. De tal manera que en el particular se debió agotar el recurso que la propia Constitución Federal consigna a favor de la parte quejosa, en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previo a la promoción de la instancia constitucional. Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima a la recurrente de la interposición de los medios de impugnación contemplados para la legislación procesal penal, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; asimismo, tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Sustenta la anterior determinación la tesis con número de registro 162442, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publica en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 2011, novena época, visible en la página 1194, la cual es de rubro y texto siguiente: "ACCIÓN PENAL. CONTRA LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI PREVIAMENTE NO SE AGOTA EL RECURSO DE QUEJA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Las decisiones del Ministerio Público en el Estado de Chihuahua sobre el archivo temporal, la abstención de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de su extinción por perdón u omisiones en la investigación, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de Garantía, a través del recurso de queja en términos de los artículos 223 y 227 del Código de Procedimientos Penales del Estado. Ahora bien, si a través del amparo se impugna la omisión de la representación social de pronunciarse sobre dicha pretensión punitiva sin agotar el citado recurso, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, sin que dicho acto pueda considerarse como una excepción a tal principio pues, de acuerdo con el último numeral, sólo se admiten dos excepciones: a) cuando las leyes que rigen los actos reclamados exijan mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, y b) cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, por lo que no puede atenderse una hipótesis ajena". Así como la diversa tesis XVIII.1o.P.A.2 P (10a.), con número de registro 2014279, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, visible en la página 2141, la cual es del tenor literal siguiente: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado". En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que atento a lo dispuesto en el precepto 113 de la Ley de la Materia, lo procedente es desechar la presente demanda promovida por ROSA MARGARITA BARRAGÁN GONZÁLEZ, por derecho propio, contra actos de la Mesa Segunda Investigadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en esta ciudad de Colima. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, ya que los motivos de improcedencia seguirían subsistiendo. Desde este momento, toda vez que este Juzgador tiene la obligación de vigilar que los juicios no queden paralizados, en atención al principio de celeridad procesal que contiene el artículo 17 de la Carta Magna, dígase al personal autorizado de la sección de actuaría de este juzgado, que se encuentra facultado para realizar las notificaciones que deriven de este juicio, aun en días y horas inhábiles con fundamento en los artículos 21, último párrafo, de la ley de la materia. Se tiene como autorizado de la parte quejosa, en los amplios términos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a Jessica del Rocío Gómez Rosas, debido a que su cédula profesional se encuentra inscrita en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que hace referencia el acuerdo general 24/05 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha veintinueve de junio de dos mil cinco; mientras que al resto de las personas que menciona en la demanda de garantías, con las limitaciones del invocado ordenamiento legal, por no contar con dicho registro. En atención a lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2 de la misma se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Colima · 15,164 expedientes
- Rosa Isela Valdez Contreras129/2022
- Rosa Isela Valdez Contreras904/2018
- Rosa Lidia García Villaseñor560/2021
- Rosa Lidia García Villaseñor572/2021
- Rosa Lidia Hernandez Buenrostro672/2013
- ROSA MAGALY HERNANDEZ GARClA1647/2014
- Rosa Margarita Maria de la Tore Villegas1735/2015
- Rosa Margarita Sevilla González1326/2023
- Rosa Margarita Suazo Bautista1197/2017
- Rosa María Amezcua Castañeda824/2023
- Rosa María Anguiano Chávez1067/2016
- Rosa María Bayardo Cabrera96/2019