Rosa Ma. Gutierrez Lopez
Expediente 750/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Rosa Ma. Gutierrez Lopez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que la certificación que antecede, asentada por el Secretario de este Juzgado Federal, se advierte que la parte promovente de amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, dentro del término concedido en el numeral 98 de la Ley en cita, proveído en el cual SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en relación con su numeral 2°, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, ARCHÍVESE el presente Juicio de Amparo, por tratarse de un asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de diecinueve de septiembre actual, que en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra los actos que reclama del Juez de Partido Penal de Yuriria, Guanajuato y otra autoridad. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, con el número 750/2018, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En el caso, una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, se obtiene que ***, reclama del Juez de Partido Penal de Yuriria, Guanajuato, la resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el Toca 2/2018, formado con motivo de la excusa planteada por la Juez Único Menor Mixta de esa localidad; para seguir conociendo de la Causa Penal ** que se le sigue por considerarla probable responsable en la comisión del antijurídico de lesiones; resolución que calificó de legal esa excusa planteada. Precisión que encuentra apoyo en las Jurisprudencias siguientes: Jurisprudencia 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Materia Común, página 227, del tenor literal siguiente: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, página 32, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior y una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que frente a los actos reclamados se configuran sendas causales de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo, cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es en esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Como antecedentes del acto reclamado se obtiene que en contra de la quejosa ***, se tramita el Proceso Penal **, del índice del Juzgado Único Menor Mixto con sede en Yuriria, Guanajuato, de que se le sigue por considerarla probable responsable en la comisión del antijurídico de lesiones. Advierte que la titular de ese Juzgado Único Menor Mixto con sede en Yuriria, Guanajuato, planteó excusa para seguir conociendo de la referida causa planteando el trámite correspondiente, mismo que se registró como Toca ***, del índice del Juez de Partido Penal de Yuriria, Guanajuato, y mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se calificó de legal dicha excusa. Resolución esta última que constituye acto materia del reclamo Constitucional en el presente asunto. De lo anterior expuesto, se advierte que en la especie, con relación al acto reclamado ante esta instancia constitucional; se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, el segundo aplicado a contrario sensu, lo cual trae como corolario desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del mismo ordenamiento legal antes citado; toda vez que el referido reclamo NO CONSTITUYE la resolución definitiva que concluya el trámite de la excusa planteada por el Juez Menor Mixto de Yuriria, Guanajuato, para seguir conociendo del Proceso Penal ***, que se le sigue a la promovente del amparo ***. Lo anterior, es así toda vez que los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo, en lo que ahora importa dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y Pues bien, el artículo 107 de la Ley de Amparo, establece las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, entre las que se encuentra que podrá promoverse contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno, dictó la Jurisprudencia 17/2015 por Contradicción de Tesis, a través de la cual delimitó los alcances de dicha hipótesis de procedencia del amparo indirecto. La jurisprudencia referida es visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia Común, del tenor literal siguiente: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. De la lectura integral de tal criterio jurisprudencia se obtiene que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que, en el caso que nos ocupa, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta. Entonces, en el caso que nos ocupa, el acto materia del reclamo Constitucional, NO constituye la resolución definitiva en el trámite iniciado por el Juez Único Menor Mixto con sede en Yuriria, Guanajuato, en que se excusó para seguir conociendo de la causa penal que se sigue en contra de la ahora promovente, puesto que si bien, el Juez de Partido Civil de ese lugar, en el Toca respectivo CALIFICÓ DE LEGAL la excusa, NO SE CUENTA HASTA ESTE MOMETO con la certeza de que una diversa autoridad HAYA ACEPTACO EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO y en consecuencia que se haya avocado a su trámite. Por tanto, si la resolución dictada por el Juez de Partido Penal de Yuriria, Guanajuato, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el Toca 2/2018, formado con motivo de la excusa planteada por la Juez Único Menor Mixta de esa localidad; para seguir conociendo de la Causa Penal *** que se le sigue por considerarla probable responsable en la comisión del antijurídico de lesiones; resolución que calificó de legal esa excusa planteada; NO ES DEFINITIVA en ese trámite, puesto que no se tiene conocimiento SI UNA AUTORIDAD DISTINTA HAYA ASUMIDO EL CONOCIMIENTO de ese proceso penal, a lugar a desechar de plano la demanda de amparo por su evidente e indudable improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII de la Ley de Amparo. Téngase como domicilio de la quejosa para el efecto de oír y recibir notificaciones la oficina de la *** adjunta en el Palacio de Justicia, segundo piso, ubicada en calle Heliotropo sin número, colonia Las Flores, de esta ciudad y como autorizado para tal fin al Licenciado ***, quien contará con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que su cédula profesional sí se encuentra debidamente registrada en la base de datos, que se configuró en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, que lo autoriza para ejercer la profesión de abogado. Y a la profesionista ***, téngase autorizada únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, por no cumplir con el requisito señalado con antelación. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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