Rosa Lilia Parroquin Parral

Expediente 685/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
685/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Rosa Lilia Parroquin Parral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada en autos, en la cual se determinó sobreseer en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que no tiene relevancia documental para su conservación y carece de valor jurídico o histórico, al no ubicarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General referido. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros electrónicos; y una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, y previamente a la realización de la visita de inspección que corresponda, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Por último, toda vez que en el presente asunto, se ordenó formar un anexo con las constancias que remitió la autoridad responsable, toda vez que con esta fecha se tiene por concluido el presente asunto, remítanse las referidas constancias a la citada autoridad, debiendo dejar glosada en los presentes autos, la caratula que se formó con motivo de las mismas. En el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador, hará las veces de acuse de recibo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Juicio de amparo: 685/2023 Quejosa:******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 685/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el mismo día, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ******************** por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el acto reclamado siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consistente en el acuerdo de fecha 15 de marzo de 2023 en el expediente natural 1091/19-24-01-6 emitido por la autoridad responsable en el que declara: "Por otra parte de las constancias que integran los autos en que se actúa, se advierte que a la fecha del presente acuerdo se ha agotado el procedimiento oficioso, conforme al artículo 58, fracción I de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo." Siendo que el mismo me agravia en términos de los señalado en conceptos de violación a que se aluden (sic), consistente en una indebida fundamentación y motivación del acto." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió la demanda, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante auto de tres de julio de dos mil veintitrés, este juzgado ordenó emplazar con el carácter de tercero interesado al ********************, lo cual se realizó el cinco de julio siguiente, sin que compareciera al presente juicio. El uno de agosto de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, puesto que se trata de un amparo promovido en contra de un acto omisivo de una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción en todas las materias. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsables Acto reclamado Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La omisión de hacer cumplir la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno de la Sala Regional responsable, en el juicio contencioso administrativo ********************, promovido por********************-aquí quejosa-, contra el ********************, en la que se condenó al instituto demandado, entre otras cuestiones, a establecer los incrementos que correspondan a la cuantía pensionaria de la actora, y en su caso, pagar las diferencias por los incrementos que correspondan. Con la precisión de que, si bien la quejosa señaló como acto reclamado destacado el acuerdo de quince de marzo de dos mil veintitrés, emitido por la Sala responsable en el juicio contencioso administrativo ********************, de la integridad de la demanda de amparo se advierte que su reclamo esencial radica en la omisión de la Sala responsable de hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Lo que se corrobora con el propio acuerdo señalado, toda vez que en éste, la Sala responsable no determinó que en el juicio de origen exista imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento a la sentencia definitiva, sino que precisó que con independencia de que dicha autoridad cuenta con facultades en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para hacer cumplir la sentencia definitiva emitida en el juicio de origen, dejaba a salvo los derechos de la aquí quejosa para que presentara juicio de amparo indirecto para acceder al cumplimiento, bajo la consideración de una plena libertad de acceso a los recursos efectivos. Sin embargo, del citado acuerdo no se advierte una negativa absoluta de la autoridad responsable a continuar requiriendo a la autoridad demandada el cumplimiento de la sentencia definitiva, pues incluso en el mismo, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de nueve de enero de dos mil veintitrés, a la Titular de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -autoridad demandada-, consistente en la multa máxima establecida en la fracción I, inciso a), del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De igual forma, se requirió al Jefe del Departamento de Recursos Humanos de la Delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que proporcionara el nombre completo del servidor público al cual se impuso la multa, para que una vez que se informara ese dato, se girara el oficio correspondiente a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Morelos "I" del Servicio de Administración Tributaria, para que hiciera efectiva la multa impuesta. Asimismo, se ordenó girar oficio al Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que determinara la responsabilidad administrativa en que incurrió el funcionario titular de la autoridad demandada; es decir, de tales actos se advierte que incluso en el citado acuerdo, se continúan realizando acciones tendientes a exigir el cumplimiento de la sentencia definitiva, por lo que como se precisó, no existe una declaratoria de la Sala responsable en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para el cumplimiento, ni tampoco da por concluido el asunto ni ordena su archivo, como incorrectamente lo afirmó la quejosa en la demanda de amparo. Entonces, como se dijo, de la integridad de la demanda de amparo, se advierte que el reclamo esencial de la impetrante de amparo, consiste en la omisión de la Sala responsable de hacer cumplir la sentencia definitiva emitida en el juicio contencioso administrativo de origen; de ahí que, se tenga como acto reclamado destacado el que ha quedado precisado en el recuadro que antecede. III. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues al rendir su informe justificado aceptó su existencia. Además, tal afirmación se encuentra corroborada con [a] las copias certificadas de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio contencioso administrativo ******************** de su índice, así como [b] un medio electrónico consistente en un disco compacto en el que obra copia certificada de las citadas constancias del referido juicio, por lo que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 93, fracción VII, 188, 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, por tratarse de documentales públicas, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales resultan suficientes para acreditar la existencia el acto reclamado. IV. Improcedencia del juicio de amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVlll, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa no acreditó haber cumplido con el principio de definitividad. En efecto, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la abstención de hacer cumplir la sentencia definitiva de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, emitida en el juicio contencioso administrativo ******************** por el Pleno de la Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Por tanto, previo a acudir al juicio de amparo, la quejosa debió agotar el recurso de queja, previsto en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Se afirma lo anterior, pues el referido recurso de queja constituye un medio de defensa que forma parte del procedimiento que el órgano legislador previó para lograr el cumplimiento de las sentencias de nulidad dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, constituye una instancia apta al efecto, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y que están a cargo del propio órgano jurisdiccional; tal como lo explicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXIX/2013 (10a.), de rubro: "QUEJA RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), SUBINCISO 4, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO QUE LA PREVÉ, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PLENA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS." Precisamente, así lo determinó la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional al resolver la contradicción de tesis 306/2021, en la que señaló que, mediante el procedimiento establecido en dicho medio de defensa, una vez valorados los elementos que la autoridad condenada aportara, el órgano jurisdiccional correspondiente podía determinar: " Si efectivamente se configura una actitud contumaz o, por el contrario, la sentencia de nulidad se encuentra al menos en vías de cumplimiento.  Si existe una razón que justifique un retraso o, incluso, precisar y aclarar a la autoridad los efectivos alcances que tiene el fallo.  Si se configura una imposibilidad material para cumplir la sentencia y, por ende, proceda el cumplimiento sustituto.  Si determina que existe una actitud contumaz, podrá multar a la demandada y requerirla nuevamente para que acate la resolución de que se trate bajo el apercibimiento de otras multas, e informar al superior jerárquico." Asimismo, en la ejecutoria de la contradicción de tesis señalada, se precisó lo siguiente: "38. Al contrario, estos mecanismos están desarrollados, por una parte, para aclarar y agilizar los alcances del fallo jurisdiccional y, por otra, conminar a la autoridad a realizar la conducta necesaria para lograr la satisfacción de derechos; siendo que el hecho de que el juicio de amparo permita aplicar medidas más duras (como lo es la configuración de tipos penales y la destitución del cargo del servidor público involucrado), no implica la inutilidad de los mecanismos previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluyendo el recurso de queja por omisión en el cumplimiento. (.) 40. Además, sostener que, para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implica de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible, pues ello implicaría soslayar que el juicio de amparo es de naturaleza extraordinaria. Por tanto, frente a la omisión de incumplimiento de una sentencia de nulidad, el gobernado debe interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque constituye un medio de defensa por virtud del cual dicha abstención puede ser corregida, pues, por su conducto, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuenta con elementos coercitivos concretos para obligar a la autoridad demandada a dar cumplimiento al fallo anulatorio, que es lo que pretende en última instancia el peticionario de amparo. Sin que sea óbice el hecho de que el legislador establezca que el afectado "podrá ocurrir en queja", dado que dicho vocablo no alude a una potestad o libertad del gobernado para decidir libremente si promueve ese medio de defensa o acude a la instancia constitucional, sino que se refiere al establecimiento o creación de un mecanismo para conseguir el cumplimiento de lo decidido en el juicio administrativo y a la posibilidad de recurrir o no el acto de incumplimiento respectivo. (.) A mayor abundamiento, es de destacarse que, aun cuando el incumplimiento a una sentencia de nulidad es un acto atribuible de manera directa a la autoridad -desde luego, a la que fungió como demandada en el juicio administrativo o a aquélla con facultades para ejecutarla-, lo cierto es que se trata de un acto que ocurre en una instancia jurisdiccional, específicamente, en la etapa de cumplimiento. Por lo que resulta razonable que el actor queda obligado a recorrer todas y cada una de sus instancias, tanto para obtener la suspensión de lo impugnado como para conseguir la ejecución de la sentencia que evidenció su ilegalidad; sobre todo porque no es viable abandonar la vía ordinaria en la etapa de cumplimiento y saltar de manera inmediata, para lograr éste, a la vía extraordinaria. (.) Finalmente, es de destacarse que el incumplimiento a una sentencia de nulidad no puede ser considerado como una violación directa a la Constitución Federal, porque se trata de un acto comprendido en una instancia jurisdiccional, específicamente en la etapa de ejecución, por lo que no puede apreciarse como un acto aislado o independiente del juicio sino que, al contrario, su validez depende de las reglas establecidas en la legislación ordinaria a efecto de lograr la materialización de los fallos respectivos. Así, aun cuando el quejoso alegue violaciones a preceptos constitucionales, lo cierto es que sus planteamientos no pueden tener la calidad de violaciones directas a la Carta Magna, pues, al tratarse de una omisión dentro del juicio administrativo, la falta de atención a lo ahí resuelto y las irregularidades planteadas se vinculan en principio con la inobservancia de las disposiciones que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla para hacer cumplir las sentencias dictadas en el juicio de nulidad -especialmente a su artículo 57 conforme al cual las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada están obligadas a acatarlas-, y sólo de manera indirecta se traducirían en una transgresión a la Ley Fundamental. En atención a todo lo hasta aquí expuesto, debe concluirse que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el gobernado debe necesariamente interponer el recurso de queja que prevé el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que se trata de un medio de defensa previsto expresamente para combatir ese incumplimiento y es adecuado para lograr su reparación o modificación, además de que respecto de él no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional. (.)" Luego, es que en dicho medio de defensa pueden plantearse las inconformidades que sostiene la parte quejosa en este juicio de amparo, respecto a que la responsable no ha dado cabal cumplimiento al proceso de ejecución o bien que la sentencia en cuestión no ha sido cumplida, por lo que el mismo debe ser agotado previo a reclamarse el incumplimiento de una sentencia emitida por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues así lo determinó la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que dio origen a la referida contradicción de tesis, consistente en el criterio 2a./J. 14/2022 (11a.), con registro digital 2024468, del contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." La cual resulta obligatoria para este juzgado, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Debe precisarse además que dicho criterio fue emitido de forma genérica, sin que el tribunal constitucional acotara su procedencia a los casos en que se reclama tal abstención u omisión del tribunal responsable o las autoridades condenadas en el juicio contencioso administrativo, por lo que donde la norma aplicable no distingue, no puede hacerlo la persona juzgadora. Además, aun cuando se trate de un recurso que conoce la misma sala responsable, ello no configura una excepción al principio de definitividad, e incluso, se tiene que existen diversos medios de defensa previstos en otras legislaciones de los cuales conoce el mismo órgano jurisdiccional que emite una determinación -tales como los recursos de revocación, reconsideración o reclamación-, los cuales igualmente tienen que ser agotados previamente a la promoción del juicio de amparo, de donde se obtiene que la persona peticionaria del amparo estaba obligada a la promoción del medio de defensa aquí analizado. Sin que con lo anterior se prejuzgue en cuanto a si en el juicio de origen se encuentra o no cumplida en su totalidad la sentencia dictada en el mismo, ya que lo que se indica es que la aquí quejosa se encuentra en aptitud de plantear mediante dicho medio de defensa ante la sala responsable su consideración en cuanto a que la sentencia no se encuentra aún cumplida, a fin de que emita un pronunciamiento en ese tópico, respecto del cual no puede sustituirse este juzgado, al existir un medio idóneo para tal efecto, el cual tiene que ser agotado previamente, dada la excepcionalidad del juicio de amparo. Al efecto, cabe destacar que ese medio de impugnación no tiene la limitante que prevé el artículo 58 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo respecto de diversas hipótesis, como se transcribe a continuación: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: (.) II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. (.)" De ahí que, la quejosa debió agotar el recurso de queja de análisis -lo cual puede realizar en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho-, al poder analizar en el mismo las cuestiones que pretende en el presente juicio de amparo, y como lo precisó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostener que, para lograr la ejecución de una sentencia de nulidad la vía idónea es acudir al juicio de amparo, implicaría de facto desconocer y anular las reglas concienzudamente establecidas por el legislador para la plena ejecución de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, más aún, generar que el juicio constitucional se convierta en el medio inmediato de cumplimiento de las decisiones adoptadas en el juicio administrativo, lo que es inadmisible; de ahí que, incluso, la sola promoción de una queja en contra de la omisión o abstención de cumplir la sentencia, sea insuficiente para generar la procedencia del asunto, pues la normativa establece que puede ser interpuesta cuantas veces sea necesaria y en cualquier tiempo, al constituir el medio idóneo para combatir el incumplimiento reclamado, lo cual no puede ser sustituido por el medio extraordinario de defensa. Lo anterior además porque ha sido criterio del máximo tribunal constitucional que cuando existe un medio ordinario de defensa procedente en contra de omisiones de una autoridad, el mismo debe ser agotado, como se advierte de las jurisprudencias 1a./J. 28/2018 (10a.) y 1a./J. 79/2018 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, con registros 2017640 y 2018548, de rubros: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO" y "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Lo cual también es concordante, con lo sostenido de forma reciente, respecto a recursos similares por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos y por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, en las jurisprudencias PR.A.CS. J/2 A (11a.) y PC.VI.P. J/4 P (11a.), con registros 2026510 y 2025770, de rubros: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 287, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE CUMPLIR UNA SENTENCIA DE NULIDAD, PORQUE NO SE SURTE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" y "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. PARA TENERLO POR SATISFECHO, PREVIO A INTERPONER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 135 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EN CONTRA DE LAS OMISIONES DE LOS JUECES DE CONTROL, CUANDO ESTAS OMISIONES CONSTITUYEN EL ACTO RECLAMADO", respectivamente. En consecuencia, al no haber agotado la quejosa, previo a la promoción de este juicio, el medio de defensa ordinario, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que obste para sobreseer en el juicio, el hecho de que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues ello de ninguna manera prejuzga sobre el fundamento mismo del juicio constitucional que va a dilucidarse en la sentencia respectiva, para lo cual sirve de apoyo el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 327138, de rubro: "SOBRESEIMIENTO, NO OBSTA PARA DICTARLO, EL QUE SE HAYA ADMITIDO LA DEMANDA." Cabe precisar que, si bien los órganos jurisdiccionales están obligados a examinar los conceptos de violación planteados en la demanda correspondiente, así como realizar pronunciamiento respecto de los criterios que ahí se exponen, dicha obligación desaparece cuando se decreta el sobreseimiento, como ocurrió en la especie, lo cual impide el estudio del fondo del asunto y, por consiguiente el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, se sobresee en este juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el quince de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    ACTA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las once horas con veinticinco minutos del uno de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 685/2023, promovido por Rosa Lilia Parroquin Parral, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, informe justificado y constancia de emplazamiento de la parte tercero interesada. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: La secretaria da cuenta con la documental y el CD allegados por la autoridad responsable, así como las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. A lo anterior la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución.- Doy fe. Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado. (Firmado electrónicamente

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto del que se advierte que el ********************es parte demandada en el juicio de origen, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5° fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se le tiene con el carácter de tercero interesado. En consecuencia, en términos del artículo 26 fracción II, inciso b) de la Ley de Amparo, emplácese por medio de oficio a la citada autoridad, corriéndole traslado con una copia de la demanda, para el efecto de que se imponga de su contenido, para los efectos legales a que haya lugar; haciéndoles de su conocimiento la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional respectiva. Por tanto, para no dejar en estado indefensión a la citada parte tercero interesada, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose de nueva cuenta LAS ONCE HORAS CON VEINTINCINCO MINUTOS DEL UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese; Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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