Rosa Lilia Gutierrez Arellanos
Expediente 216/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 216/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Lilia Gutierrez Arellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la ejecutoria dictada en autos se encuentra pendiente de cumplir. ********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Presidente Ejecutor de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumplan con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remitan copia certificada de las determinaciones que dicten al efecto, o en su caso, informen el trámite que realizan, para lo cual deberán utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento.********************Se precisa que en la referida ejecutoria, se precisaron como efectos los siguientes:****************************************"a) De inmediato, con plenitud jurisdiccional, conteste el escrito de la parte quejosa presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************B) Deberá dictar de inmediato proveído dirigido a ejecutar el laudo dictado del expediente laboral ********************, en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional."****************************************Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, SE LES IMPONDRÁ MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a ..., que resulta de multiplicar los días multa en cita por ... que constituye la Unidad de medida referida actualizada; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los autos, se advierte que la ejecutoria dictada en autos se encuentra pendiente de cumplir. ********************En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto, o en su caso, informe el trámite que realiza, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. ********************Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para que las responsables con libertad de jurisdicción realicen lo siguiente:********************a) De inmediato, con plenitud jurisdiccional, conteste el escrito de la parte quejosa presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ... BIS. ********************B) Deberá dictar de inmediato proveído dirigido a ejecutar el laudo dictado del expediente laboral ... .. en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.****************************************Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, SE LE IMPONDRÁ MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente ... moneda nacional (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por ... (ciento tres pesos, con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), que constituye la Unidad de medida referida actualizada; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.******************** La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; primero de agosto de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó en el juicio y concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución.********************En ese sentido, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y remita copia certificada de las determinaciones que dicten al efecto, o en su caso, informe el trámite que realizan, para lo cual deberá utilizar los medios necesarios a su alcance para conseguir el debido cumplimiento. ********************Con relación a lo anterior, se precisa, que la concesión del amparo es para que las responsables con libertad de jurisdicción realicen lo siguiente:********************( De inmediato, con plenitud jurisdiccional, conteste el escrito de la parte quejosa presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral ********************.********************( Deberá dictar de inmediato proveído dirigido a ejecutar el laudo dictado del expediente laboral ********************, en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.********************Se apercibe a la citada autoridad responsable que de no cumplir con la ejecutoria de amparo en tiempo y forma como se ha indicado supra líneas, y si informa actos tendentes al cumplimiento mediante evasivas y a través de actos subjetivos que únicamente retarden el exigido cumplimiento de la sentencia protectora, sin causa justificada, SE LE IMPONDRÁ MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 moneda nacional (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional), que resulta de multiplicar los días multa en cita por $103.74 (ciento tres pesos, con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), que constituye la Unidad de medida referida actualizada; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Decimotercer Circuito correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que pueda culminar con la separación de su puesto y su consignación.********************La multa en comento, en su caso, se impondrá a la persona física nombrada por su desacato al fallo protector, no a la institución a la que representa; lo cual no se prejuzga.********************Notifíquese y cúmplase.
- Principal
... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los, circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra una omisión en ejecución de laudo derivado de un juicio laboral, seguido ante una Junta Especial Local de Conciliación y Arbitraje, dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dictar auto de requerimiento y embargo en el juicio laboral 2175/2016 (4) bis. La omisión de acordar el escrito de once de octubre de dos mil veintiuno 2175/2016 (4) bis. La omisión de acordar el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós 2175/2016 (4) bis. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. En relación con el acto consistente en: La omisión de acordar el escrito de once de octubre de dos mil veintiuno. Si bien la autoridad responsable nada dijo en torno a su existencia, no es procedente presumirla, dado que la quejosa no aportó el acuse de recibo del escrito cuya falta de atención reclama. Por ello, no es posible tener por cierta la omisión reclamada, pues para hacerlo es necesario que la parte quejosa acredite haber presentado alguna solicitud a determinada autoridad de manera respetuosa, con la finalidad de analizar si esta ha incurrido en la omisión reclamada, sin que lo haya hecho, ya que, se insiste, no exhibió prueba dentro de este juicio constitucional para tal efecto. En tales condiciones, dado que el acto reclamado es de carácter negativo y la quejosa no demostró que elevó petición con fecha once de octubre de dos mil veintiuno dirigida a la autoridad responsable, no puede presumirse la existencia del acto tildado de inconstitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Sexta Época Registro: 265314 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen CXXII, Tercera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 39 PETICION, DERECHO DE. ABSTENCION DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIO LA SOLICITUD.- Cuando el acto reclamado se hace consistir en un hecho positivo, la negativa de la autoridad sobre la existencia de tal hecho obliga al quejoso a desvirtuarla y en caso de que esto no suceda procederá estimar que no existió el acto reclamado y, en consecuencia, deberá sobreseerse en el juicio; en cambio, cuando se reclama un hecho negativo, a saber, una abstención, y las autoridades no obstante negar expresamente su existencia, admiten no haber llevado a cabo el acto cuya abstención se reclama, ello debe dar como resultado, no que se sobresea en el juicio por inexistencia de los actos reclamados, toda vez que la abstención existe, sino que se examine si no se presenta alguna otra causal de improcedencia y en caso contrario se entre al examen de los conceptos de violación y se concluya otorgando o negando el amparo, según se llegue a establecer que dicha abstención fue o no violatoria de garantías. Sin embargo, no existe esa hipótesis en los casos en que no se demuestra que se hubiera presentado a la autoridad el escrito por el que se solicitaba la resolución cuya abstención se reclama, toda vez que al no haberse probado la petición, no puede estimarse existente la abstención a responderla, debiéndose por ello sobreseer en el juicio." Así, procede SOBRESEER el juicio de amparo conforme lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Respecto a los actos consistentes en: La omisión de dictar auto de requerimiento y embargo en el juicio laboral 2175/2016 (4) bis. La omisión de acordar el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós 2175/2016 (4) bis. Son ciertas las omisiones reclamadas a la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, pues así lo manifestó su Presidente al momento de rendir informe justificado. Lo que se corrobora con con las constancias que en copia certificada remitió la responsable, deducidas del expediente laboral 2175/2016(4) BIS, a la que se le concede pleno valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, pues se trata de documentos emitidos por autoridades competentes en ejercicio de sus funciones. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la Junta responsable, las cuales previamente fueron valoradas y de las que se deduce lo siguiente: El quince de julio de dos mil veintiuno, la Junta responsable dictó laudo en el que condenó a la parte demandada al pago de diversas prestaciones; y la absolvió respecto de otras. La resolución anterior fue notificada a la parte actora y a la demandada, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, el ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Mediante escrito signado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, y presentado ante la Junta responsable en esa data, la actora solicitó se despachara mandamiento de ejecución de pago y embargo en contra de la institución educativa perdidosa. Sin que hasta el momento en que se presentó la demanda de amparo, se hubiera dictado mandamiento de ejecución de laudo ni se atendiera la solicitud de la quejosa. SEXTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se aprecie de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: Se vulnera la garantía de tutela jurisdiccional efectiva contenida en el artículo 17 Constitucional, pues la autoridad responsable no ha cumplido con la obligación de impulsar el procedimiento para cumplir con el laudo, en términos de los artículos 686, 838, 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, en términos de los dispuesto en el artículo 79, fracción V, dado que el quejoso tiene el carácter de trabajadora en el juicio natural; además, se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional. El artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora, la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe cumplirse en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.113/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 5, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En el caso, se reclama sustantivamente la omisión incurrida por una autoridad jurisdiccional en el ámbito laboral, consistente en: La omisión de dictar auto de requerimiento y embargo. La omisión de acordar el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Ahora, con el fin de establecer cuáles son los plazos aplicables al caso, se atiende al contenido de las constancias que obran en autos, de las que se advierte que la Ley Federal del Trabajo es la que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que existe dilación en el dictado de proveídos laborales, cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que se concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; como se advierte en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro 2019400, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador.". Ahora, el término que las autoridades jurisdiccionales en materia de trabajo deben observar, tratándose de cumplir o ejecutar el laudo emitido, está previsto en el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone: ''Artículo 945. Las sentencias deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Vencido el plazo, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá solicitar la ejecución de ésta en términos de lo dispuesto en el artículo 950 de esta Ley. ''. Precisado lo anterior, se hace notar que de lo expresado por la autoridad responsable al rendir informe justificado y de las constancias que integran los presentes autos, se deduce que: No se ha acordado el escrito de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el apoderado legal de la quejosa. No se ha dictado auto dirigido a ejecutar el laudo dictado el quince de julio de dos mil veintiuno. De acuerdo a esta información, se colige que la autoridad responsable, como lo puso de manifiesto, no ha emitido acuerdo para atender el escrito presentado por la impetrante de amparo el dieciocho de octubre de dos mil veintidós; y tampoco ha dictado acuerdo dirigido a ejecutar el laudo emitido el quince de julio de dos mil veintiuno. En consecuencia, es evidente que, hasta la fecha en que se presentó la demanda -uno de marzo de dos mil veintitrés-, la Junta responsable no ha emitido pronunciamiento respecto del escrito presentado por la quejosa el dieciocho de octubre de dos mil veintidós; y desde la emisión del laudo el quince de julio de dos mil veintiuno, no ha dictado acuerdo tendiente a lograr su ejecución; y han transcurrido aproximadamente ocho meses; y once meses, respectivamente, sin que se haya contestado la solicitud de la parte quejosa ni emitido proveído con la finalidad de lograr la ejecución del laudo. Así, resulta indudable que ha transcurrido en exceso el plazo de cuarenta y cinco días que establece la jurisprudencia del Alto Tribunal, para acordar el escrito cuya omisión de atender se reclama en esta instancia, por lo que se reitera, con su actuar la Junta responsable actúa en perjuicio del quejoso, vulnerando su derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, a una impartición de justicia pronta, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, la omisión de dictar acuerdo de ejecución de laudo correspondiente en el juicio del que deriva el acto reclamado en este amparo indirecto, dentro del plazo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo, constituye una infracción a esa prerrogativa de manera directa e inmediata, lo que hace evidente que la violación correspondiente incida en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, conforme a lo señalado por el Máximo Tribunal de la Nación, ya que se impide el cumplimiento del laudo de manera pronta y expedita, violación que aun en el caso de obtener resolución favorable en el fondo del asunto, no sería reparada. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a los quejosos en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: De inmediato, con plenitud jurisdiccional, conteste el escrito de la parte quejosa presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 2175/2016(4) BIS. Deberá dictar de inmediato proveído dirigido a ejecutar el laudo dictado del expediente laboral 2175/2016(4) BIS, en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional. NOVENO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ... contra actos del Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a R... contra actos del Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, en términos del considerando octavo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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