Rosa Lilia Garibay Chavez

Expediente 105/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
105/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
04/07/2023

Partes del expediente

  • Rosa Lilia Garibay Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esa virtud, con fundamento en el artículo 20, fracción l, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 20, fracción lll, del Acuerdo referido, el cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de destruirse, dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, en el evento que habrá de realizarse una vez al año, previo a la realización de la visita de inspección, procédase a la destrucción del juicio de amparo de que se trata, así como del incidente de suspensión, con la obligación de remitir dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del catorce de junio de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 105/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la parte quejosa y hace constar que no quedan medios de prueba pendientes por admitir o desahogar. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon. 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 2 En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta de enero de dos mil veintitrés ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Rosa Lilia Garibay Chávez, solicitó el amparo, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Congreso del Estado de Michoacán; 2. Gobernador del Estado de Michoacán; y, 3. Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán. Todos con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ? Discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia aplicación y ejecución del artículo 23, fracción I, inciso b), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Estado de 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 3 ??????????????? Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, en relación con el último párrafo de dicho precepto. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4, 5, 13, 14, 16, 22, 25, 27 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Turno, avocamiento, desechamiento y admisión. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este juzgado, quien la registró con el número 105/2023 y en auto de dos de febrero de dos mil veintitrés (foja 17), la desechó en términos del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, al considerar en esencia que la porción normativa reclamada es de naturaleza heteroaplicativa y que la quejosa no acreditó el acto de aplicación. Inconforme con esa determinación, mediante escrito recibido en este juzgado el dieciséis de febrero del año en curso (foja 28), la quejosa interpuso recurso de queja, el cual se tuvo por interpuesto en auto de veinte de los siguientes (foja 31); de dicho medio de impugnación correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria de veinte de abril de este año (foja 46) determinó revocar el auto de desechamiento, al estimar toralmente, que la causal sostenida por el suscrito no era notoria ni manifiesta, ya que para actualizarla el suscrito tuvo que realizar la interpretación de la norma tildada de inconstitucional, lo que no es propio del auto de inicio. Lo anterior, sin perjuicio que durante el transcurso del procedimiento de este juicio o al emitir la sentencia se pudiera invocar la misma causal de improcedencia en forma justificada, 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 4 pero analizando detenidamente las constancias y las normas jurisprudenciales aplicables al caso. En atención a ello, el quince de mayo del año en curso (foja 57) este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, otorgó al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete1 , solicitó a las responsables los informes justificados y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por su cauce legal, en esta propia fecha tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a dictar sentencia en los términos siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, porque en el caso se reclama la Ley de Ingresos de esta Entidad Federativa, por lo que es evidente que la porción legislativa reclamada tiene ejecución en un lugar en el que este juzgador ejerce jurisdicción. 1 Notificado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 64, reverso). 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 5 ??????????????? Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado consiste en: ? Discusión, aprobación, sanción, promulgación, vigencia aplicación y ejecución del artículo 23, fracción I, inciso b), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Estado de 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 6 Michoacán, para el ejercicio fiscal 2023, en relación con el último párrafo de dicho precepto. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las tres autoridades responsables, según se aprecia de sus informes justificados que obran como se anota enseguida: Autoridad Informe Congreso del Estado de Michoacán. 70 Gobernador del Estado de Michoacán. 81 Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio en el Estado de Michoacán. 95 Es aplicable al caso particular, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 191452, la cual es del tenor siguiente: 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 7 ??????????????? "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo 65, Volumen 65, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, registro 233090: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Así, debe señalarse que para resolver este juicio de amparo, el suscrito tiene en consideración en este apartado lo resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, dentro de la queja administrativa 64/2023, en la parte en la que otorgó al suscrito la 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 8 posibilidad de reiterar la causal de improcedencia sostenida por el suscrito en el auto inicial. Así, atento a ello, quien resuelve sostiene de manera oficiosa, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I, del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la parte quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: Es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: Se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 9 ??????????????? Adicionalmente, debe señalarse que al resolver la contradicción de tesis 111/2013, 2 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió los rasgos definitorios del interés legítimo de la siguiente manera: a) La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); b) Que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal; y, c) La afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o bien que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Lo anterior implica a grandes rasgos, la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y quien comparece al proceso de amparo (situación jurídica identificable); así como que la situación jurídica surja por una relación específica con el objeto de la pretensión, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial grupal; y, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico de un grupo formalmente identificable, o que redunde en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. De esa ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la 2 Contradicción de tesis 111/2013. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5 de junio de 2014. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza; votó en contra Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 10 Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 60, Décima Época, Registro 2007921, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 11 ??????????????? jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que el agraviado acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. Así, es preciso señalar, que de acuerdo a lo previsto en los artículos 107, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Federal y artículo 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, en el caso concreto, la parte quejosa se encuentra obligada a justificar que tiene interés jurídico, es decir, un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ello en razón de que reclama actos provenientes de una autoridad judicial. 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 12 En ese orden de ideas, resulta apropiado citar el artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, que en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I, y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 13 ??????????????? De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica, uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración plena del interés jurídico, relativo a la titularidad de la parte quejosa en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. A mayor abundamiento, el juicio de amparo tiene por objeto proteger al quejoso contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, siempre que tales actos produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve el juicio de amparo, sólo se actualiza en la medida que demuestra que el acto de autoridad reclamado, produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, entendiéndose por esfera jurídica, el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden, por lo que es condición indispensable que la parte que asegura resentir una lesión en sus intereses, acredite fehacientemente y sin lugar a dudas, que el acto autoritario afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley, en atención a que dicho juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. De esta manera, si los actos de autoridad no se refieren a un derecho perteneciente a la esfera jurídica del peticionario de 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 14 protección constitucional, éste carece de interés jurídico para impugnarlos. Así, la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe entenderse en el sentido de que antes de proceder al estudio de la constitucionalidad del acto, es menester analizar si en la especie se demuestra el interés jurídico del promovente del juicio de amparo, dado que ello es presupuesto indispensable para el examen de la acción constitucional, es decir, debe existir un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa trasgresión. En ese sentido, este órgano de control constitucional estima que en el caso resulta improcedente este juicio de amparo, en términos del numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en la medida que la porción normativa combatida por la parte quejosa es de naturaleza heteroaplicativa, es decir, requiere de un acto de aplicación concreto para poder infligir un daño a los derechos humanos de la impetrante del amparo. En efecto, tratándose del juicio de amparo contra leyes, se disponen dos supuestos genéricos de procedencia de la acción: el relativo a leyes autoaplicativas y el que se refiere a las leyes heteroaplicativas. Así, para considerar una ley autoaplicativa deben reunirse las siguientes condiciones: a) Que desde que las disposiciones de la ley entren en vigor, obliguen al particular, cuya situación jurídica prevé a hacer o dejar de hacer; y, 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 15 ??????????????? b) Que no sea necesario un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad. Opuestamente, una ley es heteroaplicativa cuando es necesario un acto de aplicación, que se funde en preceptos de la ley de que se trata y que cause un perjuicio o agravio jurídico al quejoso. La anterior distinción adquiere relevancia dado que es verdad que el amparo resulta improcedente contra leyes que por su sola expedición no causen perjuicio al quejoso, sino que se necesita un acto posterior de autoridad para que se realice. Se cita como sustento de lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 328 en la página 383 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 16 del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el caso, es evidente que el artículo 23, fracción I, inciso B), numeral 5, de la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán, para el ejercicio fiscal del 2023, que establece la obligación de pagar la cantidad de $48.00 (cuarenta y ocho pesos) por cada página certificada de los documentos que obren en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y que cuando dicha prestación de servicio se realice con carácter de urgente se pagará el doble de las cuotas correspondientes y si son con carácter extraurgente será el triple de las cuotas; configura una norma de naturaleza heteroaplicativa, dado que dicha disposición, por sí misma, no causa un perjuicio a la promovente, sino que es necesario un acto posterior de autoridad para que trascienda a la afectación de su esfera jurídica. Circunstancia que en el presente asunto no se ha actualizado, pues la parte quejosa no acreditó al promover la demanda ni durante la secuela procedimental de este proceso de amparo, que haya solicitado a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio la expedición copias fotostáticas certificadas de documentos de dicha dependencia y se haya pretendido requerir el pago de los derechos a que se refiere y éste se haya efectuado. 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 17 ??????????????? Para demostrar dicha afirmación, se estima necesario traer a glosa la porción normativa reclamada, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 23. Los derechos que se causen por los Servicios de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se pagarán conforme a las siguientes: I. Por actos del registro de la propiedad: B) Expedición de certificaciones por cada inmueble: 5. Por la expedición de copias certificadas de documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, por cada página, más la tarifa de la consulta registral del inciso A, numeral 4 del presente artículo, en su caso. $48.00 Los Derechos por la prestación de los servicios a que se refieren los numerales 1, 2, 3, 5 y 6 del inciso B) y los numerales 1, 2, y 3 del Inciso C), de la Fracción I; así como los servicios señalados en los dos párrafos finales del mismo B) de la Fracción II, de este Artículo; cuando se realicen con carácter de urgente, se pagarán por el equivalente al doble de las cuotas correspondientes al servicio de que se trate, y con carácter extra urgente el triple de las cuotas correspondientes. Los servicios ordinarios se entregarán al tercer día hábil siguiente, los urgentes al día siguiente, y los extraurgentes el mismo día. [.]". Del texto transcrito se advierte, en esencia, que para la obtención de copias fotostáticas certificadas de documentos que obren en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se deberá pagar la cantidad de $48.00 (cuarenta y ocho pesos) por cada página y que cuando dicha prestación de servicio se realice con carácter de urgente se pagarán el doble de las cuotas correspondientes y si son con carácter extraurgente serán el triple de las mismas. Porción normativa que como ya se había adelantado, es de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que tiene como objetivo recaudar derechos por medio del pago de las copias fotostáticas certificadas de documentos del Registro Público de la Propiedad y Comercio de los cuales ya que por cada página se cobrarán 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 18 $48.00 (cuarenta y ocho pesos) y que cuando dicha prestación de servicio se realice con carácter de urgente se pagarán el doble de las cuotas correspondientes y si son con carácter extraurgente serán el triple de las cuotas. Por ende, no puede sostenerse de manera alguna que por la exigencia que establece tal precepto para pagar la cantidad señalada con antelación por la obtención de copias certificadas de documentos que obran dentro del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, la porción normativa reclamada tenga la naturaleza de una ley autoaplicativa, ya que la aplicación en la esfera del quejosa ocurrirá a través de un acto concreto que materialice la aplicación de dicho dispositivo. Acto que puede configurarse a través de la acreditación de la liquidación correspondiente entregada a la quejosa, a través de la orden de pago del aludido servicio de copias o bien, cuando ésta acredite que se autoliquidó y pagó los derechos respectivos; lo que se considera así, en la medida que no es sino hasta cuando se recibe la contraprestación del servicio por parte del Estado que, en su caso, se causa la afectación a los intereses jurídicos del usuario y se está en aptitud de reclamarla si es que se estima inconstitucional, porque se insiste, en leyes heteroaplicativas las obligaciones de hacer que impone la ley no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere, para actualizar el perjuicio, de un acto diverso que condicione su aplicación. Sobre tal aspecto, encuentra aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 301, en la página 359, del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 19 ??????????????? "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Asimismo, tesis número 3a. LII/91, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 50 del Tomo VII, Marzo de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Octava Época, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." En las apuntadas condiciones, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, en vía de consecuencia, debe sobreseerse el presente juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento. 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS 20 Por ello, al actualizarse la causal de improcedencia de la que se ha dado noticia y de que se decretó el sobreseimiento de la contienda constitucional en que se actúa, tal situación imposibilita a este juzgador para efectuar al análisis de los conceptos de violación planteados. Siendo aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,3 de texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. 3 Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materia(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia 27/10/23 12:34:52 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.de.41 ISELA ESTEFANIA BUENO GALLEGOS Juicio de Amparo 105/2023 21 ??????????????? Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Rosa Lilia Garibay Chávez, respecto del acto reclamado y autoridades responsables precisados en los considerandos tercero y cuarto. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe. JRRG/Estefanía Razón. En esta fecha se giraron los oficios 12346, 12347 y 12348 a las autoridades

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe justificado rendido por el Director del Registro Público de la Propiedad en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del estado de Michoacán, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, aclara el contenido del mismo; en ese sentido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con el informe de cuenta. Hágase relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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