Rosa Laura Sánchez Barrios

Expediente 1082/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1082/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Rosa Laura Sánchez Barrios

Actuaciones

  1. Principal

    Consideraciones previas. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, el Pleno del Consejo emitió los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020 y 18/2020, relativos a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En dichos acuerdos se decretó, en lo que interesa, la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación en su totalidad del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte y, como consecuencia de ello, se decretó que no transcurrirían plazos y términos procesales, no se celebrarían audiencias y tampoco se llevarían a cabo sesiones de los Plenos de Circuito. Posteriormente, el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. En el artículo 2° del referido Acuerdo General, se ordenó el levantamiento de la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Sin embargo, en atención al incremento en los contagios por virus COVID-19, mediante sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", por el que adoptó medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que fue extendiéndose a través de las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/9/2021 y SECNO/10/2021, hasta el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Dichas medidas, consistieron en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; sin que se actualizara alguna de las hipótesis a las que se hizo referencia por cuanto a este juicio de amparo. Estado procesal de autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, transcurrió del uno de diciembre del año pasado al dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo promovida por Rosa Laura Sánchez Barrios, representante de su menor hijo Jesús Said Aun Sánchez, HA CAUSADO ESTADO. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se desechó la demanda; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, que dice: Visto el estado procesal que guardan los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el veintiocho de agosto de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En esas condiciones, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo séptimo, artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, al haberse concedido la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse conforme penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Lo anterior, sin que pase inadvertido que la interlocutoria que concedió la suspensión fue revocada por la superioridad; sin embargo, para efectos del archivo de ese cuaderno se debe tener en cuenta el sentido del fallo de la determinación adoptada por este Juzgado Federal. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. 4. Transferir el cuaderno original del incidente de suspensión a los depósitos dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen el penúltimo y último párrafo del artículo 18, del citado Acuerdo General. Finalmente, requiérase a la quejosa, para que en el plazo de noventa días comparezca ante este juzgado a recoger los documentos originales que exhibió en el juicio de amparo en que se actúa, apercibida que, de no recogerlos, se enviarán junto con el expediente al centro de referencia. Notifíquese

  3. Principal

    En esta fecha se publica por lista de acuerdos a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, que dice: Vista la demanda de amparo presentada por Rosa Laura Sánchez Barrios, representante de su menor hijo ********************, contra actos del Director General del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y otras autoridades. Sentido de la determinación inicial. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, ya que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, cuestión que implica el análisis no sólo del escrito inicial de demanda, sino de los escritos aclaratorios de ella, los cuales no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, con fundamento en la jurisprudencia P./J. 35/2001, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA." Expuesto lo anterior, es importante conocer los antecedentes más relevantes de los actos reclamados en el presente juicio de amparo: El tres de marzo del año en curso ******************** efectuó el trámite de registro al Concurso de Asignación Media Superior de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México 2020.El cuatro de marzo del presente año, quedó inscrito en el Sistema de Educación Abierta, en el nivel secundaria del Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos, bajo la modalidad de Educación para la Vida y el Trabajo. El seis de marzo de dos mil veinte, realizó la evaluación diagnostica del INEA aprobando once de doce módulos que integran el programa, en la misma fecha el coordinador de plaza comunitaria, le comentó que el nueve de marzo iniciarían las asesorías encaminadas a la acreditación del módulo de matemáticas avanzadas, a fin de presentar el examen correspondiente en el siguiente examen programado para el día veinte de marzo del presente año. El dieciocho de marzo del año en curso el Coordinador de la Plaza Comunitaria le comento que se suspendía la aplicación del examen programado para el veinte de marzo de dos mil veinte debido a la declaratoria nacional de emergencia sanitaria. El veintinueve de julio recibió un correo de la COMIPEMS, notificándole las nuevas y definitivas fechas para la realizacio0n del examen y la indicación de imprimir el nuevo comprobante credencia. El diez de agosto el Coordinador de Plaza Comunitaria le indico que redactara un correo dirigido al Coordinador de Zona de Coyoacán. El quince de agosto del año en curso, se presentó en la sede indicada para realizar su examen de selección, de acuerdo al Nuevo Comprobante Credencial. El mismo quince de agosto del presente año, el coordinador de la plaza comunitaria se comunicó para decirle que les iba a enviar por correo electrónico una constancia de estudios que le serviría para realizar los trámites de inscripción en la escuela que le fuera asignada ******************** según su resultado del examen y que les iban a dar seis meses para presentar el certificado, ya que se había realizado un convenio para tal efecto con la COMIPEMS, más tarde el INEA a través del coordinador de zona Coyoacán, proporciono vía correo electrónico constancias de estudios y el promedio de calificaciones y en el mismo correo se les indica que esa constancia serviría para realizar el registro a la educación media superior. El dieciocho de septiembre del presente año, se publicaron los resultados y en el documento denominado resultado individual del proceso de asignación dos mil veinte, se puede leer que JESUS SAID AUN SÁNCHEZ obtuvo 104 puntos y que el resultado es CDO (con derecho otra opción). Una vez expuesto lo anterior, este Juzgado advierte que el juicio de amparo es improcedente, al haberse presentado la demanda de amparo de manera extemporánea. Para justificar lo anterior, se debe destacar lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos". En el precepto transcrito se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, que son aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos establecidos para ello. En relación con ello, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: (.)". "18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación sistemática de dichos preceptos se desprende que la improcedencia del juicio de amparo se actualiza cuando la parte quejosa no lo promueve dentro del plazo de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en que: (i) haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado; (ii) se haya tenido conocimiento del acto reclamado; o bien, (iii) se ostente sabedor del acto reclamado. Esos tres supuestos son esencialmente distintos y, excluyentes entre sí. La diferencia entre las últimas dos hipótesis radica en que la oportunidad en la promoción del juicio de amparo debe analizarse a partir de la fecha en que la parte quejosa haya tenido conocimiento del acto reclamado de cualquier modo, o bien, de la fecha que exponga en su demanda, siempre que no exista prueba en contrario. En cualquiera de esas hipótesis, la fecha de la que debe partir el análisis de oportunidad debe estar plenamente probada y no inferirse con base en presunciones. En el caso, Rosa Laura Sánchez Barrios, representante de su menor hijo ******************** Ramos manifiesta, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) en cuanto al acto atribuido al Titular de COMIPEMS, a la Directora General de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México y al Director de la Escuela Nacional Preparatoria número 1 "Gabino Barreda", se tuvo conocimiento el día dieciocho de septiembre de dos mil veinte, al verificar el resultado individual del proceso de asignación 2020. (.)". Dicha manifestación se realiza bajo protesta de decir verdad, por lo que hace prueba plena en contra de la promovente, pues se trata de una confesión expresa, de conformidad con los artículos 95, 96 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en los que se establece: "95. La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley. 96. La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique. 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba". En este caso, la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados a las autoridades responsables el dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Y, si bien es cierto refiere que tuvo conocimiento únicamente de los actos reclamados atribuidos al COMIPEMS, lo cierto es que derivado de la publicación de los resultados y particularmente del documento denominado "resultado individual del proceso de asignación 2020" (anexo 12), se desprende el procedimiento para la preinscripción de concursantes con derecho a otra opción (CDO), en el cual se señala que las solicitudes de preinscripción se atenderían durante el periodo del dieciocho al veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, en el orden establecido en dicho documento. De igual forma, en dicho documento se precisa que el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte sería el último día en que se atenderían las solicitudes de concursantes con derecho a escoger otra opción (CDO); como en el caso acontece con el justiciable, quien reclama la no aceptación para la asignación de número de cuenta e inscripción en la Escuela Nacional Preparatoria 1, "Gabino Barreda" de la UNAM, con motivo de su derecho a escoger otra opción de inscripción. Así, tenemos que los quince días transcurrieron del veintiocho de septiembre al diecinueve de octubre de dos mil veinte, sin contar los días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por esa razón, si la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el cinco de noviembre de dos mil veinte, como se desprende del sello de recepción correspondiente, debe concluirse que se presentó fuera del plazo legal (quince días), por lo que debe considerarse que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente. Al respecto, resulta aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto se transcriben a continuación: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL. El artículo 21 de la Ley de Amparo no exige que el conocimiento del acto reclamado, para el efecto de computar el término de interposición de la demanda, sea a través de la notificación que hagan las autoridades responsables, y por lo mismo, debe estimarse que tal conocimiento puede derivar de algún otro hecho". Una vez que se demostró que la demanda de amparo no se presentó dentro del plazo genérico de quince días siguientes a aquel en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, es necesario demostrar que tampoco se ubica en alguna de las excepciones contempladas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Efectivamente, (i) el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa ni se combate en ese carácter [fracción I]; (ii) no se impugna una sentencia condenatoria dictada en un proceso penal [fracción II]; (iii) no se reclama un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad posesión o disfrute de derechos agrarios a núcleos de población ejidal o comunal [fracción III]; y, (iv) no se trata de un acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional [fracción IV]. Por tanto, la causa de improcedencia advertida es notoria y manifiesta, porque puede advertirse de la demanda de amparo y de sus anexos, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque hay elementos de prueba de los que se desprende la fecha de conocimiento del acto reclamado, tal como lo es la manifestación expresa de la quejosa bajo protesta de decir verdad. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque existen elementos probatorios suficientes que demuestran la extemporaneidad de la impugnación, es decir, no se tiene duda sobre la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado [incluso lo confiesa], la cual no variará a pesar de tramitarse el juicio. Conclusión. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de dicha legislación, se desecha de plano la demanda presentada por Rosa Laura Sánchez Barrios, representante de su menor hijo ********************. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo. En cuanto hace, al correo electrónico y números telefónicos que precisa en el ocurso de cuenta, para el efecto de sean considerados como medios para oír y recibir notificaciones; únicamente, se tendrán como medios de contacto para comunicaciones no procesales, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que de ser necesario faciliten las diligencias que se encomienden. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Juzgado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Escrito de cuenta. Finalmente, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos, el escrito que signa la parte quejosa, a través del cual ofrece como medio de prueba la documental que refiere; lo anterior sin necesidad de emitir mayor pronunciamiento al respecto, debiendo estarse a lo determinado en la presente resolución. Notifíquese

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