Rosa Juárez Montesinos y Otros.

Expediente 661/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
661/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Cira Trujillo Bravo y Otros.
  • Rosa Juárez Montesinos y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el auto por el que desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con apoyo en la fracción IV del referido punto vigésimo primero, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye al Secretario judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Cumplimiento de prevención de la demanda. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito signado por Cira Trujillo Bravo, Rosa Juárez Montesinos y María Nolasco Bazán, con el carácter de suplentes del Comisariado Ejidal de "Trinidad de Viguera", Municipio y Distrito de Oaxaca de Juárez, del Estado de Oaxaca, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Veintiuno, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, parte quejosa, por medio del cual, cumple con la prevención formulada el veinticinco de junio del año en curso, y al efecto anexa, copia certificada, del Acta de Asamblea General de Comuneros de fecha trece de abril del año dos mil dieciocho, relativo a la elección de los Integrantes del Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia del Ejido de Trinidad de Viguera, Municipio del Centro, Oaxaca. Desechamiento. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese sentido, es pertinente precisar que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que una vez analizada la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa, reclama: la audiencia de uno de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 421/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número XXI, mediante el cual se admite la prueba confesional a cargo de la parte quejosa. Ahora, se estima que se surte la causa de improcedencia relativa a que las determinaciones combatidas en esta vía constitucional únicamente afectan derechos procesales, no así sustantivos; violaciones que se consideran no son de imposible reparación. Tal improcedencia se encuentra prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, este último aplicado a contrario sensu, ambos preceptos legales de la Ley de Amparo, dispositivos legales que a la letra dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)". "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: (.) V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Como se puede apreciar, el precepto legal transcrito reitera el mandamiento Constitucional antes citado, destacando el legislador que por imposible reparación se entiende que son aquellos actos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Acorde con la definición dada por el legislador en la ley reglamentaria, se puede concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando cumplen concomitantemente con las siguientes notas distintivas: 1) Afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo; y, 2) Esa afectación no desaparece ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. De lo antes expuesto, se puede concluir que el legislador trató de evitar que los juicios naturales se interrumpan constantemente mediante la promoción de juicios de amparo en contra de cada acto procesal que fuese presentando en el procedimiento natural y que se estimase perjudicial por algunas de las partes y, que solo como regla excepcional, existe la posibilidad de que se impugnen desde luego aquellos actos que tengan una afectación de imposible reparación, pues es claro que ningún caso tendría esperar a que se dictara sentencia para poder combatir un acto de esa naturaleza. De ahí, que sea necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto que se produzca una afectación material a derechos sustantivos, cuyas consecuencias sean tan graves que impidan su ejercicio y no una simple lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que probablemente no trascienda al resultado del fallo. Bajo ese tenor, como se anticipó, en el caso concreto se considera actualizada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, en razón de que los actos que por esta vía se impugnan, no son de imposible reparación, ya que son realizados durante la secuela procesal, sin que se deje sin defensa a la parte quejosa, virtud que, de ser contrario a derecho, esto es, que contravenga alguna disposición de la legislación aplicable, sólo se traduciría en una infracción de derechos adjetivos, que produce efectos exclusivamente intraprocesales, que no implican un perjuicio en los derechos sustantivos de la partes solicitantes del amparo, ya que tiene la posibilidad de que obtenga una resolución final favorable a sus intereses, y con ello, no habrá quedado huella alguna, en su esfera de derecho, respecto del acto reclamado. Ello se considera así, pues recuérdese la parte quejosa, acude a esta instancia constitucional a inconformarse de la audiencia de uno de junio de dos mil veintiuno, emitida en el juicio agrario 421/2020, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número XXI, mediante el cual se admite la prueba confesional a cargo de la parte quejosa. Así, se advierte que el acto reclamado deriva de un juicio agrario en el cual la parte quejosa tiene el carácter de demandada, el cual correspondió conocer al Tribunal responsable, radicado con el número 421/2021, se prosiguió con el trámite del juicio agrario trabándose la litis correspondiente y ofreciendo cada una de las partes las pruebas correspondientes, y una vez llegada la audiencia, la autoridad responsable admitió la prueba confesional ofrecida por la allá parte actora, a cargo de la aquí parte quejosa; en la cual, en lo que nos interesa, la parte quejosa señala que la misma es innecesaria y ociosa, dado que se allanó a las pretensiones que le reclaman. Lo anterior, se considera constituye un acto que no afecta de manera cierta, directa e inmediata algún derecho fundamental tutelado por la Constitución, y por ende, no son de aquellos que contempla el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo afectan materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se estima el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso al juicio de amparo indirecto, precisamente porque no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento natural, sin que implique por sí la privación de un derecho, pues en la audiencia que aquí se reclama únicamente se determinó la admisión y desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte aquí quejosa. Por lo que, la misma se trata de una actuación dictada dentro del juicio, en el que aún no se ha dictado sentencia, por lo que dicha determinación, no implica la privación de un derecho, ya que las consecuencias finales solamente serán apreciables hasta que se conozca el sentido de la resolución que decida en el referido juicio. Es de indicarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, etcétera, porque esta afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; en tanto que, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que sólo producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir, al resolverse el asunto, en la medida que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Bajo esta tesitura, es de advertirse que el presente juicio de amparo deviene notoria y manifiestamente improcedente, puesto que los actos reclamados podría no afectar, en un momento dado, las garantías que en favor de los quejosos tutela la Constitución, por lo que es incuestionable que no es de irreparable ejecución, siendo acto intraprocesal que hasta que se dicte la resolución correspondiente, podrá apreciarse, si con motivo de esos actos, se afectaron o no las defensas del aquí inconforme, dentro del juicio agrario de origen, y si esas pretendidas violaciones trascendieron al resultado del fallo, motivo por el cual deben ser reclamadas en su momento y oportunidad, como violación procesal, en amparo directo que, en su caso se promueva contra la resolución que ponga fin a la controversia, si acaso la parte quejosa estimara que ello afectó sus defensas. Sirve de apoyo, la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1086 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materias Constitucional y Común, Registro 2011580, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así también, resulta aplicable la Jurisprudencia número I.4o.C.2, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 827, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado puedan revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podría reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva". De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia número VI.1o.A. J/10 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, consultable en la página 1570, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." La postura aquí expuesta, como ya se dijo, obedece a que la intención del legislador fue la de impedir que por cada violación al procedimiento se promoviera juicio de amparo, lo cual redundaría en una justicia contraria a la que prevé el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que, como se dijo, de acuerdo con los artículos 171 y172 de la ley de la materia, las violaciones a las leyes del procedimiento sólo podrán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. De lo anteriormente expuesto, se advierte que las determinaciones reclamadas podrían tipificarse como violaciones de carácter procesal, y que, por ende, deben reclamarse, en su oportunidad, por el medio de defensa correspondiente, cumpliendo los requisitos previstos por la normatividad aplicable, si es que trascendieron a la emisión de la sentencia que se dicte. De ahí, que el acto que se reclama, no constituye un acto procesal de ejecución irreparable, que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, en razón de que el mismo únicamente puede constituir la violación de derechos adjetivos con efectos meramente intraprocesales. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis I.7o.C. J/3, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 1993, página 49, materia común, Octava Época, con número de registro 215164, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Asimismo, la jurisprudencia VI.2o.C. J/231, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, página 1186, materia común, Novena Época, con número de registro 184249, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos." En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sin que se inadvierta el contenido de la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2, que es del rubro: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Además, el hecho de que se actualice una causa de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Finalmente, sin que haya lugar a proveer lo relativo al exhorto para la promoción del juicio en línea, habilitación de días y horas inhábiles, domicilio para recibir notificaciones, vista otorgada respecto del acceso a la información pública y protección de los datos personales y Ley de Transparencia, gratuidad de los servicios prestados por este Juzgado de Distrito, pues mediante auto de veinticinco de junio del año en curso, se proveyó lo relativo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo escrita presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los juzgados de Distrito en esta Ciudad, turnada a este órgano jurisdiccional, promovida por promovida por *********, contra actos del Magistrado Presidente del Tribunal Unitario Agrario del Distrito número Veintiuno, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y, regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 661/2021. Ahora bien, una vez precisado lo anterior, del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: Los artículos 108, fracciones I, III y IV, 112 y 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;" "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y" (.)" De los artículos y fracciones trascritas, se advierte la facultad de este juzgado Federal, de prevenir a la parte promovente, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna deficiencia, irregularidad o bien; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo. En el caso, del contenido de la demanda de amparo se advierten, deficiencias que deben ser subsanadas, esto es, la parte promovente no expresa con precisión acto u omisión que de la autoridad reclama, así como los antecedentes que constituyen el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en los artículos 108, fracción I y IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II, III y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda en los siguientes términos: Allegue documento idóneo que acredite la representación con que se ostenta, ello toda vez que en su libelo constitucional si bien manifiesta tener el carácter de suplentes del Comisariado Ejidal de "Trinidad de Viguera", Municipio y Distrito de Oaxaca de Juárez, del Estado de Oaxaca, quien es parte demandada en el juicio agrario 421/2020; sin embargo, es omisa en exhibir la constancia que acredite tal situación, sin que pase inadvertido que refiera que el comisariado ejidal que dicen representar sea parte demandada en aquél juicio. Máxime, que en la demanda de amparo se debe expresar bajo protesta de decir verdad cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda o en su caso, conocía ya de ellos, de ahí que se estima dicha representación recaer en las personas antes de la emisión del acto reclamado. Por ende, deberá de exhibir documento idóneo con el que acredite y, se advierta que cuenta con la personalidad que ostenta en el presente sumario constitucional, tal como lo establece el artículo 11 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta." En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la personalidad en el juicio de amparo, debe analizarse de manera previa y si no está acreditada requerir al promovente para que la subsane. Infórmese a la parte promovente que los documentos que exhiba para acreditar su personalidad con la que se ostenta deberán haber sido otorgados con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 48, Tomo IV, Julio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa la jurisprudencia 91/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 9, Tomo XII, Septiembre de 2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO ES DABLE TENERLA POR ACREDITADA, CONFORME AL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL PODER FUE OTORGADO CON POSTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Igualmente, la jurisprudencia 124/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1449, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES." b) Precise el acto o actos que por esta vía constitucional reclama de la autoridad responsable, esto es, si reclama la audiencia de fecha uno de junio de dos mil veintiuno, llevada a cabo dentro del expediente 421/2020, mediante la cual se admitió la prueba confesional ofrecida por la allá parte actora, a cargo de la aquí parte quejosa, o en su caso, reclama la totalidad de las determinaciones ahí establecidas. c) Precise si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos dimanados del referido expediente agrario 421/2020 y, en su caso, informe qué Juzgado Federa correspondió conocer del mismo. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberá conducirse con verdad, habida cuenta que afirmar hechos falsos y omitir los que le consten está tipificado como delito, en términos del artículo 261, fracción I de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.". Se apercibe al promovente que de no cumplir con las prevenciones dentro del plazo concedido para tal efecto, se tendrá por no presentada la demanda de amparo de que se trata, en términos del artículo 114, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica. Asimismo, se le tiene autorizando para tal efecto a las personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Orienta la anterior determinación, la tesis I.4o.C.208C, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2127, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE UNA DILIGENCIA JUDICIAL. NO ES NECESARIA LA PETICIÓN DE PARTE PARA PROVEERLA." Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19"; o en su caso, que proporcionen un número de teléfono o correo electrónico, por medio del cual, de ser necesario, este órgano jurisdiccional pueda tener establecer comunicación con las partes, de conformidad con el referido Acuerdo General, dadas las medidas de contingencia. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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