Rosa Jiménez Reyes
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Rosa Jiménez Reyes
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se glosa promoción. Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual acusa recibo del oficio, por el que se le remitió los autos originales del juicio de amparo 1075/2023; asimismo, informa que se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por ****** Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con base en lo anterior, se ORDENA EL ARCHIVO del presente sumario como asunto totalmente concluido, previa anotación que se haga en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que el presente cuaderno de antecedentes, se encuentra dentro de la hipótesis del artículo 19, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino Final de los Expedientes Judiciales generados por los órganos Jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, el cual a la letra dice: "Artículo 19. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: I. Expedientes Auxiliares: a) Cuadernos de antecedentes; b) Incompetencias; c) Expedientes varios; d) Comunicaciones oficiales (exhortos, despachos, requisitorias); y (.)" Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, una vez al año y, previamente a la realización de la visita de inspección, deberá destruir estos expedientes y remitir, dentro de los treinta días naturales siguientes, el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación (.)." En tal virtud, este cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado acuerdo, dése cumplimiento y procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados del Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y otras autoridades, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 8, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1075/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Estudio de la demanda. Del estudio integral de la demanda de amparo, se estima que este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por territorio para conocer del presente juicio de amparo. En efecto, previo a cualquier cuestión, debe analizarse la competencia para conocer de la presente demanda en razón de que se trata de un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio es oficioso, por lo cual procede establecer si este Juzgado, tiene competencia o no para conocer del presente asunto; en virtud que, la competencia de toda autoridad jurisdiccional es de suma importancia de previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16, Constitucional, que en el juicio de amparo se concreta con la disposición contenida en el numeral 48, de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Carta Magna, al establecer como obligación de todo Juez de Distrito, la contenida. Al respecto deben tomarse en cuenta las reglas competenciales establecidas en el numeral 37, de la Ley de Amparo, que literalmente expresa: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del transcrito precepto se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Atender a la naturaleza del acto reclamado y determinar si tiene ejecución material, dado que el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido, será competente. c) Cuando el acto que se reclama no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora, técnicamente la competencia para conocer de una demanda de amparo biinstancial se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, sobre la base de que sólo así la parte quejosa puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Precisadas las reglas básicas de competencia para los tribunales federales en materia de amparo, procede establecer a continuación la naturaleza de los actos reclamados por la quejosa, ello para delimitar cuál de las contenidas en el artículo 37 de la ley de la materia, se actualiza en el caso a estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.1o.A.44 A, de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV (Agosto de 2001), visible en la página 1299, que a la letra dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." 4. Caso concreto. En la especie, se advierte que el acto controvertido consistente en la omisión del pago de su pensión por jubilación, conllevan una omisión con efectos positivos, cuya ejecución se materializará en el lugar de pago; esto es en el domicilio de la parte quejosa, el cual se encuentra ubicado en calle de los Maestros 2900, Colonia el Triángulo, 50300, Acambay de Ruiz Castañeda, México Se dice lo anterior, en razón de que en la demanda de amparo se señalaron como actos reclamados los siguientes: "a) La omisión de realizar el pago de la pensión que me fue otorgada el 11 de mayo de 2018, toda vez que el comité de pensiones en su sesión ordinaria 669 determino el derecho que tengo, indicándome que me corresponde un monto diario de pensión para el año 2017 de $471.83 b) La omisión de realizar el empadronamiento de la suscrita para que realicen los pagos de pensión. c) La violación e incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 24 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; por lo que hace a la omisión de emitir y notificar una resolución o respuesta fundada, motivada y congruente, a una petición que le formule, en forma pacífica y respetuosa, mediante escrito presentado el 16 de junio de 2022, ante dicha autoridad." Ahora bien, el acto reclamado referido en párrafos que anteceden, versará respecto del lugar del pago, esto es en el domicilio particular de la parte quejosa ubicado en **********, el cual se desprende de su formato de aceptación de pensión, así como de la credencial de elector correspondiente; y cuya circunscripción territorial es de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, con residencia en Toluca. Así, de lo anterior se advierte que el acto controvertido consistente en la omisión del pago de su pensión por jubilación, conllevan una omisión con efectos positivos, cuya ejecución se materializará en el lugar de pago; esto es en el Municipio **********; de modo que, en el presente caso, se debe estar a la regla precisada en el ordinal 37, párrafo primero, de la legislación de la materia, en el cual -como ya se indicó-, la competencia para su conocimiento recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Apoya a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dela Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 65, Segunda parte, visible en la página 15, de rubro: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así como por identidad jurídica, es aplicable la jurisprudencia 2a./J 13/95, de la Novena Época, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I (Junio de 1995), consultable en la página 107, cuyo rubro es: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." En consecuencia, el domicilio (que en el caso es el ubicado en el Municipio **********) es el que se considera como el lugar donde reside la quejosa y el que debe tomarse en consideración para fijar la competencia por cuestión de territorio, pues el pago de la pensión está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiaria, por ser razonablemente el lugar en el que el promovente cobrará y disfrutará tal pensión. Sustenta a la anterior determinación, la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, aplicable por analogía, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, correspondiente al mes de Octubre de 2009, página 95, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 14/2023 suscitado entre este juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amaro y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca resolvió: ". En la especie, la naturaleza de la omisión de pago de la pensión por fallecimiento del cónyuge de la quejosa, quien era servidor público, por causas ajenas al servicio, conforme al monto del dictamen CP/77033/22, emitido el veintidós de abril de dos mil veintidós, por el presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, notificado el siete de octubre siguiente, constituye una omisión con efectos positivos, al ser capaz de producir en el mundo fáctico o real, una consecuencia material que pudiera conllevar una vulneración del derecho fundamental al trabajo y a la seguridad social, pues la accionante no ha recibido el pago que se estableció en el dictamen, lo que pone de manifiesto que los efectos positivos de ese acto omisivo se materializarán en el lugar donde vive, esto es, donde tiene su domicilio, porque es en el que la promovente cobrará y disfrutará de la pensión a la que tiene derecho, de ahí que se actualice la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo. Por analogía y en lo conducente, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2021 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "OMISIÓN DE DICTAR SENTENCIA EN EL PROCESO PENAL. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO QUE AL RESPECTO SE PROMUEVA SE SURTE EN FAVOR DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE EJERCE JURISDICCIÓN SOBRE LA AUTORIDAD QUE DEBA DICTAR LA SENTENCIA (SISTEMA PENAL TRADICIONAL)." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente estimando que debe remitirse los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el estado de México, con residencia en Toluca; solicitando de la manera más atenta y de no tener inconveniente legal alguno, informe a este juzgador si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de estilo correspondiente. 5. Cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 6. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "********** En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. 7. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. CON DOMICILIO EN NAUCALPAN. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en Naucalpan. 8. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."1 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."2 . 9. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 10. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental3 ; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente Homologo federal Oficio
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