Rosa Jiménez García
Expediente 657/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 657/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Jiménez García
Actuaciones
- Principal
"...Vista la demanda de amparo presentada por **********, contra actos de los Magistrados de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO Antes de proveer lo pertinente respecto de la admisión o no de la demanda, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como lo impone el numeral 113 de la Ley de Amparo, el cual autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan; en tanto que lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la promovente señala como acto reclamado: "...La negativa de los Magistrados que Integran la Cuarta Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, al dictar el auto de fecha 9 de Octubre del año en curso, dentro del toca número ******, en el cual se niegan a declarar procedente el recurso de apelación en efecto devolutivo que interpuse contra el auto de fecha 25 de Agosto del año en curso, dictado por el C. Juez Segundo de Primera de la ciudad de Papantla, Veracruz, y que es relativo al expediente civil número ******, argumentando que no es el recurso idóneo que interpuse, y que el correcto era la revocación, tal criterio violenta flagrantemente mis derechos de legalidad y seguridad jurídica ya que tenemos el criterio que siempre ha sustentado dicho tribunal el cual es cuando un juez recepciona una prueba de las partes contendientes y la parte contraria el recurso que debe interponer siempre ha sido la apelación, por lo tanto considero que si es procedente el recurso que interpuse, además de que tenemos que el art. 509 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que expresa en su parte final que son apelables los autos que causan daño irreparable en las sentencia, lo que en el presente caso se da, ya que las pruebas que recepcionó el juez, si pueden causarme un daño irreparable en la sentencia que se dicte, por lo que considero que si es procedente dicho recurso y al no hacerlo así, la sala responsable violenta en perjuicio tal criterio..." En concreto, el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ********, mediante la cual la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, declaró desechar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, emitido por Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, que admitió las pruebas instrumental de actuaciones ofrecidas por su contraparte. Ante ello, se considera que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, éste aplicado en sentido contrario, y ambos de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen lo siguiente, respectivamente: Artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" Por su parte, los preceptos 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Constitución y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V, de la legislación de la materia. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO." En efecto, la fracción V del numeral 107 de la invocada Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, de modo que una interpretación en sentido contrario, lleva a la conclusión de que el juicio de garantías es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En ese contexto, ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en dichas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen. Sobre esa línea de pensamiento, debe precisarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando sus consecuencias, sean susceptibles de afectar en forma inmediata y directa alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal en sus diversas manifestaciones, la propiedad y la posesión, sólo por citar algunos, en tanto que los actos de ejecución reparable, no tocan por sí mismos tales valores, sino que generan la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de los agraviados. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, y el supuesto de los segundos, se actualiza respecto de los derechos adjetivos o personales que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Al caso, es aplicable el criterio contenido en la jurisprudencia número 244, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, página 164, Tomo VI, del Apéndice al correspondiente a los años de 1995 1997 de rubro y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De igual forma, cobra aplicación el criterio contenido en la jurisprudencia número 232, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página 157, Tomo VI, del último Apéndice de rubro y texto: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Ahora bien, si el acto reclamado consiste en el auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, dictado en el toca civil ******, mediante el cual la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, declaró desechar el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, emitido por Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, que admitió las pruebas instrumental de actuaciones ofrecidas por la parte actora en el juicio civil *******; es incuestionable que se trata de una violación intraprocesal cuya naturaleza no significa una violación trascendente para el procedimiento; de ahí que, resulte válido concluir que será hasta que se dicte la resolución respectiva, de ser contraria a los intereses de la impetrante de amparo, cuando esté en aptitud de impugnar a través del juicio constitucional uniinstancial, la existencia de violaciones al procedimiento que hubieran afectado sus defensas y que esas transgresiones hubieran trascendido al resultado del fallo. Además, se desprende que dicho acto no engendra un perjuicio de imposible reparación ya que no vulnera de forma irreparable la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que, como se anotó en párrafos precedentes, son actos que tienen una ejecución de imposible reparación, entre otros, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenara la intervención de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminara a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etcétera; pues en los primeros dos casos, se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el tercero, la libertad personal, en el cuarto, el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el quinto, la libertad de trabajo, y en el sexto, la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio; entonces, al no encuadrarse el acto combatido en ese tipo de supuestos, debemos concluir que no nos encontramos ante un acto de imposible reparación. Es aplicable al caso, contrario sensu, la jurisprudencia P./J. 24/92, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, página 11, Agosto de 1992, Materia Común, Octava Época de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Como robustecimiento de lo anterior, tiene sustento legal, en sentido contrario, en la jurisprudencia VI.2º. J/258, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1993, página 53, que establece: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA." Por ende, al no participar el acto reclamado de las notas distintivas de los actos de imposible reparación o de las violaciones en grado predominante o superior, se actualiza la causa de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario; en consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en el artículo 27, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, las notificaciones, aun las de carácter personal, se le practicarán mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados, por así haberlo solicitado la parte quejosa en su demanda de amparo. Asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo vigente, a*******************."
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