Rosa Iveth Gutierrez Chávez
Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosa Iveth Gutierrez Chávez
Actuaciones
- Principal
(1) Agréguese el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca de Soto, Hidalgo; en atención a su contenido, se le tiene acusando recibo del diverso ...y de los autos originales que dieron origen al presente cuaderno de antecedentes. Asimismo, informa se confirmó la determinación de catorce de abril último, emitida en los autos del sumario en que se actúa, y en consecuencia, dicho tribunal se avocó al conocimiento del mismo, el cual se radicó como amparo directo ***********; circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal. Por lo anterior, previas las anotaciones que obren en el libro de control respectivo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción después de seis meses.
- Principal
(1) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ******************** ********************, en su carácter de apoderada legal de******************** -personalidad que se le reconoce presuntivamente en términos de la digitalización de acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés emitido dentro del expediente ********************/2023 de origen, contra actos del Juez de Distrito adscrito al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 571/2023-1. III. Decisión sobre la acción de amparo. Del análisis integral del escrito de demanda, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente ********************/2023, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en el cual desechó la demanda interpuesta por la parte quejosa, bajo el argumento de que se trata de cosa juzgada. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por razón de la vía para conocer del presente juicio de amparo indirecto. En principio, se tiene que las cuestiones competenciales son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados; por tanto, antes de decidir sobre el fondo del asunto que nos ocupa es menester analizar tal cuestión, para lo cual no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que debe analizarse de manera integral con los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anteriormente expuesto se apoya en las tesis de rubros y textos siguientes: COMPETENCIA, NATURALEZA DE LA. La materia de competencia es de índole procesal y por tanto, es de orden público y debe recibir aplicación inmediata en los asuntos de trámite, sin que ello signifique retroactividad en perjuicio de la persona interesada. COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASI COMO DE LOS DEMAS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que disponen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)" Ley de Amparo "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: [.] c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)" De una interpretación armónica y sistemática de los numerales transcritos, se obtiene, en lo que nos interesa, lo siguiente: a) Los Tribunales Colegiados de Circuito son legalmente competentes para conocer del juicio de amparo en la vía directa; b) El juicio de amparo directo es procedente contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. c) Que las sentencias definitivas son aquéllas que deciden el juicio en lo principal; mientras que las resoluciones que ponen fin al juicio son las que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido; y d) Que cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que sea tramitada en la vía directa. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado en este asunto, lo constituye el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente ********************/2023, del índice del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Hidalgo, con sede en Pachuca de Soto, en el cual desechó la demanda interpuesta por la parte quejosa, bajo el argumento de que se trata de cosa juzgada. En esa tesitura, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de la vía para conocer del presente juicio de amparo indirecto, ello pues en el caso la resolución reclamada [desechamiento], es de aquellas que sin resolver el fondo del asunto, ponen fin a la controversia planteada; y por ende, en su contra es procedente el amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone en su parte conducente, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Registro digital: 2021432 Instancia: Plenos de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Civil Tesis: PC.XXII. J/22 C (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo II, página 1884 Tipo: Jurisprudencia Pleno del Vigésimo Segundo Circuito "RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, CUANDO SE RECLAMA EL PRIMER PROVEÍDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EN EL CUAL EL JUZGADOR, DE OFICIO, SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE LA MATERIA PARA CONOCER DE LA DEMANDA, ORDENA SU ARCHIVO Y DEJA A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece los casos de excepción al principio de definitividad, entre ellos, el relativo a que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa legal correspondiente se sujete a una interpretación adicional o su fundamento jurídico sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponerlo o de acudir directamente al juicio constitucional. Ahora, el primer proveído dictado en un juicio ejecutivo mercantil en el cual el juzgador, de oficio, se declara incompetente por razón de la materia para conocer de la demanda, ordena su archivo y deja a salvo los derechos del actor en términos de los artículos 1114, fracción V, y 1115, primer párrafo, segunda parte, del Código de Comercio, que por su cuantía menor no admite el recurso de apelación, debe impugnarse por medio del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del código referido, el cual procede contra los autos que no son apelables y los decretos antes de promover el juicio de amparo. Lo anterior es así, porque dicha actuación constituye un auto definitivo emitido de oficio y de plano por el juzgador que impide la prosecución del juicio, es decir, no se trata de una sentencia interlocutoria, pues no resuelve una incompetencia por inhibitoria o declinatoria, a instancia de parte, la cual deriva de la tramitación de un procedimiento o incidente en términos de los artículos 1116 y 1117, respectivamente, del citado ordenamiento legal; lo que no implica una interpretación adicional, pues al respecto las jurisprudencias 1a./J. 70/2013 (10a.) y 1a./J. 59/2010, emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponen que los autos (sin distinguir entre provisionales, preparatorios o definitivos) recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al señalado en el artículo 1339 del Código de Comercio, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el de apelación; por ende, contra el mencionado auto debe agotarse el recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo directo." Se estima así, pues de la interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 170 de la Ley de Amparo, así como de los principios de celeridad y concentración, que sustentan la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía de las consecuencias de la inconstitucionalidad atribuida a resoluciones definitivas. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, así como el punto segundo, fracción XIX, y punto tercero, fracción XIX, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federalel artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que contra las resoluciones que pongan fin al juicio, sin decidirlo en lo principal y lo den por concluido, es procedente el juicio de amparo directo, de ahí que, este órgano jurisdiccional resulta legalmente incompetente para conocer del acto que la parte quejosa reclama. En ese orden de ideas, al advertir que el acto reclamado es materia de amparo directo, en términos del artículo 47 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia y ordena de inmediato remitir la demanda al Tribunal Colegiado en del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, para lo que tenga a bien determinar lo que resulta procedente, solicitando el acuse correspondiente; fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. V. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ******************** ********************, en su carácter de apoderada legal de********************. a. Domicilio. Con fundamento en los artículos 3º, 26, fracción IV, y 30 de la Ley de Amparo, practíquense las notificaciones que deban ser personales a la parte quejosa en forma electrónica, a través del usuario "********************". b. Autorizado(s). Téngase por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, dado que no se precisan las facultades conferidas acorde a alguna de las dos hipótesis previstas en el numeral invocado. c. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. VI. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa el contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VII. Exhortación a que hace alusión el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. VIII. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. IX. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.
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