Rosa Itzel Lázaro Desales

Expediente 581/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
581/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Rosa Itzel Lázaro Desales

Actuaciones

  1. Principal

    En Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, siendo las nueve horas con cincuenta y un minutos del nueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 581/2023, promovido por Juan Mendoza Pacheco, Rosa Itzel Lázaro Desales, Magdalena Lázaro Desales y Lilia Ramírez Rendón, estando en audiencia pública el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistido de la licenciada Gabriela Ángela Santiago Gómez, secretaria proyectista que autoriza y da fe, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA HACE RELACIÓN DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE: Escrito inicial de demanda y acuerdo en que se ordenó admitir a trámite; constancia de notificación a la autoridad responsable y de emplazamiento al tercero interesado; informe justificado rendido por la autoridad responsable y auto en que se tuvo recibido. La licenciada Gabriela Ángela Santiago Gómez, secretaria proyectista del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, CERTIFICA: Que la autoridad responsable al rendir informe justificado negó la existencia del acto reclamado. Doy fe. ACTO SEGUIDO, EL JUEZ ACUERDA: Téngase hecha la anterior relación de constancias de autos, mismas que serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. ABIERTO EL PERIODO DE PRUEBAS: La secretaria da cuenta con la constancia que anexó la responsable a su informe justificado. EL JUEZ ACUERDA: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite el medio de convicción antes referido, mismo que se desahoga por su propia y especial naturaleza jurídica y que será tomado en consideración al momento de dictar la sentencia correspondiente; asimismo, se tiene perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas con posterioridad; en consecuencia se cierra la presente etapa. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS: La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. EL JUEZ ACUERDA: Se tiene a las partes precluido el derecho para formular alegatos con posterioridad, por lo que se cierra la presente etapa. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, el Juez, da por concluida la audiencia constitucional, y se procede a dictar la sentencia correspondiente. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 581/2023, promovido Juan Mendoza Pacheco, Rosa Itzel Lázaro Desales, Magdalena Lázaro Desales y Lilia Ramírez Rendón, por propio derecho contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, turnado el mismo día, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, Juan Mendoza Pacheco, Rosa Itzel Lázaro Desales, Magdalena Lázaro Desales y Lilia Ramírez Rendón, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra de la autoridad y acto que a continuación se especifican: AUTORIDAD RESPONSABLE: Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ACTO: "La omisión de dictar el auto de ejecución y llevar a cabo el requerimiento de pago como parte de la ejecución forzada del laudo, así como la omisión de dictar todas las medidas necesarias para lograr la eficaz e inmediata ejecución". SEGUNDO. En el escrito de demanda se señalaron como derechos fundamentales transgredidos los contenidos en los artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se expusieron los antecedentes y los conceptos de violación que se consideraron pertinentes. TERCERO. Por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el presente asunto y se registró con el número 581/2023; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y se concluye con el dictado de esta sentencia, bajo los siguientes. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince, porque el acto reclamado es atribuido a una autoridad que actúa dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es éste, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de un íntegro estudio al escrito de demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado es el siguiente: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en dictar el auto de ejecución de laudo dentro al juicio laboral 730/2018. TERCERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo y por razón de método en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la existencia o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el caso de acreditarse su certeza, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en su caso de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento". Al rendir informe justificado la autoridad responsable, negó la existencia del acto que le atribuyó la quejosa, sin embargo, de las manifestaciones que realiza, se advierte que al momento de la presentación de la demanda, existía el acto que ahora niega. Lo que además se corrobora con la copia certificada remitida por la autoridad responsable citada con su informe justificado, a la que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2°, pues se trata de documento certificado por autoridad competente, en ejercicio de sus funciones, relativo a los autos de los que emanan los actos impugnados, por lo que así deberá tenerse para todos los efectos legales procedentes. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este Juzgado Federal analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causal que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. . . ." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado esencialmente se hace consistir en la omisión de la responsable de dictar el auto de ejecución de laudo dentro al juicio laboral 730/2018. No obstante, de la copia certificada que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, se establece que el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, acordó el escrito de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, por el que le fue solicitado la ejecución del laudo; procediendo la responsable a dictar el auto de ejecución, dentro del expediente laboral 730/2018. Documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. El acuerdo antes referido le fue notificado a la parte actora aquí quejosa por parte de este juzgado federal, el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, mediante la vista que se le dio en auto de veintisiete del citado mes y año, con las constancias que exhibió la multicitada autoridad responsable. Por tanto, es manifiesto que el acto que reclama la impetrante del amparo cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de causar perjuicio, restituyéndola en el goce de su derecho fundamental violado, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, procedió a dictar auto de ejecución expediente laboral 730/2018, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad. En esas condiciones, es patente que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V del diverso 63 de esa legislación. En tal virtud, no resulta jurídicamente posible ocuparse de los argumentos expresados por la parte quejosa en sus conceptos de violación, para demostrar la inconstitucionalidad del acto recurrido, pues ello constituye el fondo de la Litis constitucional, cuyo análisis no es permitido por el sentido (sobreseimiento) del presente estudio. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187- 192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, por auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se hizo del conocimiento de las partes lo establecido en los artículos 1°, 3°, 4°, 9° y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este juzgado, que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XXI, con el diverso 77, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Juan Mendoza Pacheco, Rosa Itzel Lázaro Desales, Magdalena Lázaro Desales y Lilia Ramírez Rendón, por propio derecho contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo al no encontrarse debidamente integrado el expediente en que se actúa, toda vez que no se cuenta con la constancia de notificación del tercero interesado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Martir de Cuilapan, Guerrero, en que haya sido notificada del oficio 13721/2023; mediante el cual se le emplaza al presente juicio de amparo. Ahora bien, el oficio correspondiente se giró el catorce de los corrientes para su debida notificación; por tanto, se está en espera de la constancia correspondiente a fin de proveer lo conducente. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que constituye una determinación de mero trámite.

  3. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexo, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenido y constancia que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Cobra aplicación la tesis publicada en la página 398, tomo III, segunda parte 1, enero a junio de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo título dice: "INFORME JUSTIFICADO. DEBE DARSE VISTA A LAS PARTES CON SU CONTENIDO, A FIN DE QUE PREPAREN LAS PRUEBAS QUE LO DESVIRTÚEN". De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba la documental que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de autos, de los cuales se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término de quince días otorgado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, en proveído de quince de mayo de dos mil veintitrés, a efecto de que rinda su informe justificado, tomando en consideración que fue notificada el veintinueve de mayo del presente año, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra en autos. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y TRES MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y al tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un trámite de menor trascendencia.

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