Rosa Isela Pinto López
Expediente 1358/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Rosa Isela Pinto López
Actuaciones
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Rosa Isela Pinto López, hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1358/2022-2, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el doce de agosto de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado por la Oficina de Correspondencia Común el diecisiete de agosto siguiente y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho posterior, Rosa Isela Pinto López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "[.] LA OMISIÓN DE DESAHOGAR LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y REINSTALACIÓN EN EL JUICIO LABORAL 526/2007, así como también reclamo la notificación personal a las partes del acuerdo que recaiga; en virtud de que las autoridades responsables incurren en inobservancia, desobediencia y violación al artículo 17 de nuestra Carta Magna; así como de los Artículos 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 685, 686 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo aplicada al presente asunto." (sic.) AUTORIDADES RESPONSABLES Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El diecinueve de agosto de dos mil veintidós, se radicó la demanda con el expediente 1358/2022-2; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza del acto reclamado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de la responsable de señalar hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación, en el juicio laboral 526/2007, de su índice, así como su notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL RESPONSABLE. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de derechos fundamentales, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el Tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que, de no existir el acto combatido, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que el acto reclamado sea cierto; y en el segundo, que además de ser cierto, el juicio de amparo sea procedente. Al respecto, el Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante oficio TCyA/ACT/1171/2022, manifestó adherirse al informe justificado de su superior jerárquico, el cual, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado, consistente en la notificación del acuerdo de dos de septiembre de dos mil veintidós, en el expediente laboral 526/2007, de su índice. Ahora, toda vez que precisamente la parte quejosa reclama al Actuario responsable la falta de notificación de un acuerdo que no había sido emitido aún por el Tribunal de Conciliación responsable, es evidente la inexistencia del acto combatido, consistente en notificar el acuerdo en el que se señala hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago y de reinstalación en el expediente 526/2007, de su índice, reclamado al Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por lo tanto, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las constancias que anexó a su referido informe de las cuales se desprende la existencia del acto que se le reclama y que integra el expediente laboral 526/2007, de su índice. Documentos que tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, al ser expedido por servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Articulo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En efecto, de las constancias remitidas por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante oficio TCYA/AMP/8821/2022, en lo que aquí interesa obra copia certificada del proveído de dos de septiembre de dos mil veintidós, dictado en los autos del juicio laboral 526/2007, de su índice, del que se desprende que señaló las diez horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación de la quejosa Rosa Isela Pinto López. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de derechos fundamentales que nos ocupa, -doce de agosto de dos mil veintidós-, indudablemente existía la conducta dilatoria de la autoridad responsable, pues mediante auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, señaló hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago y reinstalación; sin embargo, a la presente fecha en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 1, 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por *********, por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Coordinador de Actuarios del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Asimismo, se tiene a la autoridad ocursante manifestando que se adhiere al oficio TCyA/AMP/8821/2022, remitido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 119, de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad ocursante, la documental que anexó su superior jerárquico al rendir su informe con justificación, obrante en autos, de la que se hará relación al celebrarse la audiencia constitucional. Notifíquese.
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