Rosa Isela Orquiz Gallegos
Expediente 475/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 475/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Rosa Isela Orquiz Gallegos
- Presidene de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje
Actuaciones
- Principal
El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, hace constar y certifica: Que el presente expediente impreso, coincide en su totalidad con el expediente electrónico que se encuentra en el sistema denominado "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes" (S.I.S.E.), lo anterior en cumplimiento a lo expuesto en el último párrafo del artículo 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación. Lo que se asienta para los fines legales a que haya lugar. Doy fe. El Secretario Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, once de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. De tal manera, atendiendo a la resolución que puso fin al presente asunto, y a lo dispuesto en los numerales 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el mismo es destruible. Conforme lo indica el párrafo segundo, del artículo 35, del acuerdo aludido, se ordena anotar en la carátula del presente expediente, la fecha de archivo y que es destruible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de octubre de dos mil veinte. Vistos el escrito y anexo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene la quejosa *****, desahogando las prevenciones que le fueron formuladas por auto de ocho de octubre del presente año, al efecto se provee: Previo a emitir cualquier determinación, se procede a analizar en su integridad la demanda de referencia, para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente de amparo; lo que se realiza en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del examen integral de la demanda (que se analiza en su conjunto como un todo), es razonable establecer con claridad la causa de pedir de la parte quejosa en este juicio de amparo, de la que se desprende que el agravio o lesión que aduce, en concreto es: El requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, mismo que encontró fijado en la puerta de acceso a su negocio ubicado en Avenida Valentín Fuentes 1706 de la Colonia Villahermosa, de esta ciudad, de lo cual se ostenta como tercero extraño en sentido estricto. Luego, atendiendo lo expuesto en la demanda, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama el requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; cabe precisar que dicho juicio fue promovido por José Aldo Martínez Espinoza, en contra de Sal Car y otros, así como que dicho requerimiento está específicamente dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, el cual señala que lo encontró fijado en la puerta de acceso a su negocio ubicado en Avenida Valentín Fuentes 1706 de la Colonia Villahermosa, de esta ciudad. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la referida determinación no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, ya que la misma sólo irroga un perjuicio actual y directo a las partes formales en el juicio. Por tanto, la determinación de requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y que constituye el acto que reclama en esta instancia, no genera un perjuicio actual y directo a la parte quejosa traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, pues ello va dirigido a las partes dentro del procedimiento de origen. Por ello, se estima que la autoridad responsable no ha ejercido alguna acción coercitiva en contra de la peticionaria del amparo, ya que no obstante que el juicio del que emana el acto reclamado fungen como parte actora la moral José Aldo Martínez Espinoza, en contra de Sal Car y otros, sin embargo el requerimiento de pago y embargo que dice haber localizado en el local que arrenda está específicamente dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, quienes cabe destacar no tienen el carácter de arrendadores de la quejosa, pues del contrato que anexa a su escrito aclaratorio, se desprende que tiene ese carácter Lucienne Judith León González, por lo que se considera que la determinación que constituye el acto reclamado, no afecta de manera inmediata los derechos de la parte y, como consecuencia, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. De lo antes expuesto se concluye que la quejosa no sufre un agravio personal y directo que lo legitime para promover el presente juicio de amparo, toda vez que el acto que reclama en el juicio de origen fue emitido presumiblemente en perjuicio de Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, por lo que no le genera perjuicio alguno, ante lo cual se considera que la esfera jurídica de la peticionaria del amparo no se ve afectada de manera alguna. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia emitida por el entonces único Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 90, Parte VI, Séptima Época, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 1985, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la novena época, tomo XXIX, abril de 2009, tesis VI.2º.C.297 K, visible en la página 1907 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DICTADO EL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE AL JUZGADO, DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES; LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 27, FRACCIÓN I, INCISO C DE LA LEY DE AMPARO. Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de octubre de dos mil veinte. Vistos el escrito y anexo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene la quejosa *****, desahogando las prevenciones que le fueron formuladas por auto de ocho de octubre del presente año, al efecto se provee: Previo a emitir cualquier determinación, se procede a analizar en su integridad la demanda de referencia, para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente de amparo; lo que se realiza en términos de la tesis 169, publicada en la página 207, del tomo I, Materia Constitucional del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así, del examen integral de la demanda (que se analiza en su conjunto como un todo), es razonable establecer con claridad la causa de pedir de la parte quejosa en este juicio de amparo, de la que se desprende que el agravio o lesión que aduce, en concreto es: El requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, mismo que encontró fijado en la puerta de acceso a su negocio ubicado en Avenida Valentín Fuentes 1706 de la Colonia Villahermosa, de esta ciudad, de lo cual se ostenta como tercero extraño en sentido estricto. Luego, atendiendo lo expuesto en la demanda, se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Al respecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, en la especie el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados. "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De la transcrita fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley y, en el caso que se analiza, la causa que se manifiesta resulta del numeral 6° de dicho ordenamiento legal. De la literalidad de este último precepto se advierte que el juicio de amparo solamente lo puede promover la persona física o moral que con la norma general, el acto o la omisión reclamados de la autoridad, haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus derechos sustantivos fundamentales, que la Constitución tutela. Es decir, sólo lo puede promover la parte que con el acto reclamado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones; y dicha promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos en que la ley lo permita expresamente. A contrario sensu, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con el acto, la omisión o la norma general reclamados de la autoridad un agravio actual o inminente en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades o posesiones, el juicio de amparo resulta improcedente. Ahora, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama el requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje; cabe precisar que dicho juicio fue promovido por José Aldo Martínez Espinoza, en contra de Sal Car y otros, así como que dicho requerimiento está específicamente dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, el cual señala que lo encontró fijado en la puerta de acceso a su negocio ubicado en Avenida Valentín Fuentes 1706 de la Colonia Villahermosa, de esta ciudad. Bajo las consideraciones anteriores, se estima que la referida determinación no causa a la parte quejosa un agravio personal y directo, que para la procedencia del juicio de amparo establece el artículo 6º de la Ley de la materia, ya que no produce en su esfera jurídica una lesión o perjuicio que la legitimen para solicitar la protección de la justicia federal, ya que la misma sólo irroga un perjuicio actual y directo a las partes formales en el juicio. Por tanto, la determinación de requerimiento de pago y embargo emitido el trece de marzo del año en curso, en los autos de juicio laboral 3/16/1443, del índice Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje y que constituye el acto que reclama en esta instancia, no genera un perjuicio actual y directo a la parte quejosa traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, pues ello va dirigido a las partes dentro del procedimiento de origen. Por ello, se estima que la autoridad responsable no ha ejercido alguna acción coercitiva en contra de la peticionaria del amparo, ya que no obstante que el juicio del que emana el acto reclamado fungen como parte actora la moral José Aldo Martínez Espinoza, en contra de Sal Car y otros, sin embargo el requerimiento de pago y embargo que dice haber localizado en el local que arrenda está específicamente dirigido a Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, quienes cabe destacar no tienen el carácter de arrendadores de la quejosa, pues del contrato que anexa a su escrito aclaratorio, se desprende que tiene ese carácter Lucienne Judith León González, por lo que se considera que la determinación que constituye el acto reclamado, no afecta de manera inmediata los derechos de la parte y, como consecuencia, no le causa perjuicio para los efectos de la procedencia del juicio de amparo. De lo antes expuesto se concluye que la quejosa no sufre un agravio personal y directo que lo legitime para promover el presente juicio de amparo, toda vez que el acto que reclama en el juicio de origen fue emitido presumiblemente en perjuicio de Martha Lorena Rosa Samaniego y Salvador Alan Carbajal Loya, por lo que no le genera perjuicio alguno, ante lo cual se considera que la esfera jurídica de la peticionaria del amparo no se ve afectada de manera alguna. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad jurídica sustancial la jurisprudencia emitida por el entonces único Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 90, Parte VI, Séptima Época, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación Compilación 1985, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE EXEQUENDO. CUANDO DEBE SOBRESEERSE. Como el auto de exequendo, que un tercero extraño reclama con el embargo de bienes que dice son de su propiedad, se decreta para que se requiera de pago al demandado y en caso de no efectuarlo se le embarguen bienes bastantes a cubrir las prestaciones reclamadas, refiriéndose tal orden a bienes propiedad del demandado y no del quejoso que no es parte en el juicio generador de los actos reclamados, aun cuando el embargo deriva de ese acuerdo, es claro que al no estar dictado en contra del amparista, dicho auto de exequendo por sí mismo no afecta su interés jurídico. En tal concepto, al quedar configurada la causal de improcedencia prevista por la fracción V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la propia ley, debe sobreseerse el juicio de garantías respecto a esa resolución." Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, correspondiente a la novena época, tomo XXIX, abril de 2009, tesis VI.2º.C.297 K, visible en la página 1907 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses del solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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