Rosa Isela Nabor Pineda

Expediente 1009/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1009/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Rosa Isela Nabor Pineda
  • Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial En el Estado de Morelos,

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. CON INCIDENTE. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que la suspensión provisional se determinó concederla. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido por esta autoridad al día hábil siguiente, por turno, Rosa Isela Nabor Pineda, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas M. G. B. N. y A. C. B. N., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Morelos, Licenciadas en Psicología Nancy Jennifer Bahena Serrano y Lilia Camarillo Tafoya, adscritas a la última autoridad citada. Acto reclamado: ".La determinación de someter a mis menores hijas de nombres. sin decir motivo alguno, al desahogo de diversas terapias psicológicas en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas Niños, Adolescentes. ordenada mediante auto de fecha veinte de octubre del año dos mil veinte, dentro del juicio familiar 172/2018-2 acumulado al expediente 06/2017-2,. El auto de fecha tres de noviembre del dos mil veinte, emitido dentro del juicio familiar 172/2018. a través del cual se ordena la presentación de mis menores hijas., a las instalaciones que ocupa la Procuraduría de Protección de Niñas,. a fin de que se proceda al desahogo de las terapias psicológicas ordenadas por auto de fecha veinte de octubre de dos mil veinte;." SEGUNDO. El trece de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 1009/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo emplazó a juicio al tercero interesado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables:  El proveído de veinte de octubre de dos mil veinte que solicita al Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes proporcione un perito en psicología y de tres de noviembre de dos mil veinte, que ordena realizar terapias psicológicas a las menores de nombres M. G. B. N. y A. C. B. N. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Juez Séptimo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, al rendir el informe justificado aceptó el acto reclamado, y remitió constancias relativas al juicio familiar 172/2018-2, acumulado al diverso 06/2017-2, documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, es de aplicarse la jurisprudencia que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." También resulta cierto el acto reclamado al Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Estado de Morelos, Licenciadas en Psicología Nancy Jennifer Bahena Serrano y Lilia Camarillo Tafoya, adscritas a dicha responsable, no obstante hayan negado su existencia al rendir su informe justificado; sin embargo, de conformidad con el criterio inmerso en la tesis VI.1o.P.32 K, cuando a quien se le imputa haberlo ordenado lo acepta, indudablemente debe tenerse como cierto el acto reclamado a la ejecutora. Dicha tesis es VI.1o.P.32 K, Registro digital 184233, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 910, que dice: "ACTO RECLAMADO A LA AUTORIDAD EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SU EXISTENCIA DEPENDE DE SI LA ORDENADORA LO ADMITIÓ, Y DE SU LEGAL INTERVENCIÓN EN SU EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO O LA NEGATIVA DE SU EXISTENCIA, POR LO QUE NO ES APLICABLE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO. En la sustanciación del juicio de amparo directo, para determinar la certeza del acto reclamado a la autoridad ejecutora es suficiente que la autoridad señalada como ordenadora admita la existencia de la sentencia, laudo o resolución que ponga fin a un juicio cuya ejecución se reclama, a pesar de que la referida autoridad ejecutora hubiera omitido rendir su informe, o emitiéndolo hubiera negado su existencia, siempre y cuando esté entre sus facultades el cumplimiento de la misma. Lo anterior debido a que en los juicios de amparo directo sólo procede impugnar sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin a un juicio, así como su ejecución en vía de consecuencia lógico-jurídica y no por vicios propios, tal y como lo ha resuelto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO, CUANDO SE IMPUGNAN EN VÍA DE CONSECUENCIA Y NO POR VICIOS PROPIOS.". Esto es, ante la omisión del informe justificado de la autoridad señalada por el quejoso como ejecutora, ya sea porque no fue debidamente emplazada o porque habiéndolo sido no lo rindió, no puede presumirse cierto el acto a ella atribuido, conforme lo dispone el artículo 149 de la Ley de Amparo, debido a que éste sólo rige en la sustanciación del juicio de amparo indirecto, al no poderse hacer una aplicación extensiva del mismo precepto, toda vez que la naturaleza del juicio uniinstancial es diversa a la de aquél, puesto que, mientras en la vía directa los actos reclamados cuyo estudio se efectúa siempre deben ser reales y de existencia comprobada en autos, pues su análisis sólo puede hacerse mediante el examen de lo efectivo y expresamente expuesto por la responsable; en estas condiciones, de concederse el amparo, la ordenadora siempre deberá emitir un nuevo fallo, que desde luego trasciende a las autoridades ejecutoras; en la indirecta los actos de ejecución impugnables no siempre son reales, sino en ocasiones producto de una ficción jurídica y, en este último caso, en el supuesto de una concesión del amparo, fundada en la presunción del acto reclamado que sea inconstitucional en sí mismo, debe cumplirse con independencia de que efectivamente el acto sea existente, en razón de que, para efectos única y exclusivamente del juicio de amparo sí lo es, tal y como ya se ha pronunciado la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada número CXXXIV/98, cuyo rubro es: "SENTENCIA DE AMPARO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE REVOCAR EL ACTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL QUE SE TUVO POR CIERTO ANTE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y QUE EN SÍ MISMO ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS, CON INDEPENDENCIA DE QUE EFECTIVAMENTE LO HAYA EMITIDO."; lo que en la vía directa de ninguna manera podría operar, dado que la calificación de constitucionalidad del acto reclamado invariablemente dependerá de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el mismo. Por otro lado, y en el caso de que la responsable ejecutora al rendir su informe justificado hubiera negado la existencia del acto a ésta, también deberá tenerse por cierto, siempre que la ordenadora lo hubiere reconocido, y entre las funciones de la ejecutora esté el cumplimiento del referido acto debido a su naturaleza vinculativa con el de la ordenadora, en donde lo que se resuelva respecto de uno tiene que resolverse igualmente por lo que toca al otro, esto es, lo accesorio sigue la suerte de lo principal." CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. La improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa, sería imposible el examen de la litis planteada. Apoya lo expuesto, la tesis IV.3o.108 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-2, febrero 1995, foja 353, registro 208448, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS". Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: Mediante acuerdo de veinte de octubre de dos mil veinte, el juez responsable en lo que interesa acordó: ". Por otra parte, y en relación a que dicha dependencia manifiesta que se encuentra facultada para otorgar y coadyuvar en materia de trabajo social, valoraciones y sesiones en psicología y por lo que está en la mejor disposición de brindar terapias psicológicas a las menores de iniciales., en consecuencia y atendiendo a lo anteriormente expuesto se ordena girar atento oficio a dicha dependencia, para que tenga a bien designar a un perito en psicología;." Acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, que en lo que interesa es del tenor siguiente: ". Visto su contenido, se le tiene informando que se ha designado especialista en materia de psicología a favor de las infantes de iniciales., asimismo informa que se designó a la psicóloga Nancy Jennifer Bahena Serrano, adscrita a la Procuraduría, para que brinde el apoyo psicológico a favor de la menor de iniciales.; y a favor de la niña de iniciales., se designó a la psicóloga Liliana Camarillo Tafoya adscrita a la Procuraduría, fijándose para la citación de ambas menores el lunes veintitrés de noviembre de dos mil veinte, a las nueve horas.." Mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la juez natural acordó: ". Ahora bien, el auto antes emitido tiene como antecedente la respuesta que mediante oficio número PRONAF/URJ/358/2020, emitido por el M. D. . en su carácter de Procurador de Protección de Niñas,., respecto a lo solicitado mediante diverso oficio número 875 girado por este Juzgado. El oficio antes precisado tuvo por objeto poner en conocimiento la respuesta que mediante oficio. En consecuencia de lo anterior y en términos de lo que establece el artículo 60 fracción VII del Código Procesal Familiar, se ordena corregir dicha circunstancia, y se procede a regularizar el presente procedimiento desde el auto de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, únicamente en lo que respecta a las terapias psicológicas de las menores de iniciales., quedando intocado el resto del auto; en consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto legal alguno el auto de fecha tres de noviembre de dos mil veinte, donde se fija la citación para las terapias psicológicas de las menores en mención, así como la citación de las licenciadas en psicología.," Así de la narrativa de antecedentes se desprende que en el proveído de tres de noviembre de dos mil veinte, la responsable estableció día y hora para desahogar las terapias psicológicas a las menores ahora quejosas, a cargo de las psicólogas señaladas como responsables, asimismo, que mediante acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, la juez natural, determinó dejar sin efecto legal dicha diligencia, por el que precisa la quejosa ha cesado la citación de desahogar las terapias psicológicas a cargo de las menores quejosas de que se duelen, por ello, actualmente fueron canceladas. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí parte quejosa reclama en la instancia constitucional el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, que ordena y fija data para llevar a cabo terapias psicológicas a las menores de edad aquí quejosas, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, -acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte- tal acto reclamado quedó superado al haber dejado sin efectos dicha citación para terapias psicológicas de las menores, por lo que actualmente ha dejado de tener vigencia el acto reclamado al haber sido revocado por la responsable, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (doce de noviembre de dos mil veinte), la autoridad responsable no había emitido el acuerdo de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, que revocó el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte y en lo relativo al desahogo de las terapias psicológicas de las menores quejosas, también dejó sin efectos lo precisado en el diverso de veinte de octubre de dos mil veinte. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había cancelado la terapia psicológica a realizar por las psicólogas responsables a las menores de edad, lo que aconteció el diecinueve de noviembre siguiente, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy dieciséis de junio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por la responsable, a través del cual en vía de alcance a su oficio 1359 de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, remite diversas actuaciones que a su parte corresponde en apoyo a su informe con justificación; atento a lo anterior, únicamente agréguese el oficio de cuenta para que obre como corresponda toda vez que el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1009/2020, por lo que se encuentra en estudio para su respectivo proyecto de resolución; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Fórmese cuadernillo correspondiente y una vez dictada la sentencia en el juicio 1009/2020, glósese el mismo.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de marzo de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el escrito signado por Rosa Isela Nabor Pineda, por propio derecho y en representación de las menores de iniciales M.G.B.N. y A.C.B.N, a través del cual ofrece diversas pruebas documentales; al respecto, agréguese el escrito de cuenta para que obre como corresponda y con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se desahogan las documentales que ofrece, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas al momento procesal oportuno. En relación a su petición, en relación a la compulsa o certificación de las documentales que ofreció como prueba, provéase lo conducente en las piezas incidentales de que derivan del presente asunto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.

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