Rosa Isela Mora Bustillos

Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
894/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
12/01/2022

Partes del expediente

  • Rosa Isela Mora Bustillos

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, doce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de veintiocho de diciembre último, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Mora Bustillos; en tales condiciones, se declara que el mismo causó estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de su archivo, por ubicarse en el supuesto previsto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se desechó la demanda en el juicio de amparo, aunado a que no tiene relevancia documental. Asiéntense los anteriores datos en la carátula del presente expediente; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicio de amparo.

  2. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ROSA ISELA MORA BUSTILLOS, POR MEDIO DE LISTA, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO Número de expediente: 894/2021 Acuerdo: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, con residencia en esta ciudad, con el cual remite los autos originales del amparo indirecto 872/2021 de su índice, en el cual por auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, declaró carecer de competencia, toda vez que en la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, señala como autoridad responsable al Juzgado oficiante; y no obstante que dicho órgano jurisdiccional omitió pronunciarse respecto a la procedencia o no de la citada ampliación, en obvio de mayores dilaciones procesales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, al compartir el criterio de la superioridad declinante acepta tal competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al Juzgado Cuarto de Distrito del Decimoséptimo Circuito en vía de acuse de recibo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, a efecto de que se realice la compensación respectiva de este juicio de garantías. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el juicio de amparo 894/2021-VIII, que le corresponde en el libro que para tal fin se lleva en este Juzgado de Distrito. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; así se aprecia de su contenido, del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Cabe precisar que del análisis del escrito de demanda se advierte que el acto que reclama la promovente en esta vía de amparo indirecto es el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como la omisión por parte de las ejecutoras de registrar su cédula profesional en dicho sistema. En ese sentido, el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan: [.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal; [.] Del precepto legal antes transcrito, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, los numerales 94 y 100 de la Constitución disponen: [.] Del Poder Judicial Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. [.] Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. (.) De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente. [.] Los artículos citados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disponen en lo que interesa, que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme las bases que señala la Constitución, establezcan las leyes y, que será un órgano con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. Asimismo, refiere que las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en su contra, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. En ese orden de ideas, la parte quejosa señala como actos reclamados al Consejo de la Judicatura Federal, el Acuerdo General 24/2005 de su Pleno, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como la omisión por parte de las autoridades ejecutoras de registrar su cédula profesional en dicho sistema. Sin embargo, como se dispone en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que las medidas que adopte son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, ya que para tal efecto se instituyó un medio de defensa específico. Por ende, es claro que el consejo al realizar actos y emitir disposiciones de carácter general con relación a la administración de justicia, en este supuesto, el acuerdo que nos atañe, referente a la digitalización de cédulas profesionales en el sistema computarizado del Poder Judicial de la Federación, cumple con las facultades en el ámbito administrativo conferidas constitucionalmente, por lo que hace improcedente el juicio de amparo. Sin que en el caso se actualice la hipótesis de excepción contenida en tal criterio, pues se insiste, lo que se pretende cuestionar en la demanda de amparo es el ejercicio de las facultades constitucionalmente conferidas al Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito administrativo, respecto del registro de las cédulas profesionales de los licenciados en derecho que deseen representar a sus clientes en los juicios llevados a cabo ante los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación. De esta manera, aun cuando la disconforme tiene reconocido el derecho de acudir ante los tribunales a que sus derechos sean decididos por un Juez imparcial e independiente, así como de combatir, a través del juicio de amparo, los actos que estimen violatorios de sus derechos humanos, a efecto de garantizar el acceso a la justicia, tratándose de la impugnación de las decisiones que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las atribuciones constitucionales que tienen encomendadas, opera una restricción constitucional al ejercicio de esos derechos, que el Constituyente estimó válida, atento las finalidades que se persiguen con el establecimiento de esa institución como órgano límite respecto de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como último órgano de decisión para los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. En ese tenor, si a nivel constitucional existe restricción para cuestionar las determinaciones que en sede administrativa ejerce el Consejo de la Judicatura Federal, ello conlleva la improcedencia del juicio de amparo aquí intentado. En consecuencia, la demanda que se analiza es notoria, manifiesta e indudablemente improcedente de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con los dispositivos 94 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la legislación de la materia, se desecha de plano la demanda respecto de los actos que reclaman al Consejo de Judicatura Federal. Aunado a lo anterior, no se contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados. Además, esta determinación es acorde a lo que establece el artículo 1° constitucional en el cual se encuentra el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues no obstante la existencia de dichas instituciones jurídicas, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. Y sin que pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En esa tesitura, tocante a los actos que atribuye a las diversas autoridades que designa como responsables Jueces Cuarto, Sexto, Séptimo y Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua, todos del Decimoséptimo Circuito con residencia en esta ciudad, consistentes los primeros dos en la omisión de otorgarle el carácter de autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en diversos juicios de los índices de esos órganos jurisdiccionales por no contar con el requisito de registrar su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como la omisión de los Juzgados Séptimo y Noveno de Distrito mencionados, de registrar su cédula en el sistema que nos atañe; partiendo del marco jurídico previamente establecido en cuanto que la administración de estos órganos está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se hace extensiva la causa de improcedencia de previa mención, toda vez que los requisitos establecidos y seguidos por estos órganos jurisdiccionales para el registro en los sistemas computacionales de los órganos de justicia federales, encuentran su fundamento en el acuerdo 24/2015 emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y señalado como acto reclamado, por el cual se decretó la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, infórmese a las partes que desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias, incluso certificadas, previa constancia de entrega-recepción que se deje en autos. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la parte quejosa deberá generar cita a través del sistema "Agenda OJ"; sistema que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. En el entendido de que tal autorización excluye la reproducción que documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en calle Tomás Alba Edison, número 1510-201, del fraccionamiento Américas, en esta ciudad y como autorizados en términos restringidos al licenciado Oscar Lara Moreno y a la licenciada Sandra Liliana Morales Caldera, por no contar con cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y así solicitarlo. Por lo que respecta a los correos electrónicos que señala en su demanda, ténganse únicamente como nueva forma de contacto, de conformidad con el artículo 2°, fracciones I y IX del Acuerdo General 1/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, del que se advierte que la utilización del correo electrónico, solo será utilizado como medio de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Asimismo se le tiene autorizando la consulta remota con usuario "rosaimorab". En atención a lo anterior, se autoriza el acceso al expediente electrónico correspondiente al presente juicio; por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice el registro y autorización correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de la materia, atendiendo al nombre de usuario proporcionado. Finalmente, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se emitan, o bien, en caso de que se presenten de manera electrónica, proceda a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente; así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo; en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar toda aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,163 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano