Rosa Isela Martínez

Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
476/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Rosa Isela Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  3. Principal

    Audiencia Constitucional. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las nueve horas con veinte minutos del treinta de mayo de dos mil veintidós, el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, junto con el secretario de acuerdos Gamaliel Sánchez Cruz, procede a celebrar la presente audiencia constitucional, con asistencia de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado. Relación de constancias. El secretario de acuerdos hace una relación de las constancias que obran en el juicio de amparo 476/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) demanda de amparo, (ii) auto admisorio dictado el veintiséis de abril de dos mil veintidós (iii). Acto seguido, la representante Social Federal adscrita, manifiesta: en virtud de que las autoridades responsables, Presidente Municipal, Regidor de Mercados y Comandante de la Policía Municipal, todos de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, a la fecha no han rendido su informe justificado, solicito se ordene al secretario de este juzgado, traiga a la vista el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo y certifique el sentido de los informes previos que hayan rendido tales autoridades, y que el resultado se tenga como prueba de su parte en esta audiencia constitucional. El Juez de Distrito acuerda: con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, atento a lo solicitado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, se ordena al secretario realice la certificación correspondiente; asimismo, téngase como prueba de su parte el resultado de la misma y agréguese a los autos copia certificada de lo conducente. En cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículo 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el secretario certifica: que en este juicio de amparo, no obran los informes justificados de las autoridades responsables Presidente Municipal, Regidor de Mercados y Comandante de la Policía Municipal, todos de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca; sin embargo en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, existen los informes previos rendidos por el Presidente Constitucional, el Comandante de la Policía Municipal, y el Regidor de Mercados, todos de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, en relación a los actos que la parte quejosa les reclama. Téngase por hecha la certificación con que da cuenta el secretario; se ordena pasar a la siguiente etapa. Etapa probatoria. El secretario da cuenta con las documentales que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda. El Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas antes relacionadas. Con la precisión que tales medios de convicción, se desahogan de la siguiente manera: Todas y cada una de las documentales allegadas por las partes que intervienen en el juicio constitucional, por su propia y especial naturaleza. Por otro lado, toda vez que no existe diverso medio de prueba que desahogar, se cierra el periodo de pruebas. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. Consecuentemente, como no existen diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia constitucional firmando quienes en ella intervinieron. EL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA. LIC. RICARDO ALFONSO MORCILLO MOGUEL. (firma electrónicamente) LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA. LIC. ROSARIO AZUCENA SEBASTIÁN VELASCO (firma físicamente) EL SECRETARIO LIC. GAMALIEL SÁNCHEZ CRUZ. (firma electrónicamente) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, después de haber analizado los aspectos que son materia de estudio en este asunto, emite la siguiente: S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 476/2022 promovido por Rosa Isela Martínez, en contra de los actos del Presidente, Síndico, Regidor de Mercados y Comandante Municipales de Santos Reyes Nopala, Oaxaca. ANTECEDENTES Según consta en autos, la quejosa narró en su demanda de amparo que reclama: Del Presidente, Síndico, Regidor de Mercados y Comandante Municipales de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, la orden verbal o escrita de desalojo, así como la negativa de reubicar su caseta comercial ubicada en el exterior del mercado municipal "Los Reyes" en Santos Reyes Nopala, Oaxaca. Por ello, estima que esos entes públicos violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 5, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Rosa Isela Martínez, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. La quejosa señaló como autoridades responsables en su doble carácter, al Presidente, Síndico, Regidor de Mercados y Comandante Municipales de Santos Reyes Nopala, Oaxaca Por acuerdo de esa propia fecha, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto y registró el escrito de demanda bajo el expediente 476/2022; se admitió a trámite el ocurso de demanda, por lo que se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme reclama: Del Presidente, Síndico, Regidor de Mercados y Comandante Municipales de Santos Reyes Nopala, Oaxaca: La orden verbal o escrita de desalojo, así como la negativa de reubicar su caseta comercial ubicada en el exterior del mercado municipal "Los Reyes" en Santos Reyes Nopala, Oaxaca. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS El Presidente Municipal, Regidor de Mercados y Comandante de la Policía Municipal, todos de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, negaron la existencia del acto reclamado, sin que el quejoso hubiese ofrecido prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, el suscrito determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Por su parte, el Síndico Municipal de Santos Reyes Nopala, Oaxaca, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, dicha negativa se encuentra desvirtuada de la lectura integral del informe en cuestión, del que se desprende que realizó manifestaciones que evidenciaron la existencia del mismo, como lo es que en el mercado "Los tres Reyes" de la población de Santos Reyes Nopala, se encuentra deteriorado a causa de sismos, por lo cual se decidió demoler dicho inmueble y construir uno nuevo. Al respecto, es conveniente citar el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de mil novecientos noventa y cuatro, página trescientos noventa y uno, el cual es del tenor siguiente "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." PROCEDENCIA En este apartado se analizarán las causales de improcedencia alegadas por las partes o las advertidas por este Juzgador, de conformidad con lo previsto. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553 del Tomo VI, Parte TCC, cuyos datos de identificación son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa medida, este Juzgador considera que respecto de la orden de desalojo y negativa de reubicar la caseta comercial ubicada en el exterior del mercado municipal "Los Tres Reyes" en Santos Reyes Nopala, Oaxaca, se actualiza la causal prevista en el numeral 61, fracción XII, en relación con los articulos 5 y 6 todos de la Ley de Amparo. La causal se actualiza porque la quejosa no acredita el derecho subjetivo que los vincula con el bien inmueble materia del acto reclamado, conforme a la explicación que sigue. El numeral 61, fracción XII, en relación con el articulo 5 y 6 todos de la Ley de Amparo, establecen, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia" La figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido en el artículo 5°, fracción I, en relación con el 6°, ambos de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional. Así, el interés jurídico necesario para promover el juicio de amparo contra leyes o actos de autoridad solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, por grave que éste pudiera parecer; esto es, el interés jurídico está en relación directa con el derecho afectado y el promovente del juicio de amparo es el que debe ser el titular de tal derecho. La tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos; por ello, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Interés jurídico que debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia emitida en dicho juicio, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Entonces, la comprobación del interés jurídico tiene que vincularse directamente con el bien que se dice afectado, es decir, con el carácter con que acude el quejoso al juicio de amparo, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado. Es aplicable, las tesis de jurisprudencia con rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS e INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE" Ahora, en relación con el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el acto reclamado debe causar perjuicio a la persona física o moral, lo que ocurre cuando ese acto o ley lesiona su esfera jurídica, en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias". Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo en forma definitiva a la persona física o moral, ello implica que el agravio que resienta el gobernado deber ser actual y, por tanto, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De acontecer así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo. En este caso, Rosa Isela Martínez, por propio derecho, reclama la orden de desalojo y negativa de reubicarla la caseta ubicada en el exterior del Mercado "Los Tres Reyes" del municipio de Reyes Nopala, Oaxaca. Sin embargo, la parte quejosa no exhibe la documental que acredite el derecho subjetivo que existe con la caseta de comercio que refiere, como lo puede ser un justo título que acredite la posesión y el permiso o licencia para tener un puesto en el mercado de referencia a la fecha de los actos reclamados. Esto es así, porque la figura del desalojo y reubicación de caseta comercial incide en el derecho de posesión, por lo cual para que sea susceptible de analizarse en este juicio es menester que quien acuda a la vía constitucional, acredite la posesión jurídica del inmueble, no únicamente la referencia que dé cuenta de la posesión material. Orienta el criterio siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS EXIGENCIAS PARA SU ACREDITAMIENTO DEBEN ATENDER AL DERECHO AFECTADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y PECULIARIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y CON LA MATERIA NORMATIVA DEL CONTEXTO EN QUE SE GENERE. Las exigencias para acreditar el interés jurídico, como presupuesto de legitimación para el juicio de amparo, no deben atenderse desde una perspectiva abstracta o genérica y en relación con cualquier tipo de derecho de manera indiscriminada, sino en función al derecho afectado de acuerdo con la naturaleza y peculiaridad del acto reclamado y a la materia normativa del contexto en que se genere. Así, por ejemplo, si se reclama una supuesta desposesión derivada de una orden de aseguramiento dentro de una averiguación previa, es evidente que el tema de eventual afectación por el aseguramiento es la posesión y no necesariamente la propiedad o el ejercicio de otro tipo de derecho inherente al ámbito civil o administrativo, y esa circunstancia debe atenderse sin ignorar los propios datos que de las constancias puedan advertirse en cada caso, de modo que aun bajo el criterio de la apariencia del buen derecho, es válido percibir que es precisamente ese aspecto posesorio sobre el bien el que se involucra con el debate de fondo del planteamiento constitucional que se propone, de ahí que el interés jurídico respectivo para la procedencia del amparo deba igualmente justificarse en ese contexto" En ese sentido, a efecto de acreditar la afectación a su interés jurídico la quejosa exhibió los siguientes documentos: Copia certificada de su credencial para votar, expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Licencia municipal de funcionamiento de trece de marzo de dos mil veinte, a favor de la quejosa para el giro comercial de venta de tacos, agua y refrescos, con la razón social "Taquería Rosy", ubicado en el exterior del Mercado "los 3 Reyes", Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Documentos con los que únicamente acredita que la quejosa es quien dice ser y que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, tuvo permiso por parte del municipio de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, para realizar la venta de tacos, agua y refrescos en el exterior del mercado municipal denominado "los Tres Reyes"; sin embargo, no acredita que a la fecha de los actos que reclama cuente con el permiso vigente anteriormente indicado. En ese sentido, al impugnar la constitucionalidad de la orden de desalojo o negativa de reubicación de la caseta comercial que aduce, la quejosa debió de demostrar que es propietaria de dicho comercio y que también que cuenta con los permisos y/o licencia vigente, para operar el puesto con giro de venta de tacos, agua y refrescos, que defiende a la fecha del acto reclamado, en este caso, el correspondiente al año dos mil veintidós; de ahí que resulta evidente que carece de interés jurídico para promover el presente asunto. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, con sustento en el precepto 63, fracción V, de la ley invocada. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: UNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo que promovió Rosa Isela Martínez, por propio derecho, por las razones expuestas en este fallo. NOTIFIQUESE.

  4. Incidental

    Audiencia incidental. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a las diez horas con treinta minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca con el secretario Gamaliel Sánchez Cruz, quien autoriza y da fe, procede a celebrar la presente audiencia incidental, sin la comparecencia de las partes. Relación de constancias. A continuación, el secretario hace una relación de las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 476/2022, entre las que se encuentran las siguientes: (i) copia simple de la demanda de amparo, (ii) acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintidós, donde se negó la suspensión provisional solicitada y (iii) los informes previos rendidos por las responsables. Acto seguido, Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias. Etapa probatoria. En esta etapa se hace relación de las documentales exhibidas por la quejosa con su demanda de amparo, se cierra el período probatorio, para pasar a la etapa de alegatos. Etapa de alegatos. En esta etapa se hace constar que ninguna de las partes formuló alegato alguno; por lo que no habiendo diligencias pendientes por desahogar, se da por concluida la presente audiencia y se procede a dictar la siguiente: RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 476/2022, promovido por Rosa Isela Martínez en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la quejosa, las autoridades judiciales señaladas como responsables dictaron orden verbal o escrita de desalojo de su caseta comercial ubicada en el exterior del mercado municipal "Los Tres Reyes" en Santos Reyes Nopala. Por ello, estima que dichas autoridades violan en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el veintiséis de abril de dos mil veintidós. La parte quejosa señaló como autoridades responsables en su doble carácter de ordenadoras y ejecutoras al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Regidor de Mercados y Comandante de la Policía Municipal, todos de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, a quienes reclamó la orden verbal o escrita de desalojo de su caseta comercial ubicada en el exterior del mercado municipal "Los Tres Reyes" en Santos Reyes Nopala. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 476/2022 y fue admitida el veintiséis de abril de dos mil veintidós. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y SUSPENSIÓN DEFINITIVA Las autoridades responsables rindieron sus informes previos en el sentido siguiente: AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME El Presidente Constitucional de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Niega El Síndico Procurador Municipal de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Niega El Regidor de Mercados de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Niega El Comandante de la Policía Municipal de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca. Niega Sin embargo, dichas negativas se desvirtúan dados los argumentos vertidos en los citados informes. V. ANALISIS SOBRE LA CONCESIÓN o NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA Este juzgador reitera la decisión tomada en el acuerdo de veintiséis de abril de este año, donde se negó la suspensión provisional, pues aún existen las mismas razones para afirmar la necesidad de negar la medida cautelar, pero ahora de forma definitiva. Ahora bien, para determinar si procede conceder o negar la suspensión definitiva, primero debe considerarse lo siguiente: Para estar en condiciones de proveer sobre la suspensión definitiva del acto reclamado, es conveniente establecer que de la interpretación armónica de la fracción I, del artículo 128, en relación con el 138, ambos de la ley de Amparo, la medida cautelar procede a petición de parte, y el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre ella, en los términos y para los efectos que lo solicite la parte quejosa. Sirve de apoyo, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 92/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 389, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA UN EFECTO DIVERSO AL SOLICITADO POR EL QUEJOSO. Para que proceda la suspensión a petición de parte, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita y las razones por las cuales debe proceder; sin embargo, la Ley de Amparo no especifica los términos para los cuales debe concederse. Ahora bien, una vez que el juzgador determina que procede conceder la suspensión del acto reclamado, puede hacerlo para un efecto diverso al solicitado por el quejoso, a fin de conservar la materia de la controversia y evitar que sufra afectaciones en su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto. En este sentido, el artículo 147 de la Ley de Amparo establece que los jueces deben fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar medidas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, de tal manera, limitar a los jueces a conceder la medida suspensional para un efecto que, a pesar de haberse solicitado, no sea el idóneo para preservar la materia del juicio o no le dé la mayor protección al quejoso, sería contrario a su objetivo principal. En efecto, los jueces deben tener la facultad de modificar los términos en que fue solicitada la suspensión, ya que así pueden actuar de la forma más favorable para el quejoso, protegiendo el orden público y el interés social. En este sentido, el artículo 154 de la Ley de Amparo, señala que la resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive. Por tanto, por mayoría de razón, si la ley de la materia dispone que la resolución que conceda o niegue la suspensión puede ser modificada de oficio cuando se presente un hecho novedoso, resulta evidente que los juzgadores tienen la misma facultad de modificar lo solicitado por el quejoso al concederla". En ese tenor, debe precisarse, por principio que la quejosa Rosa Isela Martínez, reclama la negativa de reubicar su caseta comercial a un espacio digno; asimismo, solicita la suspensión del acto reclamado de forma genérica. En ese contexto, este Juzgado Federal considera que debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 128 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, dado que la inconforme no aportó el documento idóneo que acredite al menos de modo presuntivo que es propietaria o poseedora de la caseta que aduce; esto es, la quejosa no acredita cuando menos en forma presuntiva que es propietaria o poseedora de la caseta de mérito; motivo suficiente para que la promovente no acredite el interés o afectación sobre el acto que reclama, al no comprobar ni siquiera de forma indiciaria el derecho cuya titularidad invoca. No obsta el hecho que haya adjuntando copia certificada de la licencia municipal de funcionamiento expedida a su favor por el Presidente Municipal de Santos Reyes Nopala, Juquila, Oaxaca, ya que ésta fue vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa, pues no acredita con documento fehaciente que cuente con justo título y suficiente que demuestre la causa generadora del derecho que reclama, ni aun de manera indiciaria. Tiene aplicación al efecto, lo determinado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja 222/91, de la que derivó la siguiente tesis aislada: "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA OBTENERLA ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA INDICIARIA EL DERECHO CUYA TITULARIDAD SE INVOCA. Para el otorgamiento de la suspensión provisional, se requiere que el quejoso en el juicio de garantías demuestre, cuando menos en forma indiciaria, que es titular de algún derecho, sea propiedad, posesión, etcétera. En caso contrario debe concluirse que no surten los requisitos de procedencia que establece el artículo 124, fracciones I y III, de la Ley de Amparo; pues, en primer lugar, no se tiene la certeza de quien solicita la suspensión sea "agraviado"; y, además, tampoco se puede afirmar que la ejecución de los actos reclamados le cause daños y perjuicios de difícil reparación". Así como, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO. EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR SU INTERES JURIDICO. Para solicitar la suspensión de los actos reclamados con el fin de evitar que las consecuencias o resultado del mismo se realicen en tanto dure el juicio de amparo, debe el quejoso demostrar que es titular de los derechos que se le pretenden afectar con la ejecución del acto reclamado y con ello su interés jurídico". Aunado a ello, de conceder en los términos solicitados la suspensión definitiva, sin que la quejosa acredite al menos de modo indiciario la titularidad del derecho que aduce, se constituiría un derecho a favor del justiciable, lo que se opondría al interés social, que está por encima del interés personal del peticionario del amparo. En consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva solicitada. Mientras no existan elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada, no hay razón para dudar sobre la presunción de legalidad del acto reclamado. Con base en lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se niega a Rosa Isela Martínez la suspensión definitiva solicitada por las razones expresadas en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese.

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