Rosa Isela Hernández Rodríguez
Expediente 1319/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 19 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1319/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 19/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosa Isela Hernández Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1319/2021-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E- NO SE FORMA EXPDIENTE YA QUE SE COSTURA AL DIVERSO AMPARO 1272/2021-2. En este apartado se hace la aclaración que no se formara cuaderno respectivo, dado que el expediente en que se actúa 1319/2021-1, se acumulara al 1272/2021-2, y los dos expedientes obran en este órgano jurisdiccional y con ello evitar trámites innecesarios. ACUMULACIÓN Vista la certificación que antecede, se advierte que en este juzgado de distrito se encuentra radicada la demanda de amparo a la cual se le asignó el número 1272/2021-2, promovida por ***, quien señaló el mismo acto reclamado y las mismas autoridades responsables que en el expediente en que se actúa 1319/2021-1, consistentes en: Atento a lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar la ACUMULACIÓN del juicio de amparo en que se actúa al diverso 1272/2021-2, promovido por ***, quien señaló como autoridad responsable en su carácter de ordenadora al Juez Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo y como acto reclamado, "la omisión de la autoridad responsable de brindarle servicios de salud y servicios médicos que forman parte de la obligación alimentaria y que viola en mi perjuicio el derecho a la salud que por mandato constitucional goza, consagrado en el artículo 4° constitucional", dada la conexidad e íntima relación que existe entre ambos juicios de amparo, al reclamarse el mismo acto derivado del mismo expediente de origen (1184/2016 del índice del Juzgado Segundo Familiar de Tula de Allende, Hidalgo). Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contemple precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido y texto se leen: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.' En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman los mismos actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la prescripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se considera que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en ellas se reclaman lo que se precisa en sus respectivos escritos iniciales de demanda y que se omiten trascribir en obvio de repeticiones inútiles. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previo de los asuntos, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, lo procedente ES DECRETAR LA ACUMULACIÓN correspondiente, consecuentemente, glósense el presente expediente 1319/2021-1 al diverso 1272/2021-2; hágase del conocimiento de las partes esta circunstancia. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En el mismo sentido, por las consideraciones jurídicas que la informan, sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 997, del Semanario Judicial de la Federación LXXVI, Quinta Época, del rubro y contenido siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: 'En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Realícense las notificaciones, aún las de carácter personal por medio de lista, lo anterior hasta en tanto, señale domicilio dentro de la residencia de este Juzgado, y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al profesionista que indica, al acreditar contar con registro de cédula en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, únicamente se le tiene proporcionando correo electrónico para efecto de que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario, conforme lo prevé el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior para los efectos legales correspondientes. USUARIO ELECTRÓNICO Asimismo, se autoriza la consulta del expediente electrónico en el que se actúa al usuario oscarlugo de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y procesos de oralidad. Por tanto, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que realice los trámites necesarios a fin de que se logre la consulta vía internet del expediente en que se actúa. Por única ocasión, en obvio de mayores dilaciones procesales se comisiona al actuario a efecto de que realice la presente notificación a la parte quejosa través del usuario antes señalado y lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la residencia de este juzgado, apercibido que en caso de no hacerlo se le seguirán teniendo las listas de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale uno nuevo. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" En otro orden, con fundamento en el artículo 1°, fracción I, último párrafo, del referido Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO En otro contexto, de conformidad con el artículo 2°, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020, requiérase a las partes (quejoso, tercero interesado y autoridades responsables) a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que así se estime necesario. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del diez de mayo del año en curso, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. 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