Rosa Isela Hernandez Ramirez

Expediente 150/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
150/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
02/06/2023

Partes del expediente

  • Rosa Isela Hernandez Ramirez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, dos de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa ***, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, transcurrió del diez al veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, con exclusión de los días trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo del año en curso, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, cumple el requerimiento dictado en auto de diecinueve de abril del presente año. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copia de diversas constancias que obran en el expediente laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Rosa Isela Hernández Ramírez, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades siguientes: 1. Al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la dilación procesal de la admisión de demanda en el juicio laboral ***. 2. Al Actuario del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de emplazar a la demandada al juicio laboral ***. Ahora bien, las autoridades responsables, en su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias conducentes del expediente laboral ***, de las que se advierte la imposibilidad de admitir la demanda laboral y notificar a la parte demanda, dado que la parte trabajadora no había cumplido con la prevención decretada en auto de cinco de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, de las constancias que anexó el Juez responsable en el oficio de cuenta, se advierte que en auto de trece de abril del presente año, se admitió a trámite la demanda laboral promovida por ***, Asimismo, en diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento a la demandada ***, a juicio laboral ***. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue admitida la demanda laboral *** y también emplazada a juicio la parte demandada, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA ROSA ISELA HERNÁNDEZ RAMÍREZ, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO DENTRO DE LOS DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO FIJADO EN PUERTA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, PARA NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 150/2023, DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE CAMPECHE, CON RESIDENCIA EN CIUDAD DEL CARMEN, EL ACUERDO A NOTIFICAR SE TRANSCRIBE. MESA II "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el oficio *** de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, cumple el requerimiento dictado en auto de diecinueve de abril del presente año. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento, y al efecto remite copia de diversas constancias que obran en el expediente laboral ***. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, Rosa Isela Hernández Ramírez, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veintitrés en la Oficialía de Partes de éste Juzgado, promovió demanda de amparo contra actos de las autoridades siguientes: 1. Al Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la dilación procesal de la admisión de demanda en el juicio laboral ***. 2. Al Actuario del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, a quien le reclamó la omisión de emplazar a la demandada al juicio laboral ***. Ahora bien, las autoridades responsables, en su informe justificado manifestaron que no son ciertos los actos reclamados por el quejoso. Asimismo, remitieron copia certificada de las constancias conducentes del expediente laboral ***, de las que se advierte la imposibilidad de admitir la demanda laboral y notificar a la parte demanda, dado que la parte trabajadora no había cumplido con la prevención decretada en auto de cinco de abril de dos mil veintidós. Por otra parte, de las constancias que anexó el Juez responsable en el oficio de cuenta, se advierte que en auto de trece de abril del presente año, se admitió a trámite la demanda laboral promovida por ***, Asimismo, en diligencia de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se llevó a cabo el emplazamiento a la demandada ***, a juicio laboral ***. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Bajo ese contexto, en razón de que ya fue admitida la demanda laboral *** y también emplazada a juicio la parte demandada, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originó la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del ocho de mayo de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, secretario de juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA II..."Ciudad del Carmen, Campeche, diecinueve de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio ***, de la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, remitió copia certificada del expediente ***. Por otra parte, del análisis de del expediente laboral ***, se advierte que en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, la Subprocuradora Estatal de la Defensa del Trabajo solicitó a la autoridad responsable el domicilio de la parte trabajadora en el citado expediente, con la finalidad de nombrar a un licenciado en derecho adscrito a dicha dependencia, para que actúe en representación de la trabajadora, en virtud de lo anterior la autoridad responsable ordenó girar oficio al Centro de Conciliación Laboral Ciudad del Carmen, solicitando que le informen el domicilio o le remitieron documento donde se aprecie el domicilio particular de la actora ****. Ahora bien tomando en cuenta que el acto reclamado consiste en la omisión de emplazar a la parte demandada, lo que conforme a las constancias del juicio de origen no se ha podido lograr, dado que se encuentra pendiente de designar a la persona que represente en juicio a la parte trabajadora. Por tanto, para un estudio completo del fondo del asunto, resulta necesario contar con el estado procesal en que se encuentra actualmente el expediente ***, esto es, si la autoridad requerida Centro de Conciliación Laboral Ciudad del Carmen, dio contestación a lo solicitado por el Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, además es necesario saber si la demanda laboral, fue admitida y en su caso, las constancias de emplazamiento a la parte demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, para que dentro del plazo de tres días hábiles remita a este órgano jurisdiccional copias certificadas de las actuaciones realizadas posterior al acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés. Se apercibe a la Jueza del Juzgado Laboral del Poder Judicial del Estado de Campeche, que de no dar cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO DEL OCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese por lista a las partes; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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