Rosa Isela García Chávez y Otros.
Expediente 1148/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1148/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rosa Isela García Chávez y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA II B Vistos los autos, y advirtiéndose de la certificación que antecede, que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de once de agosto del año en curso (fojas 19 a 22), por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Rosa Isela García Chávez, José Yamil Tirado García y Cirenia Ronquillo Antonio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Con el escrito de demanda de amparo promovida por Rosa Isela García Chávez y otros contra actos del Superintendente General de la Comisión Federal de Electricidad División de Distribución Oriente, zona Papaloapan, y otros entes señalados como responsables, fórmese expediente, y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1148/2015. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. En el caso, el análisis integral de la demanda de amparo permite conocer que los quejosos, reclaman de diversos Directivos y de un apoderado de la Comisión Federal de Electricidad: el corte del servicio de suministro de energía eléctrica efectuado el diecisiete de julio de dos mil quince a tres cuentas a su nombre, respectivamente. Al respecto, argumentan que son consumidores del servicio de suministro de energía eléctrica, que tiene contratado el mismo con la Comisión Federal de Electricidad, que se encuentran al corriente en sus pagos y, sin embargo, su proveedor, el diecisiete de julio de dos mil quince, de manera arbitraria, sin aviso previo y sin fundamento legal procedió a suspenderles la prestación de sus servicios. Con los datos que se advierten de la demanda, el suscrito advierte que se actualizan las causas de improcedencia siguientes: En principio, la prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5 fracción II del mismo ordenamiento. De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública su fuente, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio de este juzgador, en relación al acto reclamado por los quejosos consistente en: el corte del servicio de suministro de energía eléctrica efectuado el diecisiete de julio de dos mil quince a tres cuentas a su nombre, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que éste, no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni uno que se le pueda equiparar, por lo que en su caso, deben impugnarse ante la potestad judicial ordinaria. Es conveniente establecer, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, e incluso los fideicomisos públicos (verbigracia, la Comisión Federal de Electricidad), que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público o un particular de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Sin embargo, la circunstancia de que el la Comisión Federal de Electricidad haya cortado o suspendido el suministro de energía eléctrica que dicen los quejosos les provee; no es razón suficiente para que tal proceder deba considerarse un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o uno de particular que se le equipare, por derivar precisamente del contrato de prestación de servicios correlativo, el cual tiene naturaleza mercantil. Ello, toda vez que las obligaciones derivadas de la contratación, como lo relativo a facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, periodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica; y los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías de duración de contrato, fecha límite de pago, horario de suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, causas de modificación o terminación del contrato, y la autorización expresa del usuario para que se realicen revisiones y verificaciones, constituyen condiciones del contrato que derivan. Y de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, tales cuestiones derivadas del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, como acontece en el caso de corte o suspensión del servicio, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo, la tesis aislada 2a. XLII/2015 (10a.), que constituye el último criterio de la Suprema Corte de Justicia de Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación relativo al mes de junio de dos mil quince, en relación a si los actos derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, deben considerarse actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, y en la que se determinó que tienen naturaleza comercial, y en consecuencia deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. [Época: Décima Época, Registro: 2009410, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 2a. XLII/2015 (10a.), Página: 1071] Luego, es posible advertir que el acto reclamado es consecuencia de una relación contractual mercantil, en donde la empresa oficial no actúa con carácter de autoridad, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que debe hacer valer sus prerrogativas respecto del contrato de suministro de energía eléctrica a sus domicilio, y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, no obstante que se trata de un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, la parte quejosa esta en aptitud legal de acudir ante los Tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del contrato comercial con ellos celebrado en su calidad de consumidor; lo que permite vislumbrar, de manera notoria, manifiesta e indudable que los reclamados no constituyen actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo. Por otra parte, no obstante que el acto reclamado pudiera considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, lo cierto es que la demanda sería extemporánea, toda vez que los quejosos manifestaron bajo protesta de decir verdad, que se enteraron del corte o suspensión reclamado el diecisiete de julio de dos mil quince, por lo que al día hábil siguiente (del que se hicieron sabedores) inicio el término genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para instar el juicio constitucional, por lo que es inconcuso que este concluyó el siete de agosto del año en curso, siendo que el líbelo inicial se presentó el diez de agosto siguiente. Así que la demanda también resulta notoriamente improcedente el términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene como domicilio de la quejosa para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo, y por autorizados con las amplias facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto González Escamilla, Marco Antonio Camarena Ramos y Hugo Francisco Dehesa Sánchez, por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y toda vez que las restantes personas no cumplen con ese requisito y el presente asunto es en materia administrativa, se les tiene por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente.
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