Rosa Isela Cedillo González
Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 310/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Isela Cedillo González
Actuaciones
- Principal
archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Visto el escrito de demanda de amparo signado por Rosa Isela Cedillo González, contra actos de la fiscal Primero Orientador de la Unidad de Atención Temprana, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la promovente señaló como acto reclamado: - La negativa para imponerse de los registros y actuaciones de la carpeta de investigación 456/2018 del índice administrativo del fiscal responsable. Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De los preceptos invocados, se advierte que el principio de definitividad en el juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el impetrante, el amparo es improcedente. Luego, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del peticionario de amparo de agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, el medio de defensa tendente a revocar o modificar los actos lesivos. El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Asimismo, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa: Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. El citado precepto constitucional, guarda estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.] De lo transcrito se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el fiscal en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo, para que en caso de ser procedente ordene a la autoridad ministerial subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución como la norma ordinaria establecieron que las omisiones en las que incurra el fiscal durante la etapa de investigación del delito deben impugnarse ante el juez de Control. Lo anterior implica que, a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional y, posteriormente, consignaba el asunto a un juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del juez de Control con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el fiscal en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente en su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el fiscal dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 3. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De los preceptos legales transcritos resulta patente que el juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el fiscal es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto la quejosa, en su calidad de víctima u ofendida de un delito, señala como acto reclamado la negativa por parte de la autoridad responsable para imponerse de los registros y actuaciones de la carpeta de investigación 456/2018 de su índice administrativo, resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la accionante del amparo debe acudir ante el juez de Control competente e impugnar la negativa, omisiones o actos que a su criterio ha cometido el fiscal responsable, para que así, el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al fiscal la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, el acto que por esta vía se combate, se trata de una actuación que está relacionada con el desempeño de la labor investigadora por parte del fiscal responsable, por lo que se estima sujeto a control judicial, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que el juez de control verifique si el agente del Ministerio Público investigador cometió o no alguna negligencia en el desempeño de sus funciones durante la etapa de investigación y, en su caso, conminarlo a que cese ese estado de las cosas. Por lo que, si tanto en la norma fundamental como en la ordinaria se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el juez de Control para que, de ser procedente, conmine al fiscal para que realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos delictivos puestos a su consideración, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo la promovente debió comparecer ante el juez de Control correspondiente a impugnar la negativa en que a su consideración incurrió el fiscal responsable. Lo anterior es acorde con la naturaleza de la nueva figura del juez de Control, pues, como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación los derechos previstos en favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el fiscal no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa de investigación. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el fiscal incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación el ofendido o víctima se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo para hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente en favor del juez de Control. La anterior determinación encuentra mayor sustento en las jurisprudencias de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a letra versan de la siguiente manera: En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del citado acto reclamado, atento su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la legislación que rige el procedimiento. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
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