Rosa Isela Castro Islas
Expediente 426/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 426/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Isela Castro Islas
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, se declara que la expresada resolución que SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21 del capítulo Octavo del acuerdo general sin número de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el inciso a) del citado precepto 21, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere el precepto citado. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que NO TIENE RELEVANCIA DOCUMENTAL, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.
- Principal
(...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 426/2023-I del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ****, contra los actos reclamados de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción. (...) QUINTO. Causas de improcedencia La improcedencia es un concepto que se relaciona con la falta de oportunidad, fundamento o derecho de un acto jurídico, o bien, con la falta de pertinencia, admisibilidad u oportunidad de un acto o pretensión. En cumplimiento a lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional considera que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia atinente a la cesación de efectos del acto reclamado. En efecto, la cesación de efectos es una causa de improcedencia que tiene su asidero en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, de acuerdo a los cuales, tratándose de actos positivos, el juicio de amparo será improcedente cuando la autoridad responsable revoque el acto reclamado en el juicio de amparo mediante una resolución posterior, de tal manera que la situación jurídica del quejoso sea igual a aquella que tenía antes de la emisión de ese acto, como si hubiese obtenido la protección constitucional; mientras que en caso de omisiones, surgirá la causa de improcedencia al momento en que la autoridad responsable cumple con la obligación de actuar que le impone la ley. De ahí que, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, para estimar que el acto ha cesado sus efectos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada como lo dispone el invocado artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por otra parte, respecto a los actos de carácter negativo, como las omisiones, sus efectos deben considerarse que han cesado cuando las responsables actúan en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplen lo que la misma exige, verbigracia el derecho de petición y acceso efectivo a la administración de justicia, previstos en los artículos 8º y 17 de la Constitución respectivamente. Apoya lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98 de rubro y texto siguiente: (...) Establecidas esas premisas, se advierte que han cesado los efectos de la dilación procesal que constituyó el acto reclamado, ya que la Junta responsable por auto siete de octubre de dos mil veintidós fijó fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y el Actuario notificó dicho auto a la parte actora; y se constituyó a los domicilios señalados en autos del juicio de origen a fin de emplazar a las demandadas, permitiendo con lo anterior la continuación del juicio, con lo cual desapareció la posible afectación al derecho humano de pronta impartición de justicia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, debe sobreseerse en el juicio de amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: (...) Al decretarse el sobreseimiento en este juicio constitucional, no procede analizar los conceptos de violación alegados por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la tesis de jurisprudencia número II.3o. J/58, consultable en la página 57, Tomo 70, Octubre de 1993, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Sin que obste a lo anterior, que no haya transcurrido el término de ocho días a las partes, que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, respecto de los oficios que las autoridades responsables remitieron como informes justificados y esta determinación; pues si bien es cierto ello acontece, en el caso, como se dijo, existe una causa de improcedencia manifiesta e indudable, sin que exista prueba en contrario que pueda desvirtuar tal improcedencia. Por lo antes expuesto y fundado, con fundamento en los artículos 63, 74 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***, contra los actos reclamados de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y Actuario de su adscripción; por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de febrero de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por la Presidenta y el Actuario ambos adscritos a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña la primera responsable; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dichos informes y hágase relación de los mismos al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado relativo a la ampliación de demanda, rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, en representación de los Agentes adscritos a dicha Secretaría; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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