Rosa Isela Baylon Sanchez
Expediente 674/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Rosa Isela Baylon Sanchez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEWJOSA DEL PROVEIDO DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja, previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, contra el auto dictado por este Juzgado, el once de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Como está previsto en el capítulo tercero, numeral décimo primero, del Acuerdo General 1/2009, antes citado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirva comparecer ante este Juzgado, a efecto de que le sea devuelto el documento presentado en el presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado para tal efecto, dichos documentos serán trasferidos al Centro de Documentación y Análisis conjuntamente con el presente expediente. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. QUEDA FIRME DESECHAMIENTO Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no interpuso recurso de queja, previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo de la Ley de Amparo, contra el auto dictado por este Juzgado, el once de octubre de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicho auto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS Como está previsto en el capítulo tercero, numeral décimo primero, del Acuerdo General 1/2009, antes citado, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo no mayor a noventa días, contados a partir de la notificación correspondiente, se sirva comparecer ante este Juzgado, a efecto de que le sea devuelto el documento presentado en el presente juicio; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo señalado para tal efecto, dichos documentos serán trasferidos al Centro de Documentación y Análisis conjuntamente con el presente expediente. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo desechado. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, Y QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito de demanda presentado por la quejosa ROSA ISELA BAYLÓN SÁNCHEZ, y en atención a su contenido, téngasele dando cumplimiento a la prevención que se le formuló mediante proveído de uno de octubre en curso, para los efectos legales a que haya lugar. SE DESECHA DEMANDA Ahora bien, visto el escrito de cuenta, así como del estudio integral de la demanda, cabe destacar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que se debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y pleno convencimiento de que la causa de improcedencia en trato es operante al caso concreto, de modo tal, que aun en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Este Juzgado advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la Materia, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ello los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte;". De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia, el juicio de amparo indirecto es procedente cuando el acto reclamado tenga una ejecución de imposible reparación, es decir, que dentro del juicio se afecten derechos personales, reales o del estado civil, de tal forma que sus consecuencias no pueden repararse en alguna actuación posterior del juicio de que derivan. Por el contrario, no habrá ejecución irreparable si el acto reclamado no afecta esos derechos fundamentales sino únicamente derechos adjetivos o procesales, los cuales, por regla general, sólo pueden ser reclamados junto con el laudo en amparo directo. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, como excepción a la regla, que será procedente el amparo biinstancial cuando el acto reclamado, no obstante sea de naturaleza formal, adjetiva o procesal afecte al interesado en grado superior o predominante, y dicha afectación pueda determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. Resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 29/89, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, página 157, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." De lo anterior, se colige que el auto dictado por el Tribunal de Arbitraje del estado con sede en esta ciudad, que contiene la negativa de tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquél por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, toda vez que las pretensiones de la actora pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses de la actora, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal; máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo de la quejosa, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales. Luego, si la quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de treinta de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, en esta ciudad, en el expediente laboral 234/2018-V, por el cual se determinó tener por no interpuesta la demanda en relación a las autoridades codemandadas SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (SEBS), e INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS DE BAJA CALIFORNIA (ISEP), ambas con sede en esta ciudad, es claro que se ubica en ese supuesto. Sirve de apoyo, la tesis jurisprudencial número 2a,/J.117/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 159, del Tomo XIII, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de enero de dos mil uno, Novena Época, que dice: "DEMANDA LABORAL. EL ACUERDO QUE NIEGA SU ADMISIÓN RESPECTO DE UNO O VARIOS CODEMANDADOS A LOS QUE SE RECLAMAN IDÉNTICAS PRESTACIONES QUE A AQUEL POR EL QUE SE SIGUE EL JUICIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, 114, fracción IV y 158 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o reformados, ya sea que las violaciones se cometan en las resoluciones motivo de impugnación, o se hubieran cometido durante el procedimiento correspondiente, a condición, en este último caso, de que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo. También puede inferirse, en contraposición a esa regla general de procedencia del amparo uniinstancial, que el amparo indirecto procede, entre otros supuestos, contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, actualizándose ésta cuando el acto reclamado produzca violación a algún derecho sustantivo del quejoso. De lo anterior se concluye que el auto dictado por una Junta de Conciliación y Arbitraje que niega a tener como demandados a uno o varios de los que se señalan en una demanda laboral, a quienes se les reclaman las mismas prestaciones que a aquel por el que se sigue el juicio, constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, en virtud de que las pretensiones del actor pueden quedar satisfechas si obtiene laudo en el que se condene al demandado por el que se siga el juicio, y en caso de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, con su emisión se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la negativa acusada, al actualizarse, no contraviene algún derecho sustantivo del quejoso, lo que determina que no pueda calificarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, ya que sus efectos son meramente procesales, por ello es evidente que resulta impugnable en términos de lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, con fundamento en el dispositivo 113 de la legislación invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ROSA ISELA BAYLÓN SÁNCHEZ. ANOTACIONES LIBROS DE GOBIERNOS Y CAPTURA EN EL SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Celia Eulalia Guillén Guerrero, quien autoriza y da fe.
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