Rosa Isela Bautista Lobaton
Expediente 540/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 540/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Rosa Isela Bautista Lobaton
Actuaciones
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, cuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vistas las presentes actuaciones, se advierte que mediante proveído de doce de julio de dos mil veintiuno, previa consulta al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se obtuvo que mediante proveído de veinticuatro de junio del año actual, el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********, la cual quedó registrada bajo el número de expediente ********** de su estadística; por lo que, este juzgado ordenó el archivo del presente asunto; sin embargo, se fundamentó y se estableció de manera equivocada el término para su destrucción; por tanto, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en ese sentido y al efecto se provee: En ese contexto, conforme a lo dispuesto por los artículos 15 y 20, fracción I, inciso a) del "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES" publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este asunto carece de relevancia documental al no ubicarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo primeramente citado. Por lo anterior, en términos del artículo 20, fracción I, inciso a) del aludido acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es considerado como "expediente auxiliar"; por tanto, es susceptible de destrucción, la que deberá realizarse por este juzgado transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se ordenó el archivo en este asunto, debiendo registrar la anotación respectiva en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Hágase el cambio de etiqueta en la carátula de este expediente, en la que se deberá hacer constar lo que se proveyó en este auto. Por otra parte, mediante proveído de veintidós de junio del año en curso, se realizó la remisión vía electrónica del expediente en que se actúa al Juez competente y se puso a su disposición la versión electrónica; no obstante lo anterior, el suscrito considera innecesaria la conservación en este expediente de la demanda original; en consecuencia, previa copia certificada que al efecto se obtenga para debida constancia, remítase la demanda original al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para que surta los efectos legales a que haya lugar en el juicio de amparo **********, de su estadística. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021 y 20/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Cúmplase.
- Principal
Xalapa de Enríquez, Veracruz, doce de julio de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos, y en atención a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en los autos el juicio de amparo *******, promovido por *************, de la estadística del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, mediante proveído de veinticuatro de junio actual, aceptó la competencia planteada, por lo que se avocó al conocimiento de la de la misma. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en la carátula del expediente y archívese este asunto como concluido. En ese sentido, conforme con lo previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este asunto carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo citado, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. Por lo anterior, en términos del artículo 21, inciso j), del aludido Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción, debido a que se declaró la incompetencia de este juzgado para conocer de la demanda que le dio origen, la cual fue aceptada por diverso órgano jurisdiccional. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021 y 5/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.
- Principal
...Notifíquese personalmente...
- Principal
Debido a que la parte quejosa ******** no compareció a notificarse personalmente dentro del término concedido, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c, se publica el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********, contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 540/2021 que le corresponde. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente solicita la suspensión de los actos reclamados; sin embargo, dígasele que no ha lugar a decretar la misma, en términos del artículo 15 y 126 de la Ley de Amparo, debido a que no se advierte que se actualice alguna de las hipótesis normativas previstas en el artículo 22 Constitucional. Es decir, los actos reclamados no corresponden a aquellos que importan peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo que no existe materia para la aludida medida, pues la finalidad de ésta es ordenar que cesen los efectos de los actos prohibidos por el artículo en cita, en caso que se estuviesen ejecutando. A mayor abundamiento, debe puntualizarse que la posible orden de traslado de la quejosa del Centro de Reinserción Social, con sede en Papantla, Veracruz, donde actualmente guarda reclusión, a un diverso centro de reclusión, no puede estimarse comprendido dentro de la hipótesis de "ataques a la libertad personal fuera de procedimiento"; lo anterior tomando en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que cuando una persona se encuentre privada de su libertad y reclame una orden de traslado que no se ha materializado, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, aunado que ha considerado que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento, en virtud que será la autoridad judicial quién califique la legalidad del acto. En virtud de lo anterior, es que se reitera, no ha lugar proveer la suspensión de plano de los actos reclamados. Resulta aplicable la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2023190 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a. XXIV/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE TERRITORIO PROPUESTA DEMOSTRATIVA Acorde con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 14 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público que debe ser observado necesariamente por las autoridades encargadas de la impartición de justicia. En ese sentido, del análisis integral a la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito carece de competencia, por razón de territorio, para conocer de la misma, como a continuación se explica. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El artículo transcrito establece las reglas competenciales, por razón de territorio, para el conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se surten en función de la naturaleza del acto reclamado, sea que tenga ejecución material o efecto meramente declarativo, las cuales consisten en lo siguiente: a) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y continúe en otro, será competente cualquiera de los jueces de las jurisdicciones de que se trate, a prevención. c) Si el acto controvertido carece de ejecución, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, tratándose del primer supuesto, para efectos de fijar la competencia en razón de la ejecución del acto reclamado, debe atenderse al lugar donde se materializarán sus efectos. HECHOS De la lectura integral a la demanda de amparo, se determina que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La posible orden de traslado de la quejosa del Centro de Reinserción Social, con sede en Papantla, Veracruz, donde actualmente guarda reclusión, a un diverso centro de reclusión, y derivado de esto el trato indigno y discriminación. Conviene destacar que de la lectura de los hechos de la demanda se observa que la quejosa refiere que el dieciocho de los actuales escuchó al personal del centro penitenciario donde se encuentra recluida, mientras decían que sería trasladada a un diverso centro penitenciario federal, sin especificar a cuál. CONCLUSIÓN En atención a la naturaleza de los actos reclamados, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda propuesta y que quien debe hacerlo es un Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que se ejecuta o se ejecutarán los actos reclamados; por lo que, la regla competencial aplicable en el caso es la prevista en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone que será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Esto es, la ejecución de los actos que se tildan de inconstitucionales, se surte a favor de los Jueces de Distrito con residencia en el lugar donde la quejosa se encuentra recluida y, en consecuencia, quien tiene que conocer del presente juicio de amparo es el Juez de Distrito con jurisdicción en aquel lugar, en términos del artículo 37, párrafo primero de la Ley de la Materia. De ahí que este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de este asunto por razón de territorio; y por lo tanto, se ordena la remisión vía electrónica del expediente en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Poza Rica, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, quien ejerce jurisdicción en el lugar donde se trasladan los efectos de los actos reclamados, solicitándole el acuse de recibo respectivo. Máxime que por lo que hace al traslado reclamado, de la lectura de la demanda sólo se desprende el lugar donde ha comenzado a ejecutarse el traslado, pero no el sitio donde continuará ejecutándose, por lo que se actualiza el supuesto previsto en la porción normativa invocada Sirve de apoyo a la anterior, por los razonamientos jurídicos que contiene, la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 2020828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará. Póngase a disposición del Juzgado que corresponda la versión electrónica del expediente en que se actúa, lo que deberá realizar la analista jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S. I. S. E.). Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por los diversos acuerdos generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. En caso que el Juzgado que conozca del asunto lo considere necesario, se podrán remitir físicamente las constancias del juicio, previa formación del cuaderno de antecedentes para debida constancia. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que precisa, ubicado en esta ciudad. Asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********, por contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República, y en términos restringidos del referido numeral a ********, por no encontrarse en igualdad de circunstancias. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo, así como 14, 16, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a ********, en su carácter de autorizados de la quejosa con el nombre de usuario "********", respectivamente, el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlos se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), para que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. COPIA CERTIFICADA Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a la parte quejosa certificada de este proveído, y entréguesele a ésta o cualquiera de sus autorizados, previa constancia y firma que por su recibo deje en autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario (a) quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda [actuario (a) o secretario (a)], quien procederá a levantar el acta respectiva. REQUERIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en los diverso 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, requiérase a la parte quejosa para que se sirva proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Además, acorde con los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo invocado, se le exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo que deberá informar a este Juzgado, mediante escrito en el que exprese su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se le notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. FIRMAS ELECTRÓNICAS Finalmente, en razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica por el Juez y la Secretaria para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020 y 1/2021 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
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