Rosa Isela Barrera Valdés y otros, representante común.

Expediente 11/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 53 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
11/2020
Año
2020
Actuaciones
53
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Rosa Isela Barrera Valdés y otros, representante común. y Otros.
  • Rosa Isela Barrera Valdés y otros, representante común.
  • Dirección de Patrimonio Estatal del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 53.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Representante de autoridad responsable informa gestiones. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que requirió a las autoridades responsables para que cumplieran con la ejecutoria de amparo. Asimismo, solicita que, debido a las características y acciones a realizar, solicita una prórroga de diez días hábiles, para estar en condiciones de acatar los efectos del fallo protector. 2. Se otorga prórroga. Con base en las razones expuestas por la citada responsable, se le concede una prórroga por el término de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, a fin de cumpla con la ejecutoria. 2.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 258, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Josué Romero Mena.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De autos se advierte que, en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, se determinó requerir al Gobernador del Estado de Michoacán, para efectos de cumplimiento de ejecutoria. No obstante, el oficio no fue notificado, ya que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, debieran suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Es por ello que se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual. En consecuencia, a fin de reanudar el trámite de ejecución en el presente juicio de amparo, se retoma lo siguiente: Mediante sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó en una parte, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con la sentencia, las responsables Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán y Gobernador del Estado de Michoacán, a través de sus apoderados interpusieron recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro del recurso de revisión 39/2023, a través de la cual confirmó el fallo recurrido. En ese contexto, el diez de julio de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Inspector de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público; Secretario de Seguridad Pública del Estado; Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, todas con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplieran con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: El Gobierno del Estado de Michoacán, haga válida la cláusula establecida en el ARTÍCULO QUINTO, del Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Tomo CXXII, número 80, a efecto de declarar que la donación quedó sin efecto; Dejen sin efecto cualquier proyecto, obra, acto, acuerdo, decreto, autorización u orden emitida o ejecutada y desposesión, respecto del inmueble consistente en una fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua; específicamente, sobre el área que constituyó la materia de la donación; y, Retiren el cercado perimetral del área de donación, a fin de restituir a los quejosos, en el goce de sus derechos a un medio ambiente sano y a gozar de una vivienda digna. Sobre las gestiones emitidas para dar cumplimiento de la ejecutoria, se advierte que en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos dos oficios signados por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en cuanto representante legal del Titular del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán. Así, a través del primero manifestó que su representado se encontraba imposibilitado para cumplimentar los términos establecidos en la sentencia, ya que el personal que preside no tuvo intervención en la instalación del cercado perimetral del área de donación relacionada con el fraccionamiento materia del juicio, ya que solo se brindó apoyo con presencia policiaca a efecto de bridar seguridad perimetral, toda vez que la instalación del mismo fue realizado por el personal de la empresa contratada por el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán; y, en el segundo expuso que en la Secretaría de Seguridad Pública no obra registro alguno en el que el Instituto antes aludido haya solicitado el apoyo de su personal para brindarle seguridad. De lo que este órgano jurisdiccional tomó conocimiento para los efectos legales conducentes. En auto dictado el dieciocho de julio del año en curso, se tuvo al Director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, informando haber retirado el cercado perimetral del área de donación de la fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua, anexando evidencia fotográfica. Con lo anterior se estima cumplido el efecto de la ejecutoria identificado con el número 3), consistente en: "Retiren el cercado perimetral del área de donación, a fin de restituir a los quejosos, en el goce de sus derechos a un medio ambiente sano y a gozar de una vivienda digna". Luego, en proveído dictado el siete de agosto de dos mil veintitrés, se recibió oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual manifestó haberse dado inicio al Procedimiento de Reversión previsto por la Ley del Patrimonio Estatal y el Reglamento de Seguimiento a las Desincorporaciones y Autorizaciones de Comodatos; y, en atención a su solicitud se le concedió prórroga de diez días para cumplir con la ejecutoria. En seguimiento, se tiene que el ocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, informando que los actos atribuidos a dicho instituto consistieron en la colocación del cercado perimetral y en el proyecto que pretendía ejecutarse en el predio materia de la litis, por lo que precisó, que una vez retirado dicho cerco, ningún proyecto, obra, acto, acuerdo autorización u orden emitida o ejecutada se ha efectuado por parte de la autoridad que representa, en la fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua. Y que respecto del acto en sí mismo de la donación del predio de referencia no era un acto atribuible a ese instituto. Conforme a la narrativa hasta aquí expuesta, se estima esencialmente cumplido el efecto de la ejecutoria identificado con el número 2), consistente en: "Dejen sin efecto cualquier proyecto, obra, acto, acuerdo, decreto, autorización u orden emitida o ejecutada y desposesión, respecto del inmueble consistente en una fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua; específicamente, sobre el área que constituyó la materia de la donación". En continuidad, se tiene que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recepcionado el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual informó haberse dado inicio el Procedimiento de Reversión número 2/2023, relativo a la reincorporación del Patrimonio del Gobierno del Estado de Michoacán, respecto del inmueble materia del Decreto Legislativo número 168, de seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho; asimismo, informando el impedimento legal para dejar sin efectos el Decreto Legislativo número 168 al ser emitido por el Congreso del Estado; y, finalmente, solicitando prórroga para cumplir con lo informado, dada la naturaleza jurídica y administrativa de las actuaciones y plazos que se debían realizar y agotar, para poder concluir con el procedimiento de reincorporación del referido inmueble materia del juicio de amparo. Impuesto de lo anterior, este órgano jurisdiccional concedió prórroga de diez días para cumplir con la ejecutoria. Finalmente, en proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, adjuntando el oficio signado por el Director de Patrimonio Estatal, a través del cual se informa a la autoridad oficiante antes citada: Que notificó al Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, la resolución dictada dentro del Procedimiento de Reversión número 2/2023, misma que resultó procedente. Asimismo, que dio por concluido el Procedimiento de Reversión. Y que en seguimiento al Procedimiento de Reversión, notificó al Congreso del Estado la resolución antes mencionada, para que dejara sin efectos el Decreto Legislativo señalado, reincorporando el inmueble descrito al Patrimonio del Estado. En ese sentido, los puntos resolutivos de la resolución del Procedimiento de Reversión número 2/2023, son los siguientes: ".SEGUNDO. Es procedente el procedimiento de reversión y por consecuencia, debe llevarse a cabo la transferencia de vuelta al patrimonio del Estado de Michoacán de Ocampo del inmueble descrito en el considerando segundo de esta resolución y en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO. Notifíquese al Congreso del Estado de Michoacán a efecto de que deje sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho." En ese contexto, se tiene que como esencialmente se determinó en proveído de trece de octubre anterior, resulta procedente nuevamente requerir a las autoridades responsables sobre el cumplimiento de ejecutoria, respecto del efecto identificado con el número 1), consistente en que: "El Gobierno del Estado de Michoacán, haga válida la cláusula establecida en el ARTÍCULO QUINTO, del Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Tomo CXXII, número 80, a efecto de declarar que la donación quedó sin efecto". Lo anterior es así, si se toma en consideración que en el punto resolutivo tercero de la resolución del Procedimiento de Reversión número 2/2023, si bien es cierto se ordenó notificar al Congreso del Estado de Michoacán, para que dejara sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho, también lo es que este órgano jurisdiccional no cuenta con las constancias que acrediten haberse dado cumplimiento con ello. Máxime si se considera que, en términos de la ejecutoria, al calificarse el agravio identificado como quinto, el tribunal revisor estableció que correspondería al Gobierno del Estado, en ejercicio de sus derechos y facultades, decidir la forma legal a través de la cual -a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo- habría de actuar para hacer válida la cláusula establecida en el artículo quinto del Decreto Legislativo 168, para lograr que se declarara que la donación quedó sin efectos. Entonces, si el Procedimiento de Reversión fue la forma legal que las autoridades responsables eligieron para dar cumplimiento a la ejecutoria, y hacer válida la cláusula establecida en el artículo quinto del Decreto Legislativo 168, para declarar que la donación quedó sin efectos; por ello se concluye que debe cumplirse con lo ordenado en su resolución, y así contar con documental que acredite que el Congreso del Estado de Michoacán dejó sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho. De ahí que asista la razón a la parte quejosa, en sus manifestaciones expuestas a través de su escrito presentado el once de octubre de dos mil veintitrés; incluso, en la parte relativa a la cancelación ante las autoridades registrales y catastrales. Lo anterior, es así ya que de acuerdo a lo resuelto en el presente asunto, el inmueble afecto fue donado al Instituto de Vivienda en el Estado de Michoacán, mediante el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho, cuya donación quedó protocolizada mediante escritura pública número 2366 dos mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado M. Alfredo Palomares Estrada, Notario Público 105 ciento cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 25 del tomo 4950 del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. Por lo que en aras de cumplimentarse en su totalidad con el efecto de la ejecutoria en cita, también deberá incluirse la cancelación de la escritura de donación ante la autoridad registral y catastral. Estas precisiones se realizan con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2. Requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el ámbito de competencia, y en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remitan las constancias que acrediten: Que se dejó sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho; y, La cancelación de la escritura de donación al Instituto de Vivienda en el Estado de Michoacán, protocolizada mediante escritura pública número 2366 dos mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado M. Alfredo Palomares Estrada, Notario Público 105 ciento cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 25 del tomo 4950 del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ ANTE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO OBSTANTE HABERLE DEJADO EL CITATORIO/AVISO, EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES EN ESTA CIUDAD, CUYO CONTENIDO ES EL SIGUIENTE: Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. De autos se advierte que, en proveído de trece de octubre de dos mil veintitrés, se determinó requerir al Gobernador del Estado de Michoacán, para efectos de cumplimiento de ejecutoria. No obstante, el oficio no fue notificado, ya que con motivo del paro nacional de labores convocado en toda la República Mexicana en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con la Circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó declarar inhábiles los días comprendidos del dieciséis al veinticuatro de octubre de la presente anualidad, con motivo del citado paro nacional y como consecuencia, suspender labores, términos y plazos durante el citado periodo. Así como que, en la diversa Circular 29/2023, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 9, fracciones XIII y XIV, y 10 del Acuerdo General del Pleno dicho Consejo, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estableció que corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales preservar el principio de continuidad de la función; pero que, dadas las condiciones que prevalecen en algunas instalaciones de órganos jurisdiccionales y unidades administrativas, podrían declarar inhábiles los días que, a su consideración, debieran suspenderse labores, términos y plazos procesales, pero manteniendo la operatividad de los tribunales de la Federación. Es por ello que se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintisiete de octubre del año actual. En consecuencia, a fin de reanudar el trámite de ejecución en el presente juicio de amparo, se retoma lo siguiente: Mediante sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintidós, se sobreseyó en una parte, y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Inconforme con la sentencia, las responsables Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán y Gobernador del Estado de Michoacán, a través de sus apoderados interpusieron recurso de revisión, mismo que fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante ejecutoria dictada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dentro del recurso de revisión 39/2023, a través de la cual confirmó el fallo recurrido. En ese contexto, el diez de julio de dos mil veintitrés, se requirió a las autoridades responsables Inspector de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público; Secretario de Seguridad Pública del Estado; Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán de Ocampo; y, Gobernador del Estado de Michoacán de Ocampo, todas con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumplieran con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: El Gobierno del Estado de Michoacán, haga válida la cláusula establecida en el ARTÍCULO QUINTO, del Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Tomo CXXII, número 80, a efecto de declarar que la donación quedó sin efecto; Dejen sin efecto cualquier proyecto, obra, acto, acuerdo, decreto, autorización u orden emitida o ejecutada y desposesión, respecto del inmueble consistente en una fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua; específicamente, sobre el área que constituyó la materia de la donación; y, Retiren el cercado perimetral del área de donación, a fin de restituir a los quejosos, en el goce de sus derechos a un medio ambiente sano y a gozar de una vivienda digna. Sobre las gestiones emitidas para dar cumplimiento de la ejecutoria, se advierte que en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se tuvieron por recibidos dos oficios signados por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en cuanto representante legal del Titular del Agrupamiento de Restablecimiento del Orden Público y del Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Michoacán. Así, a través del primero manifestó que su representado se encontraba imposibilitado para cumplimentar los términos establecidos en la sentencia, ya que el personal que preside no tuvo intervención en la instalación del cercado perimetral del área de donación relacionada con el fraccionamiento materia del juicio, ya que solo se brindó apoyo con presencia policiaca a efecto de bridar seguridad perimetral, toda vez que la instalación del mismo fue realizado por el personal de la empresa contratada por el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán; y, en el segundo expuso que en la Secretaría de Seguridad Pública no obra registro alguno en el que el Instituto antes aludido haya solicitado el apoyo de su personal para brindarle seguridad. De lo que este órgano jurisdiccional tomó conocimiento para los efectos legales conducentes. En auto dictado el dieciocho de julio del año en curso, se tuvo al Director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, informando haber retirado el cercado perimetral del área de donación de la fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua, anexando evidencia fotográfica. Con lo anterior se estima cumplido el efecto de la ejecutoria identificado con el número 3), consistente en: "Retiren el cercado perimetral del área de donación, a fin de restituir a los quejosos, en el goce de sus derechos a un medio ambiente sano y a gozar de una vivienda digna". Luego, en proveído dictado el siete de agosto de dos mil veintitrés, se recibió oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual manifestó haberse dado inicio al Procedimiento de Reversión previsto por la Ley del Patrimonio Estatal y el Reglamento de Seguimiento a las Desincorporaciones y Autorizaciones de Comodatos; y, en atención a su solicitud se le concedió prórroga de diez días para cumplir con la ejecutoria. En seguimiento, se tiene que el ocho de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Director del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, informando que los actos atribuidos a dicho instituto consistieron en la colocación del cercado perimetral y en el proyecto que pretendía ejecutarse en el predio materia de la litis, por lo que precisó, que una vez retirado dicho cerco, ningún proyecto, obra, acto, acuerdo autorización u orden emitida o ejecutada se ha efectuado por parte de la autoridad que representa, en la fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua. Y que respecto del acto en sí mismo de la donación del predio de referencia no era un acto atribuible a ese instituto. Conforme a la narrativa hasta aquí expuesta, se estima esencialmente cumplido el efecto de la ejecutoria identificado con el número 2), consistente en: "Dejen sin efecto cualquier proyecto, obra, acto, acuerdo, decreto, autorización u orden emitida o ejecutada y desposesión, respecto del inmueble consistente en una fracción del terreno denominado El Mezquite, fracción segunda de la Hacienda El Torreón, perteneciente al conjunto habitacional Villa Tzipekua; específicamente, sobre el área que constituyó la materia de la donación". En continuidad, se tiene que en proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo por recepcionado el oficio signado por el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, mediante el cual informó haberse dado inicio el Procedimiento de Reversión número 2/2023, relativo a la reincorporación del Patrimonio del Gobierno del Estado de Michoacán, respecto del inmueble materia del Decreto Legislativo número 168, de seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho; asimismo, informando el impedimento legal para dejar sin efectos el Decreto Legislativo número 168 al ser emitido por el Congreso del Estado; y, finalmente, solicitando prórroga para cumplir con lo informado, dada la naturaleza jurídica y administrativa de las actuaciones y plazos que se debían realizar y agotar, para poder concluir con el procedimiento de reincorporación del referido inmueble materia del juicio de amparo. Impuesto de lo anterior, este órgano jurisdiccional concedió prórroga de diez días para cumplir con la ejecutoria. Finalmente, en proveído de dos de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo al Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado de Michoacán, adjuntando el oficio signado por el Director de Patrimonio Estatal, a través del cual se informa a la autoridad oficiante antes citada: Que notificó al Director General del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, la resolución dictada dentro del Procedimiento de Reversión número 2/2023, misma que resultó procedente. Asimismo, que dio por concluido el Procedimiento de Reversión. Y que en seguimiento al Procedimiento de Reversión, notificó al Congreso del Estado la resolución antes mencionada, para que dejara sin efectos el Decreto Legislativo señalado, reincorporando el inmueble descrito al Patrimonio del Estado. En ese sentido, los puntos resolutivos de la resolución del Procedimiento de Reversión número 2/2023, son los siguientes: ".SEGUNDO. Es procedente el procedimiento de reversión y por consecuencia, debe llevarse a cabo la transferencia de vuelta al patrimonio del Estado de Michoacán de Ocampo del inmueble descrito en el considerando segundo de esta resolución y en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. TERCERO. Notifíquese al Congreso del Estado de Michoacán a efecto de que deje sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho." En ese contexto, se tiene que como esencialmente se determinó en proveído de trece de octubre anterior, resulta procedente nuevamente requerir a las autoridades responsables sobre el cumplimiento de ejecutoria, respecto del efecto identificado con el número 1), consistente en que: "El Gobierno del Estado de Michoacán, haga válida la cláusula establecida en el ARTÍCULO QUINTO, del Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Tomo CXXII, número 80, a efecto de declarar que la donación quedó sin efecto". Lo anterior es así, si se toma en consideración que en el punto resolutivo tercero de la resolución del Procedimiento de Reversión número 2/2023, si bien es cierto se ordenó notificar al Congreso del Estado de Michoacán, para que dejara sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho, también lo es que este órgano jurisdiccional no cuenta con las constancias que acrediten haberse dado cumplimiento con ello. Máxime si se considera que, en términos de la ejecutoria, al calificarse el agravio identificado como quinto, el tribunal revisor estableció que correspondería al Gobierno del Estado, en ejercicio de sus derechos y facultades, decidir la forma legal a través de la cual -a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo- habría de actuar para hacer válida la cláusula establecida en el artículo quinto del Decreto Legislativo 168, para lograr que se declarara que la donación quedó sin efectos. Entonces, si el Procedimiento de Reversión fue la forma legal que las autoridades responsables eligieron para dar cumplimiento a la ejecutoria, y hacer válida la cláusula establecida en el artículo quinto del Decreto Legislativo 168, para declarar que la donación quedó sin efectos; por ello se concluye que debe cumplirse con lo ordenado en su resolución, y así contar con documental que acredite que el Congreso del Estado de Michoacán dejó sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho. De ahí que asista la razón a la parte quejosa, en sus manifestaciones expuestas a través de su escrito presentado el once de octubre de dos mil veintitrés; incluso, en la parte relativa a la cancelación ante las autoridades registrales y catastrales. Lo anterior, es así ya que de acuerdo a lo resuelto en el presente asunto, el inmueble afecto fue donado al Instituto de Vivienda en el Estado de Michoacán, mediante el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho, cuya donación quedó protocolizada mediante escritura pública número 2366 dos mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado M. Alfredo Palomares Estrada, Notario Público 105 ciento cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 25 del tomo 4950 del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. Por lo que en aras de cumplimentarse en su totalidad con el efecto de la ejecutoria en cita, también deberá incluirse la cancelación de la escritura de donación ante la autoridad registral y catastral. Estas precisiones se realizan con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2. Requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el ámbito de competencia, y en el término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, remitan las constancias que acrediten: Que se dejó sin efectos el Decreto Legislativo número 168 de fecha 06 seis de agosto de 1998 mil novecientos noventa y ocho; y, La cancelación de la escritura de donación al Instituto de Vivienda en el Estado de Michoacán, protocolizada mediante escritura pública número 2366 dos mil trescientos sesenta y seis, de fecha dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, pasada ante la fe del licenciado M. Alfredo Palomares Estrada, Notario Público 105 ciento cinco, con ejercicio y residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán e inscrito en el Registro Público de la Propiedad bajo el número 25 del tomo 4950 del Libro de Propiedad correspondiente al Distrito de Morelia. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, les será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. 1. Manifestaciones de la parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa en el que señala que, de las documentales remitidas no se acredita que el Congreso del Estado de Michoacán haya recibido el comunicado por el cual se le solicita deje sin efectos el Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho, Tomo CXXII, número 80; asimismo, refiere que no se ha realizado la cancelación correspondiente ante las autoridades registrales o catastrales, toda vez que, como se advierte en el Reglamento de Seguimiento a las Desincorporaciones y Autorizaciones de Comodato, la reversión implica la transferencia de vuelta del inmueble al patrimonio estatal, por lo que se debe estar a lo establecido a las normas que rigen los actos traslativos de dominio. 2. Nuevo requerimiento. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se le requiere para que en el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, realice los actos siguientes: -Remitan las constancias de las que se acredite que el Congreso del Estado de Michoacán dejó sin efectos el Decreto Legislativo número 168, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el seis de agosto de mil novecientos noventa y ocho. -Asimismo, remitan las constancias de las que se pueda advertir que las autoridades registrales cancelaron las escrituras públicas de la donación en cuestión. Esta precisión se realiza con el propósito de delimitar los alcances del fallo protector y facilitar su cumplimento lo que debe ser tomado en consideración por las autoridades obligadas de manera puntual. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a. XCIV/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR. El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo." 2.1. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al PROCEDIMIENTO DE INEJECUCIÓN establecido en el numeral 193 de la Ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

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