Rosa Isela Barajas Flores
Expediente 1164/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1164/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Rosa Isela Barajas Flores
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve: Apizaco, Estado de Tlaxcala, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve ***********, por propio derecho, contra actos del Subdirector y/o Jefe Administrativo del Instituto Británico, Asociación Civil. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1164/2019-VIII. Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio constitucional, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, cuyo contenido es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese contexto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, prevé la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta forma, lo manifiesto se da si el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura del ocurso de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que si se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número I.1o.A. J/4 publicada en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En este sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Barajas Flores, se advierte que reclama del Subdirector y/o Jefe Administrativo del Instituto Británico, Asociación Civil, la determinación de reprobarla anticipadamente en sus calificaciones correspondientes al primer trimestre enero-marzo de año dos mil veinte y, en consecuencia, obligarla a recursar el semestre enero-julio del año dos mil veinte, toda vez que no puede pagar un viaje de estudios y en su caso, la penalización del mismo, que se realizará en enero de dos mil veinte, a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. En base a estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta la parte quejosa, deriva del hecho de que señala como autoridad responsable al Subdirector y/o Jefe Administrativo del Instituto Británico, Asociación Civil; sin embargo, para efectos del juicio de amparo, no es autoridad responsable ya que la relación entre la universidad particular y sus educados tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que tiene como objeto prestar un servicio educativo y actúa con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quien por voluntad propia decide adquirir el carácter de alumno y tiene conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, puedes tomar las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Por lo tanto, en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1, fracción I, y el artículo 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se desprende que: a) El juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo vigente. b) El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. c) El tercero de los preceptos trascritos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; además, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad. Como puede advertirse, el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley de Amparo, establece que para efectos del juicio constitucional, los particulares pueden tener la calidad de autoridad responsable, siempre y cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; por tanto, con independencia de la denominación y naturaleza formal de quien emita el acto, si éste reúne las características de ser considerado como un acto de autoridad, debe tenerse a su emisor como autoridad responsable; sin embargo, no todos los actos de los particulares son susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo, sino sólo aquellos que sean equiparables a los actos de autoridad, los que como se indicó, exigen de requisitos indispensables. Ahora bien, la nota distintiva del concepto jurídico de "autoridad responsable" consiste en el ente público que actuando unilateralmente crea, modifica o extingue una situación jurídica que afecta a un particular mediante el ejercicio de sus facultades de imperio y de coercibilidad, esto es, todo acto de autoridad es unilateral, imperativo y coercitivo. Así, el acto de autoridad es unilateral, porque el ente público actúa mutuo propio; es imperativo debido a que constriñe al particular a un hacer u omisión que se le exige inexcusablemente y es coercitivo puesto que a través de la infraestructura del Estado, se somete obligatoriamente la voluntad del particular a través de medios represivos o inhibitorios para que se cumpla una decisión del ente público. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió los aspectos distintivos del concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo en la jurisprudencia 164/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, la cual es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a dicha jurisprudencia, una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que tenga características de órgano público; c) Las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, d) Emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, el acto que reclama la parte quejosa se hace consistir en la determinación de reprobarla anticipadamente en sus calificaciones correspondientes al primer trimestre enero-marzo de año dos mil veinte y, en consecuencia, obligarla a recursar el semestre enero-julio del año dos mil veinte, toda vez que no puede pagar un viaje de estudios y en su caso, la penalización del mismo, que se realizará en enero de dos mil veinte, a la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. Como se puede apreciar, la determinación verbal de la que se duele la parte quejosa en la presente instancia de control constitucional, atribuida al Subdirector y/o Jefe Administrativo del Instituto Británico, Asociación Civil, deriva de una relación de coordinación; acto que no reúne los elementos necesarios para ser considerado como proveniente de autoridad y estimar que en su contra resulta procedente el juicio de amparo. De ahí, que esas cuestiones, se vinculan con una relación de coordinación, esto es, el acto del que se duele la parte quejosa queda comprendido en la relación que existe entre la universidad y sus alumnos que tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, atendiendo a que su objeto es prestar servicios educativos y actúa en su normativa interna, que obliga únicamente a quien por propia voluntad decide adquirir el carácter de alumno y tiene conocimiento que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, puede tomar las medidas necesarias disciplinarias correspondientes, ello en virtud de que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, ya que se rigen conforme al contrato de prestación de servicios educativos, acorde con el cual, la universidad privada determinó los requisitos relacionados con la suspensión, interrupción del servicio, ajuste, modificación, reestructuración de planes y de terminación del contrato, al que voluntariamente se sometieron las partes, por tanto el acto del que se duele la quejosa no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De lo anterior, se advierte que el acto reclamado en realidad no deriva de una relación de supra-subordinación entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable, sino de una de coordinación, en tanto deriva una prestación de servicios educativos que obliga únicamente a la promovente, en virtud de ser alumna de la citada institución, constituyendo derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia 2ª./J. 65/2018, con número de registro 2017394, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pagina 647, Libro 56, Julio 208, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto son: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. De la ejecutoria que dio origen al criterio que antecede, se destaca lo siguiente: "De acuerdo con lo ya determinado por esta Sala, los elementos a tomar en cuenta para considerar que el particular se equipara a una autoridad para efectos del juicio son: Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Que omita actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que esas funciones que los particulares realizan estén determinadas por una norma general. Tomando en cuenta estos elementos, debe decirse que un contrato de prestación de servicios educativos privados no genera actos de autoridad por parte de la institución, sino que origina una relación de coordinación, derivada de un acuerdo de voluntades, en la que las partes actúan en un plano de igualdad. Esto es, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general. Es verdad que el derecho humano a la educación contenido en el artículo 3o. de la Ley Suprema es de esencial importancia social, de conformidad no sólo con nuestra Constitución, sino con lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales; sin embargo, la estructura jurídica creada para satisfacer tal derecho es compleja, y no sólo el Estado actúa para brindar el servicio, sino también los particulares, a quienes se autoriza a impartir educación, en los términos en que nuestra Carta Magna y las leyes respectivas lo disponen (tal como ocurre en muchos otros países). Es así que el Estado y los particulares pueden impartir educación, en términos de la Constitución Federal, pero los particulares, al hacerlo no se equiparan a una autoridad. La relación que surge entre un instituto educativo privado y los alumnos no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato de prestación de servicios educativos que al respecto firman, y conforme al cual la institución privada determina los requisitos inherentes al servicio que presta. Contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (institución educativa y alumno). Cuando se contrata la prestación privada de servicios educativos las partes fijan de común acuerdo una retribución económica, y quien contrata el servicio acepta someterse a las disposiciones internas de la institución educativa, en una especie de contrato privado de adhesión para recibir un servicio y no en una norma general. Las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. La universidad privada no ejerce un poder público frente a sus alumnos, sino que actúa conforme a su regulación y al acuerdo de voluntades aceptado por las partes. Esto es así, porque: 1 El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley. 2 La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. Es verdad que para impartir el servicio de educación se requiere contar con autorización del Estado, en términos de las leyes y reglamentos correspondientes; sin embargo, ese hecho no le da el carácter de autoridad a quien presta un servicio educativo privado, pues no sólo en este ramo, sino en muchos otros, el particular requiere obtener una autorización estatal para dedicarse a la actividad que le acomode, y esa condición (contar con autorización del Estado) no lo equipara a una autoridad. Por todo esto es que, como en un inicio se apuntó, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo." En relación con lo anterior, de uno de los anexos que acompañan al escrito de demanda, consistente en copia simple del Reglamento Interno de la Escuela Superior de Turismo Instituto Británico, Asociación Civil, en el Capítulo II, relativo a los Derechos y Obligaciones de los Alumnos, se advierte lo siguiente: "(.) Eventos Generales ESTIB. Todo alumno inscrito estará comprometido a participar en las actividades de Eventos que se realicen durante el Ciclo Escolar 2019 - 2020. Así mismo deberá cubrir las cuotas necesarias para realizar dichas actividades, recordando que es parte de su formación profesional. En caso de no realizar lo estipulado en tiempo y forma, el alumno se hará acreedor a una sanción que será deliberada por el comité del consejo técnico consultivo. (..)" De igual forma, el artículo 25, inciso o), del aludido reglamento establece: "Artículo 25. Prácticas Profesionales Externas. (.) o) La realización de Prácticas Profesionales en lugares foráneos es decisión del alumno, ya que la ESTIB NO obliga a nadie a asistir o hacer sus prácticas a lugares fuera de su lugar de residencia; si el alumno no cuenta con autorización de sus padres podrá realizarlas en diferentes empresas de Tlaxcala o en el Municipio que más le convenga, con el fin de cubrir el requisito de las horas de prácticas establecidas en cada Licenciataria, para obtener su Certificado. (..)" Así, al realizar una confrontación de lo anterior, con lo expuesto por la parte quejosa en su demanda, se concluye que las circunstancias que generan el acto reclamado en la presente instancia constitucional, se encuentran reglamentadas en la normativa del Reglamento Interno de la Escuela Superior de Turismo Instituto Británico, Asociación Civil. Bajo esa óptica, los directivos de la universidad privada no realizan acciones investidos de imperio ni por mandato de una norma general, por lo que no se equiparan a una autoridad, en virtud de que las determinaciones que tome una universidad privada con respecto a sus alumnos trascienden en el ámbito privado a los derechos y obligaciones para con la propia institución, pues el origen está en la voluntad de las partes y en la normativa interna que fue aceptada voluntariamente por quién solicitó el servicio. Por ello, como se apuntó, las universidades privadas no son autoridades para efectos del juicio de amparo, atendiendo a que 1. El origen de la relación alumno-escuela privada es un acuerdo de voluntades, derivado de un contrato civil de prestación de servicios y no el cumplimiento de un mandato establecido en ley; y 2. La relación jurídica que surge entre ellos es de coordinación y no de supra a subordinación, en términos de las obligaciones derivadas del acuerdo que firmaron. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Rosa Isela Barajas Flores. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y autorizados. Por otra parte, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que señala en su escrito de demanda, asimismo, se tienen como autorizado en términos amplios del citado artículo a Manuel Mendoza Vega y Juan Antonio Gómez Mendoza, en virtud de contar con Registro Único en el Sistema Computarizado de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales , y únicamente para oír y recibir notificaciones a Alfredo Cabrera Pérez, ello, por no contar con dicho registro. Se habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Supresión de datos Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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