Rosa Isela Altamirano Jimenez

Expediente 493/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
493/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/05/2019

Partes del expediente

  • Rosa Isela Altamirano Jimenez

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede así como del estado que guardan los autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que -, interpusiera recurso de queja contra el auto dictado por este Juzgado el treinta de abril de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que presentó, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que HA CAUSADO ESTADO, el proveído de mérito. Atento a lo anterior, y advirtiéndose que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, por analogía y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita, pues se desechó de plano la presente demanda de amparo Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por -contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Oral Familiar de este Distrito Judicial, y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número I-493/2019-P. Ahora bien, la quejosa hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: ". A) De las Autoridades Ordenadoras: La posible orden de emplazamiento y/o citación y/o localización del - EN MI DOMICILIO; siendo mi domicilio el ubicado en la esquina que forman las calles -de la calle - (adjunto recibo de pago de luz), ESTE NO ES EL DOMICILIO DEL SEÑOR -). B) De las autoridades Ejecutoras. El pretender Ejecuta la posible orden de emplazamiento y/o citación y/o localización del -, EN MI DOMICILIO; siendo mi domicilio el ubicado en la esquina que forman las calles - (adjunto recibo de pago de luz), ESTE NO ES EL DOMICILIO DEL -." Actos respecto de los cuales el suscrito estima que procede desechar el presente libelo constitucional por ser notoriamente improcedente, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En ese sentido, debemos estarnos a lo que dispone el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5 fracción I, y 6 del propio ordenamiento legal, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." El primero de los preceptos copiados no establece una causa de improcedencia en particular, sino que ello deriva de las disposiciones de la Ley de Amparo y la Constitución. Por su parte, el segundo de los numerales trascritos, define qué debe entenderse por quejoso en el juicio constitucional. Así, indica que es aquel gobernado titular de un derecho subjetivo o un interés legítimo individual o colectivo, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos con motivo del acto de autoridad impugnado. Es decir, para instar el juicio constitucional, el gobernado debe ser el titular de un derecho subjetivo y sufrir una afectación, menoscabo o perjuicio en alguna de sus prerrogativas. De donde se sigue que, conforme con los numerales copiados, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado de ninguna manera causa una afectación en la esfera de derechos del particular, bien por no ser obligatorio, ni establecer carga alguna. En el particular, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa - reclama la posible orden de emplazamiento y/o citación y/o localización de -, en el domicilio ubicado en la esquina que forman las calles - de esta ciudad; por tanto, se duele de la posible notificación dentro de algún juicio que pudiera formular alguna autoridad jurisdiccional a -, en el domicilio en que la quejosa manifiesta habitar. Ahora, la hipótesis de improcedencia apuntada se actualiza pues si bien dice fue informada que en las inmediaciones de su domicilio un Actuario de algún Juzgado Familiar ha estado preguntando por la persona que refiere, es decir a -, lo cierto es que ésta búsqueda en modo alguno causa un perjuicio en su esfera de derechos que haga procedente la vía constitucional. Es así, pues del contenido de los antecedentes se pone de manifiesto que la búsqueda de la persona que no es la impetrante, de ninguna manera ocasiona un perjuicio real, actual e inminente en la esfera jurídica de derechos de la citada quejosa, por lo que es innegable la actualización de la causa de improcedencia apuntada. En apoyo a lo anterior se invoca la jurisprudencia 854 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, del Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "INTERES JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el 5, fracción I, y 6 de ese propio ordenamiento, procede DESECHAR la demanda de garantías de cuenta, con apoyo en lo establecido por el artículo 113, de la Ley de la Materia. De acuerdo con el artículo 21 de la ley de la materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o, el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento a la tercero interesada y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, y por autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, por encontrarse debidamente inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se desprende de la certificación de cuenta.

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