Rosa Isabel Yama Che
Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 11/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Rosa Isabel Yama Che
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión, agregando a los mismos copia autorizada del presente proveído. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 18 y 21, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, se hace la indicación de que es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva solicitada; lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Por otra parte, al no haber motivo legal alguno para que continúe al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo que el Tribunal responsable remitió en apoyo a su informe justificado; por tanto, devuélvasele, sin necesidad de solicitar acuse de recibo alguno, ya que se trata de copia certificada. Por último, hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 161/2021-VII-A, promovido por ROSA ISABEL YAMA CHE, en su carácter de Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, respecto del acto que atribuyó al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el dos de febrero siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ROSA ISABEL YAMA CHE, en su carácter de Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y Magistrado Presidente de su adscripción, en su carácter de ordenadoras; así como de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su carácter de ejecutora, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de cinco de marzo del año actual, previo cumplimiento de prevención, se admitió a trámite la demanda de mérito, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada ; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; 35, 37, de la Ley de Amparo; 48 y 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como conforme a los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, procede precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa hace consistir los actos reclamados en El acuerdo de siete de enero de dos mil veintiuno, dictado en autos del juicio reclamatorio laboral 293/2010, en el que se le impuso una multa por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, sin centavos, moneda nacional); cantidad estipulada en pesos y no de acuerdo al decreto que creó una nueva unidad del sistema monetario, y su ejecución. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que aunque el Secretario de Acuerdos en funciones de Magistrado Presidente del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, residente en esta ciudad, por ausencia del Titular, los admitió al rendir su respectivo informe justificado, de las constancias procesales que adjuntó al mismo se desprende lo contrario; es decir, se desvirtúa tal aseveración respecto de la certeza de dichos actos, como se expondrá seguidamente. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis." (Época: Novena Época, Registro: 198320, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Materia(s): Común, Tesis: VII.1o.C.4 K, Página: 433) En efecto, si bien es cierto que la citada autoridad responsable ordenadora, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pues señaló que el siete de enero de dos mil veintiuno, se dictó un acuerdo en autos del juicio laboral de origen; también lo es, que categóricamente negó que en el proveído en cita se hiciera efectiva medida de apremio alguna en contra del aquí impetrante del amparo. Siguiendo misma suerte el acto atribuido a la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, como autoridad ejecutora, quien negó categoricamente el axcto reclamado. Lo anterior, se ve corroborado con las documentales que las autoridades responsables en cita remitieron en apoyo a su informe justificado, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. De las que se desprende que, efectivamente, en el proveído reclamado no se impuso al quejoso la multa de la que se duele por la presente vía constitucional, ni a la ejecutora se le hizo requerimiento alguno en ese sentido, por cuanto hace a la supuesta multa referida en el acto reclamado. Bajo esa tesitura, se actualiza el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, lo cual impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que se oponga a la presente determinación, la circunstancia de que no se hubiese recibido el despacho con el que se ordenó emplazar al tercero interesado GREGORIO TREJO CAN; toda vez que el sentido de la presente determinación no les depara agravio alguno, y en su caso, podría a través del recurso de revisión adhesiva hacer valer causales de improcedencia que a la postre resultaren fundadas; sin embargo, el sentido del fallo sería el mismo. Lo anterior, encuentra sustento, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 556, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y registro: 2017707; que dice: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Así como la tesis I.11o.C.40 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el 09 de abril de 202, Materia(s): (Común), con registro: 2022945, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto se dictó sentencia que decretó el sobreseimiento; contra dicha resolución el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el tercero interesado carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento, al no causarle agravio en su esfera de derechos. Justificación: Lo anterior es así, pues del examen lógico y correlacionado de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 82 de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto está condicionada a que dicho fallo cause agravio al recurrente -pues de serle favorable sólo podría promover revisión adhesiva, a fin de tratar de conservar lo ya obtenido en esa sentencia-. Entonces, el derecho subjetivo afectado por una sentencia dictada en la audiencia constitucional es lo que configura el perjuicio que da legitimación para impugnarla en el recurso de revisión. Por ello, no sólo se requiere ser parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de recurrir en revisión la sentencia que ahí se emita, sino que ésta afecte un derecho subjetivo del recurrente; de ahí que el interés del tercero interesado radica, comúnmente, en que subsista el acto reclamado, de manera que si el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento, esa determinación no afecta sus derechos como parte en el juicio de amparo, porque produce el efecto de que subsista el acto reclamado." CUARTA. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establece el artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, a excepción de la quejosa, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. QUINTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SEXTA. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 73 al 77, 124 y 217 de Ley de Amparo; se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ROSA ISABEL YAMA CHE, en su carácter de Regidor Municipal del Ayuntamiento de Tekantó, Yucatán, contra de los actos del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, y Magistrado Presidente de su adscripción, en su carácter de ordenadoras; así como de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, en su carácter de ejecutora, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en la tercera de las consideraciones de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cuarta de las consideraciones de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración quinta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en la última consideración, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que estaban fijadas las nueve horas con siete minutos del diecinueve de abril en curso, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se ha emplazado correctamente al tercero interesado Gregorio Trejo Can, toda vez que mediante proveído de quince de los corrientes se libró despacho dirigido al Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, con residencia en Izamal, Yucatán, y se le solicitó el auxilio para emplazar al mencionado tercero interesado, al presente juicio. En consecuencia, se acuerda: con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento en este asunto, para el único efecto de señalar las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MAYO DE DOS MIL VEINTUNO, como nuevas fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguense, para los efectos legales correspondientes, el escrito signado por Gaspar Manuel Lara Quintal, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la quejosa ***, con el que señala el domicilio del tercero interesado ***, a fin de que sea emplazado al presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, tercer párrafo del artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2º de la referida Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Quinto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Izamal, Yucatán. Lo anterior, para que en auxilio de las labores de este Juzgado se sirva comisionar a uno de los actuarios de su adscripción, para notificar al citado ***, en el predio ubicado en***. Para tal efecto, se le deberá hacer entrega de copia autorizada del presente auto, de los autos de prevención y admisión de demanda, así como copia simple de ésta, y de los escritos aclaratorios; haciéndole saber que mediante acuerdo de dieciséis de abril en curso, se puso a la vista el informe justificado rendido por el Director General de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como que puede apersonarse a este juicio con el aludido carácter de tercero interesado, de convenir a sus intereses. Además, prevéngasele para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Mérida, Yucatán. Apercibido que de no hacerlo, las siguientes notificaciones, aun las personales, se practicarán por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. De igual forma, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria la notificación personal que en el caso se ordena. A fin de no retardar la encomienda en el presente despacho, se faculta al actuario correspondiente para que, en caso de que al constituirse al domicilio señalado, éste no sea correcto y fuere informado de algún domicilio diverso, practique en éste la diligencia ordenada, debiendo asentar en cualquier caso la razón que correspondiere. Asimismo, se otorga plenitud de jurisdicción al referido juez para el cumplimiento de lo solicitado y para que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su total desahogo. Hecho lo anterior, y una vez diligenciada la encomienda, devuelva a este juzgado el despacho de mérito. Notifíquese y cúmplase.
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