Rosa Isabel Hernández del Ángel

Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
783/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/11/2021

Partes del expediente

  • Rosa Isabel Hernández del Ángel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y tomando en consideración que con esta fecha dentro del cuaderno principal 783/2021 del que se deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del juicio de amparo como asunto concluido. En esas condiciones, se hace saber a las partes que el original del incidente de suspensión del presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en el plazo de tres años de conformidad con en el inciso c, del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 25 de marzo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, pues es en el caso se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 del referido Acuerdo General, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado federal deberá destruir el presente expediente; una vez concluido el proceso se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes).Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, el duplicado del cuaderno incidental deberá ser DESTRUIDO. Por lo anterior, una vez transcurrido dicho término de seis meses, éste Juzgado, procederá a su destrucción dentro de los treinta días siguientes y se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación el acta de baja documental correspondiente, en términos del artículo 20, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura (debiendo realizarse la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Asimismo, se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el numeral 35 del ordenamiento citado, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda".Cambio de titular. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento1. Notifíquese por lista a las partes

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término que alude el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector, ha transcurrido, por lo que este órgano procede a resolver al respecto. El acto reclamado materia de análisis de este juicio fue: El acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio incausado 304/2020, mediante el cual desechó el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente. Por resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa Rosa Isabel Hernández Del Ángel, contra los actos del juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, para los siguientes efectos: 1. Deje sin efectos el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio incausado 304/2020, mediante el cual desechó el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente; y, 2. En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación fundada y motivada, en la que provea lo que en derecho resulte procedente, atendiendo a la cuestión efectivamente planteada. En consecuencia, una vez transcurrido el término previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes se inconformaran con la sentencia a pesar de estar debidamente notificadas; por ello, el nueve de septiembre de dos mil veintiuno la sentencia causó ejecutoria; y se requirió el cumplimiento de la misma al juez Sexto de lo Familiar del distrito judicial de Puebla. En cumplimiento a la sentencia de amparo, por oficio recibido el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por el que dejó sin efectos el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio incausado 304/2020, de su índice, mediante el cual había desechado el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente y, en su lugar, admitió a trámite el incidente aludido. Por lo anterior, el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla, el cual se notificó a la quejosa el treinta del mismo mes y año. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el titular del Juzgado Sexto de lo Familiar del distrito judicial de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de fundamentación y motivación por cuya infracción se concedió el amparo; toda vez que el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dejó sin efectos el acuerdo de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 304/2020, mediante el cual había desechado el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente y, en su lugar, admitió a trámite el incidente de mérito; lo anterior, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, por lo que se entiende que se cumplió en su totalidad. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en este juicio, sin excesos ni defectos. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE); asimismo, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de tres años, ya que se trata de un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Por lo anterior, como lo dispone el capítulo Décimo Tercero, artículo 35, primer y segundo párrafo del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en que se actúa; y, una vez que transcurra el plazo de tres años que aduce el penúltimo párrafo del artículo 18, dentro de los siguientes noventa días posteriores, este juzgado federal deberá depurar el presente expediente; hecho lo anterior, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del multicitado Acuerdo. Finalmente, el cuaderno incidental derivado del presente asunto se lleva por cuerda separada, por tanto, se ordena dar vista con el presente proveído para que se acuerde lo que en derecho corresponda Notifíquese por lista a las partes

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que mediante auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno dejó sin efectos el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno dictado en el juicio de divorcio incausado 304/2020, de su índice, así como admitió a trámite el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, por lo que remitió copia certificada de dichas actuaciones. En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Finalmente, hágase del conocimiento de las pates que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión ordinaria de uno de septiembre de dos mil veintiuno, determinó que a partir del dieciséis siguiente, fungiría como titular de este Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo, Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, el juez Tomás Zurita García, lo que se informó mediante el oficio SEADS/795/2021, signado por el secretario ejecutivo de adscripción de ese Consejo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes lo anterior a fin de evitar infracciones en el procedimiento. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón secretarial de cuenta, en la que se hace constar que ninguna de las partes recurrió la sentencia dictada en este juicio, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara ejecutoriada dicha sentencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla para que en el término de tres días contados a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de mérito, misma que se concedió para el efecto de que: "[.] Deje sin efectos el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de divorcio incausado 304/2020, mediante el cual desechó el incidente de modificación e incumplimiento de las cláusulas primera y segunda de los convenios de diecisiete de febrero y veintitrés de octubre, ambos de dos mil veinte, respectivamente; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva determinación fundada y motivada, en la que provea lo que en derecho resulte procedente, atendiendo a la cuestión efectivamente planteada." Debiendo remitir a este juzgado copia certificada de las constancias relativas que acrediten el cumplimiento dado a la misma. Apercíbase a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3º, 4º y 5º de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $ 89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, Constitucional. Asimismo, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.". Por otra parte, no resulta dable realizar requerimiento al superior jerárquico, en virtud de que el Juez de Primera Instancia como autoridad responsable no tiene superior para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.I.C.J/3K de la Décima Época; sostenida por los Plenos de Circuito; publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 1378, cuyo rubro y texto rezan: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA, NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO, EN MATERIA JURISDICCIONAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIAS DE AMPARO. La función jurisdiccional se ejerce por diversos órganos con competencias definidas para decidir los asuntos sometidos a su conocimiento, con plena autonomía e independencia, razón por la que los jueces de primera instancia no se encuentran sometidos al tribunal de alzada, ya que cuentan con facultades y atribuciones propias para cumplir con las sentencias de amparo, con total independencia y autonomía. Si bien dichos órganos de segunda instancia son superiores por razón de grado, dicha superioridad no les otorga un poder o mando sobre los jueces de primera instancia, ya que ello sólo acontece por la competencia derivada por razón de grado, que les concede la facultad de someter a una segunda revisión las sentencias dictadas en primera instancia, provocada por el afectado al interponer los medios de defensa legal. Pero carecen de poder o mando sobre los jueces, en virtud de que éstos cuentan con facultades y atribuciones para admitir a trámite las demandas, dictar medidas provisionales y abrir incidentes para continuar el juicio de origen, por lo que los tribunales de segunda instancia están impedidos para obligarlos a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, pues carecen de competencia constitucional y legal para vincular al juzgador a acatar el fallo en determinado sentido, ya que se trata de actuaciones dictadas en el procedimiento de primera instancia, en la que los tribunales de grado no tienen injerencia alguna. De igual forma, en caso de que los jueces de primera instancia no cumplan con la sentencia de amparo, los tribunales de grado están impedidos legalmente para dar cumplimiento por sí al fallo protector porque carecen de competencia legal y constitucional para pronunciar decretos, proveídos, medidas provisionales, incidentes y resoluciones en el procedimiento que se desarrolla en primera instancia. Además, la jerarquía, poder o mando, es incompatible con la función jurisdiccional porque los jueces de primera instancia, cuentan con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, con sujeción sólo a la ley y a la Constitución, en donde se regulan sus facultades y competencias". Ahora, en virtud de que se formó el Anexo I con motivo de las constancias remitidas por el Juez Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla; devuélvanse a su lugar de origen. En otro contexto, con fundamento en los artículos 219, 220 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito de la quejosa Rosa Isabel Hernández del Ángel, a través del cual solicita que cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio, sin embargo, no se realiza mayor pronunciamiento, en atención a lo precisado en los párrafos que anteceden. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio CCJ/ST/2762/2021 signado por Vicente Adrián Rojas Álvarez Secretario Técnico de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, informó que en sesión celebrada el nueve de agosto de dos mil veintiuno la Comisión de Carrera Judicial del referido Consejo autorizó al licenciado José Carlos Ibáñez Méndez para desempeñar las funciones de Juez de Distrito a partir del doce de agosto de dos mil veintiuno, hasta en tanto se adscriba un nuevo titular a este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla. Notifíquese.

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