Rosa Imelda Alemán Ríos
Expediente 531/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 531/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 02/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Rosa Imelda Alemán Ríos
- Rosa Imelda Alemán Ríos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Rosa Imelda Alemán Ríos, a través del cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la sentencia emitida el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, dentro del presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la citada quejosa en contra de la sentencia constitucional dictada en autos. En tal virtud, con fundamento en el diverso numeral 89 de la invocada ley, se ordena distribuir entre las partes copia del escrito de expresión de agravios, a las responsables mediante oficio con transcripción de este auto; háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, con el fundamento invocado en el párrafo anterior, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren las constancias de notificación a la totalidad de las partes de la sentencia, así como del presente acuerdo, se deberá remitir el original del escrito de agravios, y el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto, previa formación del cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, asistido del Secretario de Juzgado José Concepción Juárez Fajardo, que autoriza y da fe.
- Principal
Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando cuenta con el escrito inicial de demanda firmado por ********************, y anexos; con el informe justificado rendido en autos por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, y anexos, así como con los oficios 519/2023, 596/2023, 644/2023, 730/2023, 742/2023, 770/2023 y 780/2023 y constancias que adjuntó a los mismos; y con la intervención ministerial 163/2023, signada por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con la que realiza diversas manifestaciones a guisa de alegatos. A lo que el Juez acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y tómese en consideración el informe justificado al momento de resolver el presente asunto. En el periodo de pruebas, la Secretaria da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como con las ofrecidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de mérito, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración al resolverse este asunto. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que la Secretaria da cuenta con el pedimento 163/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. A lo que el Juez acuerda: Téngase por formulados y reproducidos los alegatos de mérito, los cuales se ordena tomar en consideración al momento de resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo; sin más alegatos que tener por reproducidos, se cierra el periodo de alegatos y se da por concluida la presente audiencia, ordenando el Juez se dicte la siguiente sentencia. V I S T O para resolver el juicio de amparo 531/2023-I, promovido por ********************, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad; actos que estimó violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 29, segundo párrafo, Constitucionales. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo en cuestión, a este Juzgado Séptimo de Distrito, el que la admitió a trámite mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se pidió su informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; dada la naturaleza del acto reclamado se tuvo como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado "Servicios de Salud de Tamaulipas"; y se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar conforme al acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto restrictivo de la libertad, que puede tener ejecución en esta ciudad, donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analiza en su integridad el escrito de demanda, de donde se advierte que los actos que se reclaman en el presente juicio son: La omisión de dar cumplimiento y total ejecución al laudo de fecha once de julio de dos mil once, dentro del expediente laboral 768/4/2009. TERCERO. El Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado; además refirió que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que proveyó lo relativo al recurso de revisión interpuesto por la parte demandada, tercera interesada, Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, por lo que por ese motivo no se ha dado el trámite correspondiente a la ejecución del laudo dentro del expediente de origen. A fin de corroborar su dicho, remitió diversas constancias, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, el acto reclamado en el presente asunto lo constituye la omisión de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado mediante escrito de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, presentado el treinta y uno siguiente, dentro del expediente laboral 768/4/2009, y de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto dicha causal encuadra a través del acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés. En dicho auto, se documentó el ocurso de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, presentado el treinta y uno siguiente ante la junta responsable, y atento a lo solicitado, así como al propio estado procesal del juicio, se ordenó despachar auto de requerimiento de pago y embargo, en contra del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Tamaulipas, a quien le ordenó que pagara a la actora, aquí quejosa, la cantidad de $974,183.04 (novecientos setenta y cuatro mil ciento ochenta y tres pesos 04/100 Moneda Nacional), por lo que comisionó al actuario adscrito para que, entre otras cosas, se constituyera en el domicilio del demandado y le requiriera el pago del citado monto. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, de tomar las medidas necesarias a fin de lograr la ejecución del laudo, solicitado mediante escrito de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 768/4/2009, pues con la emisión del auto de doce de junio de dos mil veintitrés, desaparece el estado de abstención en que incurrió dicha autoridad, actualizándose, en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que para la actualización de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal), dada su propia naturaleza. Es decir, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Luego, si en la especie, la autoridad responsable proveyó mediante el auto de doce de junio del año en curso, a fin de lograr la ejecución del laudo dictado en autos, impulsado por la parte actora mediante ocurso de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, resulta lógico y jurídicamente razonable que se trata de una omisión genérica para lograr la ejecución del laudo, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, fue atendido por la responsable, ello en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 62, 63, 73, 74, 75, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y razonamientos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Diana Karen López Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se desprende la imposibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que el presente juicio de amparo no se encuentra debidamente integrado; esto, en virtud mediante proveído de quince de junio del presente año, se pusieron a la vista las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, plazo que aún se encuentra transcurriendo, lo que constituye un obstáculo para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se fijan de nueva cuenta las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, quince de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 780/2023, procedente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de nueve de junio del año en curso, remite copia certificada de los proveído de doce y catorce de junio del presente año, dictados dentro del expediente laboral 768/4/2009; en tal virtud, tomando en consideración que las documentales de mérito tienen relación con el acto reclamado, se pone a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y tómense en cuenta al resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo. Notifíquese. ...
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