Rosa Idalia Galaviz López

Expediente 152/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
152/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
16/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa Idalia Galaviz López
  • Herlinda Yaneth Gamboa Peralta

Actuaciones

  1. Principal

    "...CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."

  2. Principal

    se declara que proveído HA CAUSADO ESTADO, por lo que hace a las quejosas Rosa Idalia Galaviz López y María del Carmen Samaniego Moreno... Notifíquese.

  3. Principal

    ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Herlinda Yaneth Gamboa Peralta, contra los actos reclamados a la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Notificador de su adscripción, con sede en esta ciudad, consistentes en la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, así como la de notificar oportunamente a las partes, en el juicio laboral 2307/2020 JE1, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO C, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA ROSA IDALIA GALAVIZ LOPEZ, HERLINDA YANETH GAMBOA PERALTA Y MARIA DEL CARMEN SAMANIEGO MORENO, EL SIGUIENTE: Auto. Hermosillo, Sonora, diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Personería: Se tiene por recibido el escrito presentado por Rosa Idalia Galaviz López, Herlinda Yaneth Gamboa Peralta y María del Carmen Samaniego Moreno, por su propio derecho, a través del cual promueven juicio de amparo contra actos de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Notificador de su adscripción, con sede en esta ciudad. Formación y registro del expediente: Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 152/2021 y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento: Una vez analizado el escrito de demanda de derechos fundamentales, se evidencia que conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en la especie, existe un motivo que provoca el desechamiento parcial de la demanda. En principio, cabe citar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El juez de distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." De dicho precepto se desprende que cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia procede desechar la demanda de amparo; debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que resulta. Así, para los efectos del desechamiento, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción que la hipótesis de improcedencia opera en el caso concreto, cuando aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En ese orden de ideas, este juzgador considera procedente desechar de plano la demanda de amparo por cuanto hace a Rosa Idalia Galaviz López y María del Carmen Samaniego Moreno; pues, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5° y 6º, todos de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la transcripción precedente puede concluirse que tiene el carácter de quejoso, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados vulnera alguno de sus derechos humanos, en cuyo caso puede promover demanda de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la propia Ley de Amparo. Ahora, cuando dicha demanda es promovida por propio derecho, el signo inequívoco de su manifestación de voluntad lo constituye su firma autógrafa y, cuando es promovida en su nombre por diversa persona ante la imposibilidad de hacerlo por sí, esa voluntad la externará al momento en que se le requiera para que ratifique el escrito relativo. En tal contexto, del análisis realizado a la presente demanda de derechos fundamentales, se advierte que la misma carece de firma autógrafa por parte de las promoventes Rosa Idalia Galaviz López y María del Carmen Samaniego Moreno, huella digital o rúbrica de éstas. Bajo esa óptica, se desprende una contravención clara a uno de los principios fundamentales del juicio de amparo, como lo es el llamado "Principio de Instancia de Parte Agraviada", consistente en que, para la tramitación de todo juicio de amparo, indefectiblemente debe mediar solicitud expresa por parte de quien se dice agraviado por el acto de autoridad; esto, condicionado a que el agraviado, ya sea por propia cuenta o por medio de sus representantes, externen de manera fehaciente su voluntad, es decir, su deseo de solicitar el amparo ante la Justicia Federal, por violaciones a sus derechos fundamentales, lo cual, es preciso hacerlo mediante escrito que contenga la firma, huella o rubrica o, en su caso, por comparecencia ante la autoridad correspondiente, puesto que la prosecución del juicio de amparo no es oficiosa; y siendo que tales preceptos doctrinales al estar previstos en los artículos 5° y 6° de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, su observancia es obligatoria; por tanto, es evidente que, ante la ausencia de firma autógrafa por parte de las citadas Rosa Idalia Galaviz López y María del Carmen Samaniego Moreno, provoca que se esté ante una nada jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia." Así como la diversa tesis, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, SU FALTA DE FIRMA DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. El juicio de amparo se rige por principios fundamentales que lo estructuran, entre los que está, el de "iniciativa o instancia de parte agraviada" consagrada por el artículo 107 constitucional en su fracción I, que dice: "El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada"; principio que reproduce el diverso artículo 4o. de la Ley de Amparo, al estatuir que el juicio, únicamente, puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto o la ley que se reclame; además el principio enunciado no tiene excepciones y, por consiguiente, rige en todo caso. Ahora bien, la parte agraviada exterioriza su voluntad a través de la firma estampada en la demanda de garantías, formalidad indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda, con todas sus consecuencias legales; por tanto, si la demanda de garantías no se suscribe, por quien aparece como promovente en su texto, debe entenderse que conforme a las disposiciones invocadas, propiamente no existirá agraviado y la demanda resultará improcedente, según lo previene el artículo 73, fracción XVIII de la misma ley, en relación con el artículo 4o. del propio ordenamiento." Cabe aclarar, que sobre el particular no puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de amparo constituya una irregularidad en el escrito y que por ello, sea factible que este juzgador prevenga para que se subsane de conformidad con lo previsto por el artículo 114 de la ley en consulta, puesto que, un escrito presentado en estas condiciones no obliga al Órgano Jurisdiccional a realizar acto alguno tendente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. En las condiciones apuntadas, y al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada, en esa tesitura, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales promovida por Rosa Idalia Galaviz López y María del Carmen Samaniego Moreno. Admisión: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 2°, párrafo primero, 3°, 5°, 6°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 110, 112 y 115, de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo únicamente por Herlinda Yaneth Gamboa Peralta, contra actos de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario Notificador de su adscripción, con sede en esta ciudad. Intervención al Agente del Ministerio Público Federal: En términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Audiencia: Se señalan las trece horas con cincuenta minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Solicitud de informe: Ahora bien, la parte quejosa señala como actos reclamados la omisión de señalar hora y fecha para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, así como la de notificar oportunamente a la parte demandada, a efecto de que se lleve a cabo dicha audiencia, en los autos del juicio laboral 2307/2020 JE1. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117, de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que rindan su informe con justificación, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días, remitiendo adjunto al mismo, copia certificada de las constancias relativas al acto reclamado. Apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa por el equivalente a trecientas unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En relación a lo anterior, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con sujeción al principio de economía procesal que debe regir en todo juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima pertinente informar que dicho informe podrá ser enviado a este Juzgado vía electrónica por medio del Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal a través del uso de la firma electrónica; asimismo, que se encuentra habilitada la dirección electrónica 2jdo5cto@correo.cjf.gob.mx, a fin de que tal autoridad esté en posibilidad de remitir con mayor prontitud su informe respectivo, sin que resulte necesario su reiteración por otra vía; lo anterior, sin perjuicio de que si lo estima oportuno lo siga enviando por la vía ordinaria, pues lo anterior constituye una opción más económica y oportuna en el uso de las tecnologías informáticas para privilegiar los principios a que se aluden en líneas superiores. Se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento del juicio, están obligadas a comunicarlo a este juzgado, tal como lo prevé el ordinal 64 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, apercibidas que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedores a una multa por el equivalente a treinta unidades de medida y actualización, con fundamento en el artículo 251 de la ley de la materia. Incidente de suspensión: Sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Tercero interesado: En virtud de que no existe certeza de que la parte demandada en el juicio de origen se encuentre emplazada en el mismo, una vez que se reciba el informe justificado, si es el caso, se proveerá lo conducente respecto de tenerla como tercero interesado al juicio en que se actúa. Habilitación de días y horas: De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Apercibimiento de autoridades inexistentes: Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79 de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta su imposibilidad de notificar a algunas de las autoridades responsables debido a su inexistencia, o bien, que alguna de las diversas autoridades informa que no existe otra de las autoridades, sin mayor trámite se les tendrá como inexistentes, suspendiendo toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable hasta antes de la audiencia constitucional, tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y, al principio de celeridad procesal. Domicilio y autorizados: Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle General Piña, número 104, entre Aguascalientes y Tlaxcala de la Colonia San Benito de esta ciudad. Asimismo, del escrito de demanda se advierte que el juicio de donde emana el acto reclamado es de naturaleza laboral, y que el quejoso no resulta ser la parte patronal, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en los más amplios términos a Adrián Rodríguez Barraza, Raul Herrera Ramírez, Rafael Alfredo Gallardo Villa, Eduardo Álvarez González y Gerardo Zepeda Moreno. Ahora bien, en términos del artículo 22 fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-192, se tiene por señalado el correo electrónico adrianbarrazayasociados@gmail.com a fin de entablar comunicaciones no procesales dentro del presente juicio. Transparencia: En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Se exhorta a las partes: De conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, dado que el presente juicio fue promovido de manera física, se exhorta a las partes a que, de ser posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se les invita a que, de estimarlo pertinente, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Digitalización del expediente: En cumplimiento artículo 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye al secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, de forma tal que el expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden cronológico. Finalmente, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, a efecto de que realice las notificaciones ordenadas, conforme al capítulo IV de la Ley de Amparo, así como del numeral 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19.

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