Rosa Icela Vargas Cristino
Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 20 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 20/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Rosa Icela Vargas Cristino
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite por conocimiento previo el juicio de amparo 477/2023, de su índice, promovido por María Guadalupe Vargas Cristino y Rosa Icela Vargas Cristino; contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, con sede en esta ciudad, en razón de que ante este órgano de control constitucional se promovió el juicio de amparo indirecto número 766/2022, en el que se reclamó un acto de autoridad dentro del expediente 281/2021-I, del cual deriva el diverso acto que se reclama en el juicio de amparo del que se declina competencia. Con fundamento en el artículo 48 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; este Juzgado Séptimo de Distrito, acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto; acúsese el recibo de estilo correspondiente, para los efectos legales procedentes. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo indirecto 460/2023, fórmese expediente impreso y electrónico. CUMPLIMIENTO AL ACUERDO GENERAL 12/2020. Asimismo, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por su parte, el actuario responsable encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese orden lógico, se tiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: "La indebida admisión de pruebas Confesional, Documentales, Informes de Autoridad e Inspecciones Judiciales en el auto de fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por parte del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, a la C. Margarita Vargas Cristino Albacea de la Sucesión Intestamentaria a Bienes CARLOS VARGAS EUGENIO y ALBINA CRISTINO ALARCÓN ya que la ofertante mediante libelo de contestación de demanda ingresado a través de la oficialía de partes común del Juzgado, quien acuso de recibo el día dieciséis de marzo del año en curso, en el cual oferta las pruebas antes en comento y estas no cumplen con las exigencias contenidas en el artículo 273, del Código de Procedimientos Civiles en vigor, es decir que no fueron ofrecidas relacionándolas específicamente a los hechos de la contestación de demanda y lo que pretendan probar no es objeto de la litis." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el estado Mexicano sea parte (...) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama la impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos de los gobernados, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo, es el auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, en el que el Juez de referencia admitió las pruebas confesional, documentales, informes de autoridad e inspecciones judiciales ofertadas por Margarita Vargas Cristino, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Vargas Eugenio y Albina Cristino Alarcón, en el juicio natural 281/2021-1, aquí tercera interesada. Cabe decir que, en el auto de admisión de pruebas, la autoridad responsable admitió las mismas, que según apreciación de la parte quejosa, no cumplen con las exigencias contenidas en el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, pues no fueron ofrecidas relacionándolas específicamente a los hechos de la contestación de demanda y lo que pretenden probar no es objeto de la litis; lo anterior, resulta así, pues según lo manifestado por las impetrantes, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se llevó a cabo la junta de herederos y seguidamente se realizó la votación para designar albacea, que de acuerdo a los votos emitidos, por mayoría le favoreció a la heredera Margarita Vargas Cristino, quien en esa misma fecha aceptó y protestó, lo que consta y se advierte en la documental pública que contiene junta de herederos y nombramiento de albacea; posteriormente, mediante escrito sin fecha, ingresado a través de la oficialía de partes común del Jugado Familiar, acusado de recibo el día seis de enero de dos mil veintitrés, la albacea rindió el inventario de manera incompleta; además, sostiene que no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 680 del Código Adjetivo Civil en Vigor, ya que no demostró con documento idóneos la legítima propiedad de la de cujus, la afirmación de que ésta en vida y a través de su apoderada legal Flor Lilia Vargas Cristino celebró contrato de compraventa y sacó inmuebles de su patrimonio, por tal razón, las quejosas promovieron demanda incidental de exclusión de bienes, que por turno le tocó conocer al Juzgado de Primera Instancia en Materia Familiar, quien ordenó su radicación bajo el número de expediente 281/2022-1, lo cual consta en auto de fecha veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Ulteriormente, mediante escrito sin fecha, y acusado de recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, la albacea dio contestación a la demanda y ofertó probanzas consistentes en confesional, documentales, informes de autoridad e inspecciones judiciales de su interés, omitiendo dar cumplimiento a las exigencias contenidas en el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. Todo lo antes expuesto, pone de manifiesto que el acto reclamado en esta vía constitucional, se traduce en violaciones a las leyes del procedimiento, al derivar el presente juicio de un auto de admisión de pruebas, dictado en el incidente de exclusión de bienes, tramitado dentro del juicio principal 281/2022-1 del índice de la autoridad responsable; por lo que dichos actos no deben considerarse como aquéllos que pueden acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. Lo anterior es así, atendiendo a que los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación, si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional por medio de derechos individuales y, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que las impetrantes pretenden es que se le conceda la protección de la Justicia Federal que solicitan, para dejar sin efecto el auto de veintidós de marzo de del dos mil veintitrés, dictado por el Juez Primero de Primera instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con sede en esta ciudad, en el que admitió las pruebas confesional, documentales, informes de autoridad e inspecciones judiciales ofertadas por Margarita Vargas Cristino, albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos Vargas Eugenio y Albina Cristino Alarcón, en el juicio natural 281/2021-1; de ahí que, esa determinación no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno a las quejosas, ya que puede llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Ello es así, en atención a que dicho acuerdo no constituye la afectación directa e inmediata a derechos sustantivos, ni tampoco tiene una ejecución tan grave o de efectos exorbitantes que objetivamente analizada, amerite sujetarla al control constitucional sin esperar que se promueva el amparo directo contra la sentencia que se decida sobre el fondo del juicio natural, pues precisamente, de resultar contrario a sus intereses, los solicitantes del amparo, estarían en aptitud de combatir dicha resolución mediante el juicio de amparo uninstancial. Es aplicable la tesis P. LVII/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Luego, si el acuerdo impugnado trasciende al resultado del juicio puede alegarse como concepto de violación en el amparo directo, más no hace factible la procedibilidad del juicio de amparo indirecto, ya que se reitera, no tiene la particular connotación de ser un acto de imposible reparación, cuya naturaleza jurídica es más profunda y tiene que ver con la salvaguarda de los derechos fundamentales, no de las cuestiones procedimentales surgidas en la contienda. Lo anterior, encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Asimismo, tiene aplicación al caso la Jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba". Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente las causales de improcedencia previstas en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Asimismo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir el ubicado en calle Heroico Colegio Militar, número 42, interior, departamento 2, altos, de la colonia Vicente Guerrero, de esta ciudad capital, así como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Alberto Robles Dávalos y Gustavo Nicolás Sanchez Valladares, por estar acreditado para ejercer la profesión de licenciado en derecho en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Asimismo, con fundamento en los artículos 77, 78, 79 y 80 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se autoriza al usuario "gsvlimp", corresponde al nombre de Gustavo Nicolás Sánchez Valladares, la consulta y notificación vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo, a través del portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. EN ATENCIÓN A ELLO, SE INSTRUYE AL OFICIAL JUDICIAL ENCARGADO DEL "SISTEMA INTEGRAL DEL SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES [SISE 2.0)", A FIN DE QUE REALICE LOS MOVIMIENTOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA TALES EFECTOS. Además, se instruye al actuario de la adscripción realice los movimientos conducentes, en el rubro denominado "Síntesis capturadas". Luego, toda vez que la parte quejosa señala domicilio para recibir notificaciones, y solicita se le notifique vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (S.I.S.E), para oír y recibir notificaciones, se instruye al Actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente asunto, privilegie la notificación a la parte quejosa vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y si por causa atribuible al sistema citado, no le es posible realizar la notificación correspondiente, la realice por cualquiera de los otros medios precisados por la parte quejosa. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Asimismo, desde este momento, se autoriza la expedición de copias simples o debidamente certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la parte quejosa y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores, fijado para la atención al público en general en días hábiles. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal, la intervención legal que le compete. AUTORIZACIÓN FIRMA DE OFICIOS Con apoyo en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, firmar los oficios que deriven del presente juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona para la recepción de la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De igual forma, se hace del conocimiento a las partes que de conformidad con el artículo 3° párrafo cuarto de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, a partir del cuatro de enero de dos mil dieciséis podrán tener acceso al expediente electrónico, promover por vía electrónica y solicitar la recepción de notificaciones por esa vía. Se exhorta a las partes para que de ser posible, opten voluntaria y expresamente a proseguir el trámite de este juicio vía electrónica, a través del esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación TRANSPARENCIA De igual modo, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1, 3, 4, 9 y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés pública y seguridad nacional o bien, como confidencial. Finalmente, glósese únicamente para que obre en autos, el oficio recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le informe la determinación emitida por este Juzgado en relación a la competencia planteada por ese órgano jurisdiccional; toda vez que en el segundo párrafo de este auto, se ordenó la expedición del acuse correspondiente.
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