Rosa Icela Rodríguez Deanda

Expediente 517/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
517/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
02/07/2018

Partes del expediente

  • Rosa Icela Rodríguez Deanda

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la quejosa, interpusiera recurso de queja en contra del auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho auto, ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Por otra parte, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase al quejoso para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original en su escrito inicial de demanda; apercibido de no hacerlo, dichos documentos seguirán la suerte del juicio principal.

  2. Principal

    Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo signada por *******, por propio derecho; contra actos del juez Primero Menor Civil de esta ciudad y otras autoridades responsables; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el entendido de que se encuentra registrado número 517/2018. Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, del análisis integral del escrito inicial de demanda se desprende que la quejosa reclama: "Señalo como acto reclamado de las autoridades responsables, el hecho de que se me haya privado de la posesión de los bienes de mi propiedad y se vaya a realizar el remate de ellos, de los cuales se señalaron para embargo dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil del cual quiero manifestar a su señoría que desconozco la deuda aunado quien la firma plasmada en el pagaré no es mía, conculcando con ello mi garantía de seguridad y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales" Refiere como antecedentes del acto reclamado que: 1. El doce de junio de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento por medio del ministro ejecutor adscrito al Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad, que se sigue en su contra un juicio ejecutivo mercantil promovido por Jesús Roberto Olivares Pacheco endosatario en procuración de María de Lourdes Macías donde se ordenó por parte del Juez responsable se le requiriera de pago y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad y que ese era el motivo de su comparecencia en el domicilio de la quejosa ubicado en circuito Arce Rojo, número 93, colonia Paseo del Campestre en esta ciudad. 2. Que en el momento de la diligencia la actuaria le mostro copia del pagaré base de la acción y le manifestó que esa no era su firma por lo cual no reconoció la deuda y a pesar de ello se le embargaron bienes. 3. Que al haberse embargado bienes de su propiedad, sin que la quejosa reconociera la deuda y expusiera que la firma plasmada en el documento base de la acción no es suya, se conculcan sus derechos fundamentales de seguridad y legalidad reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. De igual forma, de la cédula de notificación que la quejosa allegó para sustentar su dicho, se desprende que por acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, la juez Primero Menor Civil de esta ciudad, radicó la demanda instaurada por José Jesús Roberto Olivares Pacheco, en su calidad de endosatario en procuración de María de Lourdes Macías, en contra de Rosa Isela Rodríguez de Anda, bajo expediente M-578/2018 y ordenó se le requiriera del pago de las prestaciones reclamadas y en caso de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad, se le emplazara al citado juicio. De lo que se sigue, que el acto reclamado deriva de la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil que aún no ha concluido. Además se precisa, que la quejosa acude a esta instancia constitucional bajo el argumento que no reconoce la deuda y que la firma que obra en el documento base de la acción no es de su puño y letra, con lo cual pretende evidenciar que es tercera ajena al procedimiento de origen. En ese sentido, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia en realidad lo constituye, la diligencia de requerimiento de pago, embargo girada en contra de la parte quejosa, misma que fue ejecutada el doce de junio de dos mil dieciocho, sin que haya sido oída y vencida en juicio contradictorio, lo que hace evidente que se ostenta como tercera extraña por equiparación al juicio natural. Sin embargo no le reviste tal carácter, como se verá a continuación. El artículo 107, fracción VI de la Ley de Amparo, establece la procedencia del procedimiento constitucional en contra de actos que afecten a personas extrañas a juicio. Del anterior precepto se obtiene que las personas extrañas a juicio podrán promover amparo contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio que les causen alguna afectación. Debe señalarse, por otra parte, que tanto la doctrina como la jurisprudencia manejan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción indicada del citado numeral; sin embargo, acorde con las interpretaciones sustentadas por el alto tribunal, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye al propio demandado cuando no es emplazado o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Ello, ha creado jurisprudencialmente la figura del tercero extraño por equiparación. Es de invocarse la jurisprudencia P./J. 7/98, la página 56, tomo VII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de mil novecientos noventa y ocho que, a la letra, dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CONCEPTO DE. Para los efectos de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en el sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en ese concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente" Lo asentado anteriormente permite establecer que si una persona que es parte demandada en un juicio, no es emplazada a éste o su llamamiento es ilegal y tal vicio le impide acudir a defender el derecho que le asiste, entonces adquiere la calidad de tercero extraño por equiparación, precisamente porque la violación procesal cometida en su contra la constituye la falta de citación que lo hace desconocedor y, por ende, extraño al juicio seguido en su contra, ya que no se llegó a integrar la relación procesal, siendo precisamente esos defectos los que impidieron a la parte demandada tener conocimiento del juicio y ser oído y vencido en él. Ahora bien, de los antecedentes narrados con anterioridad, se desprende que la quejosa es demandada, en un juicio ejecutivo mercantil número M-578/2018, en el cual fue requerida del pago de las prestaciones reclamadas, al no haberlo efectuado se le embargaron bienes y se le emplazó en diligencia de doce de junio de dos mil dieciocho. En esa medida, el hecho de que en la demanda se ostente tercera extraña no le genera la calidad referida, precisamente porque fue integrada a la relación procesal con motivo de su emplazamiento realizado el doce de junio actual; por ende, está en posibilidad de acudir a defender sus intereses al juicio desde ese momento. En otras palabras, si la promovente del amparo fue señalada como demandada en el juicio de origen y no se ha continuado sin que se le llame o se le haya citado incorrectamente, está impedida para acudir a esta instancia ostentándose tercera extraña por equiparación, pues no encuadra plenamente en el supuesto de que la falta de emplazamiento o, en su caso, la ilegalidad de éste, le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidiera defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera su derecho de ser oída y vencida. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 2000293, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , Febrero 2012, Libro V, Tomo 2, página 1627, que es de rubro literal siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA." Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." Igualmente sustenta lo expuesto, la tesis II.T.306.L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 2234, tomo XXV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de dos mil siete que, a la letra, dice: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER AQUEL QUE ES SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL INCOADO EN SU CONTRA Y ESTÁ EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. De la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P./J. 40/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 81, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. LA FALTA O ILEGALIDAD DEL MISMO SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN, NO OBSTANTE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN DEFINITIVA DURANTE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 22 DE LA LEY DE AMPARO.", puede establecerse que para que una persona tenga el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, debe reunir los requisitos siguientes: a) que hubiese sido señalada como parte en el procedimiento natural; b) que no hubiere sido emplazada a juicio o se le haya hecho incorrectamente; c) que se haya emitido sentencia con su total desconocimiento; y, d) que a consecuencia de ello se hubiese violado en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. En esta tesitura, si los quejosos se hicieron sabedores del procedimiento laboral incoado en su contra y éste aún no ha concluido con el dictado del laudo, no puede considerarse que tengan el carácter de terceros extraños al juicio por equiparación, por no estarse en el supuesto de que el ilegal emplazamiento les haya ocasionado su total desconocimiento que les impidió defender sus intereses dentro del proceso y, por ende, se infringiera en su perjuicio la garantía de audiencia." En el caso, la quejosa se ostenta como tercera extraña al procedimiento natural, bajo el argumento que no reconoce la deuda y que la firma estampada en el documento base de la acción no es la suya y que a pesar de ello, se le embargaron bienes que aduce de su propiedad, procedimiento en el que no se ha dictado sentencia definitiva. En ese tenor, debe entenderse que la quejosa no es tercera extraña por equiparación, pues se encuentra en condiciones de apersonarse en el juicio de origen, para hacer valer su defensa contra las actuaciones que pretende invalidar a través del presente juicio de amparo. Aunado a lo anterior, al no haberse acreditado el carácter con el que se ostenta la ahora quejosa se estima que ésta puede apersonarse en el controvertido de origen, para agotar los medios legales que estime convenientes. Sin que sea óbice para arribar a la presente determinación la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, AL CONSTITUIR UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DENTRO DEL JUICIO."; toda vez que de conformidad con las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aún y cuando el acto reclamado pueda tener efectos de imposible reparación por afectar materialmente algún derecho sustantivo del quejoso, resulta necesario que previamente a la promoción del juicio de amparo se agoten los medios ordinarios de defensa que para tal efecto establezca la ley de la materia, en el caso, el Código de Comercio. Por las consideraciones que ahí expone, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, con número de registro 160536, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, página 2235, que establece: "MEDIDA PROVISIONAL DE RESTITUCIÓN O EMBARGO PRECAUTORIO CON MOTIVO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO. LA DETERMINACIÓN JUDICIAL QUE LA DECRETA DENTRO DE JUICIO NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que en su caso procedan. Condición impuesta que deriva de la observancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual opera como regla general y tiene como excepciones legales los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro, así como cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por tanto, si la determinación judicial dictada dentro de juicio que decreta la medida provisional de restitución o embargo precautorio de un inmueble relacionado con la comisión del delito, a pesar de tener el carácter de actos de ejecución irreparable, no actualizan alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad; es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales condiciones, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Dicho principio, consistente en que por tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Para su actualización, la causal invocada requiere que: a) El acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa sea factible de ejercitar dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) No se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por el cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada; de ahí que, se reitera, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección constitucional. Bajo el anterior marco contextual, debe destacarse que si bien la parte quejosa, en la presente instancia constitucional se ostentó ajena al procedimiento del que deriva el acto reclamado, lo cierto es que le recae el carácter de demandada, tal y como se desprende de la cédula de notificación derivada del juicio ejecutivo mercantil M-578/2018 del índice del Juzgado Primero Menor Civil de esta ciudad. Luego, previo a la interposición de la presente instancia constitucional, la quejosa debió interponer el medio ordinario de defensa que establece el Código de Comercio, esto es, el recurso de revocación, previsto en el numeral 1334, del citado ordenamiento legal, que establece que los acuerdos que no fueren apelables y los decretos, como aquellos en que se ordena el requerimiento de pago y embargo de bienes, pueden ser revocados por el juez que los dictó. Medio de defensa ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, debido a que éste es un medio extraordinario de defensa y el principio de definitividad que rige su procedencia obliga al gobernado a agotar, previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rige el acto reclamado establecen para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley Reglamentaria. En efecto, la causal de improcedencia en cuestión, se refiere a cuando se reclaman resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. De ahí, que aun cuando la orden de embargo y su ejecución-que derivan de un juicio ejecutivo mercantil- tienen la característica de ser de imposible reparación, al no haberlos impugnado la quejosa ante el juez de instancia, mediante el recurso de revocación, el juicio deviene improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 70/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 401, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, decima época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno)." Lo anterior es así, puesto que cuando existe certeza -como en el caso- de que contra el acto reclamado en un juicio de amparo procede un recurso ordinario dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en el numeral 61 fracción XVIII, de la ley de la materia, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que se desecha de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113 del propio ordenamiento legal. En el entendido que las tesis que se citan en el presente asunto, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, se estiman aplicables en tanto que no se oponen a los preceptos de la Ley de Amparo vigente. Domicilio y autorizados. Téngase al promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en ***Por otra parte, se tiene como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ángeles Gallardo Arteaga y Juan Carlos Almanza Rosillo, este último por así haberlo solicitado y la primera en mención, por no haber proporcionado dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultad para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizado únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Se habilitan días y horas. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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