Rosa Hortensia Lucero Acuña

Expediente 141/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
141/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/04/2018

Partes del expediente

  • Rosa Hortensia Lucero Acuña

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vistos los autos, advirtiéndose que en proveído de veinticuatro de abril del presente año, se ordenó la devolución de diversas documentales que la parte quejosa adjunto a su demanda de amparo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, por disposición de su artículo 2° de la Ley de Amparo, se le concede un plazo de noventa días naturales, contados a partir del siguiente al en que quede notificada del presente proveído, para que se presente en las instalaciones de este Juzgado a recogerlos, apercibiéndola que de no hacerlo, en su oportunidad se enviaran los mismos al archivo junto con el expediente. En términos del punto Segundo, fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese personalmente a la quejosa. IV-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días, que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiere el recurso de queja en contra del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Ahora, como la parte quejosa, adjuntó a su demanda diversas documentales originales que obran a fojas de la veinte a la cuarenta y ocho; en esas condiciones, se ordena su devolución, previa copia certificada y constancia de recibo, que se deje en autos. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 12009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de abril de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa Rosa Hortensia Lucero Acuña, no cumplió con el requerimiento formulado en proveído de dos de abril de dos mil dieciocho; en esas condiciones, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no interpuesta la demanda de garantías. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 357915, visible en la foja doscientos ocho, tomo LI, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto que dicen: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE ACLARACIÓN DE LA. Si no se hace la aclaración de la demanda de amparo, ordenada por el Juez, tal omisión debe ser sancionada en la forma que establece el artículo 146 de la Ley de Amparo, es decir, debe tenerse por no interpuesta la demanda y no desecharla por improcedente, si el acto reclamado sólo afecta los derechos patrimoniales del quejoso." La tesis aplicada, se invoca en términos del artículo sexto transitorio de esta ley, por no oponerse al texto de la misma. Hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno respectivo. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, empero, aun cuando no haya manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberá suprimir los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que se ordena a la Secretaría de este juzgado que elabore la correspondiente versión pública, siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito a partir de la identificación y marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Notifíquese. IV-B-P

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dos de abril de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Hortensia Lucero Acuña, por propio derecho, contra actos del 1) Presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca, 2) Presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca, 3) Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria de Tehuantepec, Oaxaca y 4) Presidente Municipal de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca, señalando como actos reclamados, lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS: A) La inminente transmisión de los derechos de posesión a terceras personas, respecto de todas y cada una de las fracciones ya multicitadas y que de las cuales me corresponde se me ponga en posesión inmediata, mismos que se encuentran ubicadas en Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca. B) La orden verbal o escrita girada en mi contra para desposeerme de las fracciones de terrero que legalmente tuvo en posesión mi extinto concubino ROMEO OROZCO ANTONIO, dentro del ejido de Santiago Laollaga Tehuantepec, Oaxaca. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 141/2018-IV-B. Ahora bien, a fin de que este órgano jurisdiccional provea lo procedente respecto de la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción V, en relación con el 108, fracción IV, y 110 de la Ley de Amparo, prevéngase a la quejosa para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del en que sea legalmente notificada de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para las partes y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: 1. Deberá aclarar el acto reclamado que le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables (ordenadora y ejecutora), toda vez que resulta ambiguo. 2. Lo anterior, en virtud de que en el apartado del acto reclamado, sustancialmente refiere "la inminente transmisión de los derechos de posesión a terceras personas" y "la orden verbal o escrita girada en su contra para desposeerla de las fracciones de terreno que tuvo en posesión su extinto concubino, dentro del ejido de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca". 3. Mientras que en la narrativa de hechos de la demanda se advierte que también reclama la asamblea de tres de marzo de dos mil dieciocho, celebrada por el Presidente del Comisariado y el Presidente del Consejo de Vigilancia, ambos del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Laollaga, Tehuantepec, Oaxaca, en la que como puntos medulares refiere que determinaron que los terceros interesados Romeo Orozco Román y Zita Orozco Román, tienen derechos ejidatarios sobre la posesión de los predios que en vida tuvo en posesión el de Cujus Romeo Orozco Antonio, y que además en dicha asamblea se le negó el derecho a ser escuchada porque no la conocen como la concubina del extinto Romero Orozco Antonio. Bajo esas premisas, la quejosa deberá precisar en concreto el acto que le reclama a cada una de las autoridades que señalas como responsables. Lo anterior, para establecer correctamente la litis constitucional y para que las autoridades responsables estén en aptitud de rendir sus informes respectivos del acto que concretamente se les reclama. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la tesis II.3o.A.23 K (10a.), con registro 2007130, sustentada por Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, visible en la página 1554, del Libro 9, Agosto de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, que es del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. MÉTODO PARA SU FIJACIÓN Y ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRITO Y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANDO EL SEÑALAMIENTO DEL QUEJOSO ES CONFUSO. De los criterios jurisprudenciales y aislados sustentados por el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que, para fijar correctamente los actos reclamados que serán materia del análisis constitucional, debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, por virtud de su sentido de indivisibilidad, sin atender a los calificativos que, en su enunciación, se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, pero si fuera el caso que, aun eso fuera insuficiente, entonces los juzgadores deberán armonizar -además de los datos que emanen del escrito inicial- la información que se desprenda de la totalidad del expediente del juicio, buscando lograr que su sentido sea congruente con todos esos elementos e identificando los reclamos con alguno de los supuestos de procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es decir, debe preferirse lo que quiso decir el quejoso y no lo que en apariencia dijo, a partir de una valoración rígida o literal del capítulo respectivo) y, todo ello, con el objeto de lograr una congruencia entre las pretensiones, lo que será resuelto y lo que razonablemente puede ser materia del juicio constitucional en función de los supuestos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto implique una suplencia de queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base de la litis del juicio constitucional. Esta valoración debe ser especialmente cuidadosa, cuando se trata de determinar si fueron varios los reclamos autónomos del quejoso o si se está ante una impugnación conexa de varios actos indisolublemente relacionados, respecto de los cuales sería indebido un juzgamiento aislado por cada reclamo aparente; por todo lo anterior, si dichos aspectos y método no fueron observados por el Juez de Distrito en la sentencia de amparo indirecto sujeta a revisión, el Tribunal Colegiado de Circuito, como órgano revisor, de oficio y sin necesidad de agravio, deberá corregirlos para evitar que el proceso constitucional culmine con una sentencia incongruente que no corresponda a la realidad de lo impugnado por el quejoso. Por lo tanto, se apercibe a la parte quejosa que de no desahogar la citada prevención dentro del plazo legal que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo. Téngase a la quejosa como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan García Jiménez, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, existe registrada su cédula profesional a su favor y únicamente para oír y recibir notificaciones a Carmen Janet Uc Linares, Yesenia del Carmen Montaño y Nadxielly Orozco Lucero, en virtud de que no aparecen registrados, sin perjuicio de que una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, se les tenga por autorizados en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo reformado. Ahora bien, como el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto, y se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que indican, en virtud de que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece registrada cédula profesional alguna a su favor, que lo faculte legalmente a ejercer la profesión de licenciado en derecho, sin perjuicio de que una vez que acredite tal carácter con la documental idónea, se le tenga por autorizado en los términos amplios que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." En otro aspecto, por el momento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se le realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma electrónica, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. IV-B

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