Rosa Hilda López España
Expediente 158/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 158/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/06/2016
Partes del expediente
- Rosa Hilda López España
Actuaciones
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1-2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benjamín Rubio Chávez, Juez Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad; ante la Secretaria que autoriza y da fe, Lubia Pulido Ocampo. Lpo/abrg
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por la XXX; contra actos del: 1. Juez Tercero de Primera Instancia Civil de Querétaro ANOTACIONES Se forma el expediente correspondiente, se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 158/2016-VIII-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto recamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la Ley de Amparo, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: El auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro de los autos del expediente 2190/2011, mediante el cual se ordena el requerimiento de pago y en su caso embargo en contra del quejoso, por no haber otorgado la garantía requerida para que se admitiera la apelación en efecto suspensivo respecto de la interlocutoria que lo condena a pagar la cantidad de ciento cinco mil quinientos cuarenta pesos 47/100, por concepto de costas procesales. Lo anterior por considerar que en el caso, el acto reclamado no constituye el último acto de ejecución de dicha sentencia, por lo cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. De conformidad con lo previsto en el segundo de los numerales en comento, en los procedimientos de ejecución de sentencia la última resolución es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien la que ordena el archivo definitivo del expediente. Por consiguiente, resulta inconcuso que el acto reclamado, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de expediente 2190/2011 del índice de la responsable, de modo que será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad jurídica para tal efecto, cuando el ahora justiciable estará en aptitud de acudir al juicio de amparo y, en su caso, exponer las eventuales transgresiones que considere se realizaron en el transcurso del procedimiento. Lo anterior es así en razón que el auto que ordena el requerimiento de pago y embargo, en contra del quejoso, es un acto intermedio que únicamente, pretende garantizar el pago de las costas condenadas, sin que a esta fecha existan bienes sometidos a un proceso de remate y para el caso que en el recurso de apelación, la interlocutoria que ordena la condena fuera revocada, el embargo preventivo quedaría sin efecto alguno, por ende, no puede considerarse que se trate de la ultima resolución en la etapa de ejecución de sentencia. En relación a lo anterior, es de invocar la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 230, del Tomo VII, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. En ese sentido, al no ser el auto de diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, ni tampoco un acto de ejecución irreparable, lo procedente es desechar la demanda promovida por XXX. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en XXX; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, XXX, esta ultima en razón que no cuenta con cedula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones fuera de la residencia de este Juzgado de Distrito; con fundamento en la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena notificar en forma personal el presente proveído y requerirlo, para que en la propia diligencia o dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación de este proveído, señale domicilio y persona en la residencia de este Juzgado de Distrito; esto es, en el Municipio de Santiago de Querétaro, Querétaro, para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de la materia. El anterior requerimiento, se encuentra precisado en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 29/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 11 de abril de 2014, página 507, de rubro y texto siguientes: PROMOCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR "LUGAR DEL JUZGADO O TRIBUNAL", A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 25 DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). El artículo 25 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, establece que cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzgado o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. En esa tesitura, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que por "lugar del juzgado o tribunal" debe entenderse el Municipio o ciudad en que se encuentre el domicilio de dichas autoridades y no la circunscripción geográfica correspondiente a la entidad federativa o circuito judicial en que se encuentren. Por tanto, para que se actualice el mencionado requisito basta con que el promovente, al depositar su escrito correspondiente en la Oficina del Servicio Postal Mexicano, se encuentre en una ciudad o Municipio distinto al del órgano jurisdiccional que conozca del procedimiento. Asimismo, se tienen por autorizados con las facultades que señala el artículo 12 de la ley de la materia, a XXX, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado y a este órgano jurisdiccional pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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