Rosa Hernandez Mendez

Expediente 416/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
416/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
26/07/2022

Partes del expediente

  • Rosa Hernandez Mendez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    NO ATENDIO AVISO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO QUE DICE: Córdoba, Veracruz, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo de treinta de junio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable foránea, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otro lado, tomando en consideración que la parte tercero interesada exhibió documentos originales en su escrito recibido en proveído de siete de abril del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida documentación correrá la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido el acuerdo de treinta de junio del año en curso, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice a lo anterior el hecho de que no obre en autos el acuse de recibo de la notificación a la autoridad responsable foránea, toda vez que ésta carece de legitimación para interponer recurso de revisión, pues su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por otro lado, tomando en consideración que la parte tercero interesada exhibió documentos originales en su escrito recibido en proveído de siete de abril del año en curso, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo, del artículo 18, del referido Acuerdo General, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquél en el término de noventa días a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, la referida documentación correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese y personalmente a la tercero interesada.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, a treinta de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término de sesenta días hábiles por el que, en proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, se decretó la suspensión del presente procedimiento con motivo de la defunción de la quejosa ********. En consecuencia, se levanta la suspensión decretada en este procedimiento y se procede a acordar lo conducente. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia en relación con el acto reclamado, lo que da lugar a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio. Se explica. El acto reclamado en este asunto consistente en la dilación procesal en el juicio agrario 695/2017, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, al no haberse dictado sentencia en el mismo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que se combate. El artículo y la fracción invocada establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, (.)". De la exégesis del precepto legal transcrito se desprende que el juicio de amparo se torna improcedente, por no poder incidir en la esfera jurídica del peticionario, cuando el acto reclamado ha dejado de producir sus efectos, ya sea por haber sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que al cesar la actuación de la autoridad que lo emitió, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica la desaparición total de sus efectos. En este sentido, la improcedencia de que se habla tiene su justificación en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, así como en el hecho de que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Esto es, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; o bien, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que tal derecho exija. Ahora bien, como se adelantó en líneas precedentes, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que mediante oficio 837/2021, de trece de mayo de dos mil veintiuno, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, remitió copia certificada de la sentencia dictada en el juicio agrario 695/2017 de su índice. Documental pública que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. De ello deriva que los efectos de la dilación reclamada han sido revocados, lo que implica que aquéllos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Así es, es incuestionable que la dilación procesal atribuida a la autoridad responsable, derivada de que no haber dictado sentencia en el juicio agrario 695/2017, cesó en sus efectos, pues, como se vio, ésta ya fue dictada. Luego, con el dictado de la sentencia respectiva en el juicio natural, dejó de existir de forma total, inmediata e incondicional la dilación procesal combatida. Tiene aplicación la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En las relatadas condiciones, como se adelantó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. En el entendido de que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Notifíquese, por lista de acuerdos a la parte quejosa y personalmente a la parte tercero interesada

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de tres de mayo de la presente anualidad, se suspendió el procedimiento por el termino de sesenta días, toda vez que la finada. quejosa en el presente asunto, no cuenta con representante legal y no se tiene conocimiento de la existencia de la sucesión testamentaria o intestamentaria. En tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta data, y en atención a que se encuentra suspendido el procedimiento, se reserva señalar fecha para su celebración. Finalmente, agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 31, con sede en Xalapa, Veracruz, a través del cual, remite copia certificada de la sentencia dictada en el juicio agrario. de su índice, por tanto, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto se reanude el procedimiento en el presente juicio.

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