Rosa Guadarrama Saldana

Expediente 990/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
990/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Rosa Guadarrama Saldana

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de julio de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que el promovente, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme a los diversos numerales 99 y 100 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, con fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda desechada; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados el acuerdo de diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el cual dice: Cuernavaca, Morelos, diecinueve de junio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por ROSA GUADARRAMA SALDAÑA, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Subsidiaria de Distribución Zona Progreso Superintendencia de Distribución Morelos y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número que le corresponda. En consecuencia, se procede al estudio de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual refiere que se deberá examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultarán indudablemente en el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía y en virtud de que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo, en cuanto al criterio, la jurisprudencia con número de registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, tomando en consideración que del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado, lo siguiente: "DE LA ORDENADORA: LA INFUNDADA E ILÍCITA PRETENSIÓN DE VINCULACIÓN DE MI SERVICIO PAGADO EN SU TOTALIDAD E IDENTIFICADO CON RPU 295 170 234 766 con medidor 830UT6 del cual soy titularal servicio 295 930 820 482 CON MEDIDOR 181FHN propiedad de la C. María Juárez Guadarrama para encuadrarlo ARTIFICIOSAMENTE en el supuesto del articulo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y suspenderme el servicio de energía eléctrica que se encuentra pagado a la fecha. DE LA EJECUTORA: EL REQUERIMIENTO ORAL DE PAGO DE FECHA JUEVESOCHO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO DEL SERVICIO DE LA C. MARÍA LUISA JUÁREZ GUADARRAMA CUYO SERVICIO 295 930 820 482 CON MEDIDOR 181FHN se encuentra en un proceso ante la Procuraduría Federal del Consumidor y cuyo pago no me corresponde puesto que ml servicio identificado como 295 170 234 766 con medidor 830UTG del cual soy titular se encuentra pagado a la fecha, TAMBIÉN SE RECLAMA LA INFUNDADA Y ARTIFICIOSA VINCULACIÓN POR CONDUCTO DEL NOTIFICADOR DE CFE SUBSIDIARIA DE SUMINISTRO BÁSICO QUIEN ME ENTREGÓ MI AVISO RECIBO Y CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DEL SUMINISTRO DEL SERVICIO 295 930 820 482 CON MEDIDOR 181FHN de la C. María Juárez Guadarrama fuera de cualquier supuesto del articulo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y QUE POR ELLO, SUFRO LA AMENAZA VERBAL DE CORTE POR LA VINCULACIÓN INFUNDADA DEL REFERIDO NOTIFICADOR DE LA EMPRESA DE SUMINISTRO BÁSICO DEL ADEUDO DEL SERVICIO 295 930 820 482 CON MEDIDOR 181FHN a mi servicio identificado como 295 170 234 766 con medidor 830UT6 que se encuentra pagado a la fecha y no se encuadra en los supuestos del articulo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica por lo que resulta infundada la amenaza de corte de ml servicio." Luego, de los antecedentes del acto reclamado que vierte la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en lo que aquí interesa, se desprende lo siguiente: ". La notificación del aviso recibo del servicio con RPU 295 170 234 766 con medidor 830UTG del cual soy titular. El requerimiento de pago del RPU 295 930 820 482 con medidor 181FHN de la C. María Juárez Guadarrama. La amenaza oral de corte de suministro eléctrico de mi servicio de energía eléctrica pagado y al corriente por medio del notificador de la Comisión Federal de Electricidad empresa de suministro básico aduciendo el adeudo del RPU 295 930 820 482 con medidor 181FHN de la C. María Juárez Guadarrama." De la anterior trascripción, este órgano jurisdiccional considera que por cuanto hace a los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Subsidiaria de Distribución Zona Progreso Superintendencia de Distribución Morelos y Agente Comercial de Zona Progreso de Comisión Federal de Electricidad, empresa subsidiaria de suministro básico, se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1° y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "ARTICULO 5°. Son partes en el juicio de amparo: [...] La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos de "autoridad" que violen derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. De igual modo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la segunda fracción del mencionado artículo 5° de la ley de la materia y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En consecuencia, el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio constitucional, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de derechos fundamentales, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Tiene aplicación al caso concreto el criterio jurisprudencial Número PXXVII/97, de Pleno, visible en la página 118, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, visible en la página 1089, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, en el caso, la quejosa señaló como autoridades responsables a la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Subsidiaria de Distribución Zona Progreso Superintendencia de Distribución Morelos y Agente Comercial de Zona Progreso de Comisión Federal de Electricidad, empresa subsidiaria de suministro básico, atribuyéndoles la supuesta vinculación de su servicio pagado en su totalidad identificado con RPU 295 170 234 766 con medidor 830UTG al servicio 295 930 820 482 con medidor 181FHN propiedad de MARÍA JUÁREZ GUADARRAMA, para encuadrarlo al artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica y suspenderle el servicio de energía eléctrica; sin embargo, de las constancias que adjuntó la parte peticionaria del amparo, se advierte que su actuar no se encuentra revestido de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad, coercibilidad e imperatividad propias de un acto de autoridad. Lo anterior, porque en la emisión de los actos materia del presente asunto, las responsables dependientes de la Comisión Federal de Electricidad, no actúan en calidad de autoridades para los efectos del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma de carácter general; por lo que si su actuación no está regulada en ninguna ley, ni existe una relación de supra subordinación, sino que su interactuación con la parte quejosa lo es al amparo de la libre autodeterminación de su voluntad, basada en el contrato de suministro de energía eléctrica, es evidente que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. A fin de evidenciar lo anterior, se impone precisar, en forma somera, cuál ha sido el criterio del Máximo Tribunal del país respecto al carácter de la Comisión Federal de Electricidad en tratándose de la prestación del servicio de energía eléctrica. En ese sentido, tenemos que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J.167/2011 (9a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y EL AJUSTE EN EL MONTO DEL CONSUMO DERIVADO DE ÓRDENES DE VERIFICACIÓN, COBRO O CORTE DE DICHO SUMINISTRO Y SU EJECUCIÓN, NO SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVISIÓN O DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ACLARACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.167/2011 [9a.])"; dijo que la determinación de ajuste en el monto del consumo de energía eléctrica efectuada por la Comisión Federal de Electricidad con motivo de la verificación a los medidores, las órdenes de verificación, cobro o corte del suministro de dicho fluido y su ejecución, así como el aviso recibo expedido por concepto de suministro eléctrico, no son actos de autoridad, pues la relación jurídica entre los particulares usuarios del servicio de energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad no son de supra a subordinación, sino de coordinación. Idéntico sentido sostuvo al emitir la jurisprudencia 2a./J.168/2011 (9a.), de epígrafe: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA DETERMINACIÓN QUE EMITE EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN FORMULADA CONTRA UN AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA", en la que esencialmente consideró que el aviso recibo por concepto de suministro de energía eléctrica, inclusive cuando contenga una advertencia del corte del servicio, no constituye acto de autoridad, toda vez que su origen se encuentra en un acuerdo de voluntades entre particulares, naturaleza que no varía cuando se resuelve la aclaración que se formule en relación con dicho recibo. Criterio que reiteró en las jurisprudencia 43/2014 (10a.) y 44/2014 (10a.), de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", en donde precisó que, en tratándose de la determinación y cobro del servicio de suministro de energía eléctrica, corte o suspensión del fluido por falta de pago oportuno, la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo, ni realiza actos equiparables a los de autoridad, debido a que dichos actos derivan de la relación contractual entre la compañía abastecedora y el usuario. Posteriormente, con la emisión de la tesis 2a.CVI/2014 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]", así como la diversa 2a. CVII/2014 (10a.), de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO DEBEN CONSIDERARSE COMO CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES, SINO COMO VERDADEROS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", la Segunda Sala interrumpió las tesis de jurisprudencia citadas en el rubro del primero de los criterios citados, señalando que la Comisión Federal de Electricidad es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, es un ente del Estado que tiene a su cargo la distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva; por lo que todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, por lo que contra los mismos, procede el recurso de revisión, previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, o el juicio de nulidad; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales. Mientras que en la segunda de las tesis citadas señaló que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica no existe un plano de igualdad y, por ende, no se genera una relación de coordinación, razón con base en la cual concluyó que los acuerdos de voluntades deben considerarse como verdaderos contratos administrativos. Por último, en oposición a los criterios y razonamientos citados en los dos párrafos precedentes, la Segunda Sala emitió la tesis 2a.XLII/2015 (10a.), que reza: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Con base en el criterio anterior es dable sostener que además de que la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país abandonó la idea de que los contratos celebrados entre los usuarios del servicio de energía eléctrica y la empresa suministradora constituyen contratos administrativos y sostener que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones que se derivan del suministro de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad son impugnables en la vía ordinaria mercantil, en dicha tesis se precisó, sin lugar a dudas, que los actos jurídicos celebrados con tal motivo son diversos a los de autoridad para efectos del juicio de amparo; de ahí que, se reitere, la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Subsidiaria de Distribución Zona Progreso Superintendencia de Distribución Morelos y Agente Comercial de Zona Progreso de Comisión Federal de Electricidad, empresa subsidiaria de suministro básico, no son autoridades para efectos del amparo. Consideraciones que son totalmente aplicables a los actos de vinculación de servicio del suministro de energía eléctrica que es específicamente el acto de autoridad que se reclama en el presente juicio de amparo, ello de conformidad con la cláusula novena del modelo de contrato de suministro de energía eléctrica en baja tensión que celebra Comisión Federal de Electricidad, con sus usuarios, ya que la controversia respecto a dicho punto -refacturación por ajuste-, deriva de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre dos particulares, por lo que las controversias que se susciten en relación con la manera en la que se llevó a cabo la revisión del aparato de medición, o con la forma en que se calcularon los adeudos que resultaron de la citada revisión deben dirimirse por la vía ordinaria mercantil debido a la falta de carácter de autoridad responsable de la parte a quien se le atribuye el acto reprochado, esto es, a la Comisión Federal de Electricidad. En esas condiciones, el juicio constitucional indirecto que se intenta promover en el caso, resulta notoriamente improcedente; motivo por el cual hace clara la concurrencia de la causal de improcedencia prevista por los artículos 5 y 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, por tanto, SE DESECHA LA DEMANDA DE QUE SE TRATA POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Se tienen las listas de los estrados de este Juzgado Federal, para oír y recibir notificaciones; ello, en razón de que resulta impreciso el domicilio señalado para tal efecto; máxime que se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Federal; y por autorizado en los términos que solicita a la persona que señala. Por último, se hace de su conocimiento que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, se prohíbe el uso de cámaras fotográfica, así como de cualquier aparato electrónico para reproducir los acuerdos que se emitan en el presente juicio de amparo; en términos de los artículos 110 y 113 de la referida Ley. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Marcela Merari Silva Múgica, Secretaria que autoriza y da fe.

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