Rosa Guadalupe Morales Torres

Expediente 814/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
814/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/04/2021

Partes del expediente

  • Rosa Guadalupe Morales Torres
  • Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. . Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal1, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.

  2. Principal

    Cuenta. El dos de marzo de dos mil veintiuno, se da cuenta al juez con la certificación que antecede, estado de autos y con un informe justificado y anexo registrados con folio 1557. Conste.Auto. Hermosillo, Sonora, dos de marzo de dos mil veintiuno. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental que se anexa al informe justificado que se atiende. Sobreseimiento. Del análisis del informe justificado rendido por la autoridad responsable y anexos que acompaña, se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." En términos generales, esta causa de improcedencia se ubica dentro de aquellas en las que la eventual protección de la justicia federal no podría materializarse, bajo la peculiaridad de que esa imposibilidad tiene como origen el que haya dejado de existir el objeto o materia del acto reclamado sobre los cuales éste tuvo eficacia y consecuentemente, ningún efecto práctico tendría esa restitución. Ciertamente, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Lo anterior es así, pues aún en el caso de que el peticionario de amparo llegare a obtener la protección constitucional, ésta no tendría efectos prácticos, puesto que no habría forma de restituir al quejoso sobre un derecho o cosa que ya no existe. En ese contexto, si se toma en consideración que las sentencias de amparo en las que se otorga la protección constitucional tienen efectos restitutorios, al dejar de existir el objeto o materia del acto reclamado, no cabe la posibilidad de cumplir con la finalidad del fallo protector, esto es, restituir a la parte quejosa en el goce pleno de los derechos fundamentales que le hayan sido transgredidos, al no haber posibilidad de concreción en la esfera jurídica del destinatario del acto reclamado. En la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsables, la fecha señalada para celebrar la audiencia prevista en el artículo 878 de la Ley Federal del Trabajo, relativa al ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del juicio de origen 4551/19JE1. Ahora, de las constancias que se anexaron al informe justificado, se advierte que en auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, las partes celebraron un convenio finiquito en el consabido juicio laboral; asimismo, el apoderado legal de la parte actora ?aquí quejosa?, se desistió de la demanda laboral y se ordenó el archivo del consabido expediente como asunto total y definitivamente concluido. Consecuentemente, al haber tenido a la parte quejosa por desistido de la demanda laboral 4551/19JE1 y ordenarse el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, resulta evidente la actualización de un motivo de improcedencia, toda vez que aunque subsisten los actos reclamados (fecha excesivamente lejana para que tuviera verificativo la audiencia prevista en el artículo 878, fracción VIII de ofrecimiento y admisión de pruebas) no es posible que los mismos surtan sus efectos legales ni materiales, pues con el desistimiento de la demanda laboral y el envío del expediente al archivo ha dejado de existir la materia de los mismos; en ese contexto, es inconcuso que prevalece una imposibilidad para analizar dicho acto reclamado. Es decir, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió en el evento de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien, ningún efecto jurídico protector tendría la respectiva sentencia concesoria, porque aunque se concediera la protección constitucional sería imposible ordenar fecha dentro del término de ley para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." (Tesis 2a./J. 181/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En el dictado del presente auto cabe la precisión que la jurisprudencia que se ha invocado, relativa a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resulta aplicable al presente asunto, aun cuando se haya integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente; asimismo, propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir sobre el tema en estudio de la nueva ley, por lo que es evidente que tal criterio cobra cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el diverso 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio por el aludido acto reclamado, de conformidad con el precepto 63, fracción V, del citado texto legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en foja 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo 2003, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Finalmente, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a saber diez horas con veinticuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que no obra en el sumario la constancia de emplazamiento o bien el informe justificado de la autoridad señalada como responsable Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. En ese contexto, en obvio de mayores dilaciones, reexpídase la comunicación oficial 15727/2020, a la autoridad responsable en cita con los insertos necesarios. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia y se señala para su celebración las diez horas con veinticuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Notifíquese.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de diciembre de dos mil veinte. Estado procesal. Vista la certificación que antecede y el estado de los autos se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional, toda vez que no obra en el sumario la constancia de emplazamiento o bien el informe justificado de la autoridad señalada como responsable. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia y se señala para su celebración las doce horas con catorce minutos del siete de enero de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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