Rosa Gonzalez Medina
Expediente 690/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 690/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2019
Partes del expediente
- Rosa Gonzalez Medina
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, considerando que la parte legitimada para hacerlo no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el presente juicio como asunto concluido.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA que dice... Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Subdelegado en Ensenada, Baja California, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el oficio 029103400100/1416/2019, de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, por el cual dio contestación a la petición formulada por la quejosa, mediante escrito presentado en la oficialía de partes de esa dependida, el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, así como diversas documentales relativas a la misma. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado La quejosa *** promovió demanda de amparo contra un acto del Subdelegado Ensenada, Baja California, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, el cual lo hizo consistir en la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la petición formulada mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve. Sin embargo, de las documentales aportadas por la referida autoridad, se desprende que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve, dio contestación a la petición formulada por la quejosa mediante escrito presentado el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, la cual fue notificada en esa misma fecha, tal y como se advierte de la constancia de referencia, pues en la parte inferior obra la firma de la quejosa y la leyenda "Recibí respuesta y anexos", además de que también remitió copia de la credencia para votar de la promovente del amparo. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de amparo, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo de acuerdo a lo establecido en la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , del rubro y texto siguientes*** Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, por lo que resulta innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, queda sin efectos la celebración de la audiencia constitución, señalada para las nueve horas con diez minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve. Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número***
- Principal
Notifíquese personalmente
- Principal
Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual remite las constancias que integran el exhorto local 172/2019, número de orden 251/2019, derivado del juicio en que se actúa. Dese de baja dicha comunicación del libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, una vez analizada la comunicación de cuenta, se advierte que se encuentra parcialmente diligenciada, en virtud de que no se requirió a los quejosos sí era su deseo nombrar un abogado que los representen; sin embargo, al desprenderse que no fue su deseo señalar a esta Juzgadora como autoridad responsable, en consecuencia, se provee: ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108 y 112 de la Ley de Amparo, se admite la demanda que promueven ****, por derecho propio, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Subsecretario del Sistema Estatal Penitenciario, con residencia en Mexicali, Baja California. 2. Juez Único de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común a Édgar Vázquez Flores. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado los quejosos. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días, contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero de la Ley de Amparo, apercibidas que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá individualmente una multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251, ambos de la Ley de Amparo. PRIMERA NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO En términos del artículo 5, fracción II, inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Único de Primera Instancia Pernal del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, por tanto, emplácesele por medio de oficio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), acompañándole copia de la demanda y transcripción del presente proveído. DESIGNACIÓN DE ASESOR JURÍDICO Ahora, en virtud de que los quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social Tijuana; a fin de que éstos gocen de una óptima defensa y asesoría durante el trámite del juicio constitucional, requiéraseles para que al momento de la notificación del presente proveído, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación, manifiesten si es su deseo nombrar un abogado que los represente, pues en caso de no hacerlo o no puedan nombrarlo, este órgano jurisdiccional les designará uno de oficio. Sirve de apoyo la tesis 1a./J. 43/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja. Dado que los referidos quejosos se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social Tijuana; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, con residencia en Tijuana, Baja California, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, se sirva notificarles el presente proveído y realice el requerimiento inserto en el mismo. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108 fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a los quejosos que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable; tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio y la sentencia que se dicte no se ocupará de ella. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, infórmese a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://consultaexpedienteelectrónico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica (FIREL) del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, cuya liga es http:// www.firel.pjf.gob.mx, respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
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