Rosa González Álvarez

Expediente 566/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
566/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
22/05/2018

Partes del expediente

  • Rosa González Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula....II

  2. Principal

    RECEPCIÓN Y DEMANDA: Téngase por recibida la demanda promovida por *********, por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de El Marqués, Querétaro y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo 566/2018-II, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio. DESECHAMIENTO. Ahora, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Por lo que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X de la Ley de Amparo, que a letra dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" La causa de improcedencia prevista en la porción normativa anteriormente trascrita, se traduce en lo que comúnmente se denomina litispendencia, y para que se actualice se requiere la existencia de otro juicio de garantías que se encuentre pendiente de resolución. Su finalidad es evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Así, de la fracción de referencia se desprende que para que opere la causal de improcedencia en comento, se requiere que se reúnan los requisitos siguientes: a) Que la norma general o acto se reclame en forma simultánea en dos juicios de amparo; b) Que ambos juicios de amparo se hubiesen promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, y contra las mismas autoridades responsables, y el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas; y, c) Que estos juicios estén pendientes de resolver, ya sea en primera o única instancia, o en revisión. En relación con la identidad de las autoridades Precisado lo anterior, conviene precisar que como se advierte de las copias certificadas del juicio de amparo 85/2018-II del índice de este Juzgado, se desprende que el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, ****, presentó demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, misma que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, en la que señaló como actos y autoridades responsables los siguientes: ACTOS RECLAMADOS A. La orden de emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 374/2017, contenida en auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete. B. El embargo llevado a cabo en diligencia de diez de enero de dos mil dieciocho, respecto de los siguientes bienes muebles que la parte quejosa refiere son de su propiedad: 1. Televisión negra, marca Panasonic, modelo CT-2751XR con número de serie MC4161P038. 2. Tinaco color negro con tapa, con capacidad de mil cien litros, marca Dalflex, con accesorios de válvula de llenado con varilla y flotador, de un metro con setenta centímetros de alto de forma cilíndrica. 3. Cubeta impermeabilizante, protector acril rojo, con estampa que dice "soluciones programa social". 4. Extensión de cable color rojo con azul de aproximadamente cuarenta metros, de alambre 14WG -ELLUS- 4051173 y reflector Led con número de identificación IC5003-320-16-29743. 5. Dos hojas tipo puerta de metal de color negro, de un metro con setenta centímetros de altura y un metro de ancho aproximadamente, con herraje en decorado de metal. 6. Tres marcos de metal con figura de ventana en color azul oxidada, con cuatro láminas de plástico en color blanco, de un metro de altura con un metro y veinte centímetros de ancho. C. La ejecución de lo anterior. AUTORIDADES RESPONSABLES 1.- Juez Menor Mixto de El Marqués, Querétaro; y, 2.- Actuario adscrito a dicho Juzgado. En razón de lo anterior, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda en cita, registrándose bajo el número 85/2018-II, se requirió a las autoridades responsables para que rindieran sus informes justificados, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, misma que previos diferimientos tuvo verificativo el veinticinco de abril de dos mil dieciocho, y en esa misma data se dictó la sentencia respectiva en la que se sobreseyó el juicio de amparo. Por otra parte, se tiene que el nueve de mayo de dos mil dieciocho, ************** promovió diverso juicio de amparo del cual de igual manera tocó a este Juzgado de Distrito su conocimiento, en el que señalaron los mismos actos y las mismas autoridades responsables, a saber: De todo lo narrado se advierte que Rosa González Álvarez, promovió dos juicios de amparo, el primero, el veinticinco de enero de dos mil dieciocho, y el segundo, el nueve de mayo de dos mil dieciocho, en contra de los mismos actos y autoridades responsables; siendo así las cosas, es inconcuso que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, por las razones que la sustentan, la tesis con rubro y texto siguientes: "LITISPENDENCIA, INTERPRETACION DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Es improcedente, en términos de lo preceptuado por el artículo 73, fracción III de la Ley de Amparo, el juicio de garantías que se promueve en contra de un acto que fue materia de un diverso juicio de amparo que se encuentra pendiente de resolución en primera o única instancia, o en revisión, si éste se interpone por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, con independencia de las fechas que ostenten las resoluciones tachadas de inconstitucionales, si en ambos casos existe identidad en el fondo sustancial u objeto materia del juicio." Esta igualdad de elementos que se debe dar entre los dos juicios de amparo promovidos, debe ser sólo de carácter formal, pues tanto la Ley de Amparo como los criterios sustentados por los tribunales del Poder Judicial de la Federación, indican que para que se configure la causal de improcedencia en comento no es necesario que las violaciones constitucionales reclamadas en los dos amparos sean idénticas. Asimismo, es ilustrativa la tesis número XIX.20.12 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 312, tomo III, enero de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto establecen: "LITISPENDENCIA EN MATERIA DE AMPARO. Por imperativo de la fracción III, del artículo 73, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe entenderse que la litispendencia en materia de amparo es formal y no material; de ahí, que resulta irrelevante el hecho de que en las demandas de amparo se pudieran haber planteado violaciones constitucionales diferentes, ya que ello no impide la configuración de la causal de improcedencia prevista en la fracción y precepto inicialmente citados, la cual sólo amerita la valoración de la identidad de los elementos formales: quejoso, acto reclamado y autoridad responsable" Es necesario, reiterar, que dado que se trata del mismo acto, misma autoridad y misma quejosa, en ambos juicios de amparo, en cuya hipótesis el segundo de los cuales deviene improcedente, según lo definido por la jurisprudencia 235, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 193, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice de 2000 al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Por lo anteriormente considerado y fundado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA, la demanda de amparo en análisis. Da vigor a lo dicho, la jurisprudencia que estatuye: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Jurisprudencia 4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, del tomo VII, Mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual puede acudir la parte quejosa a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce...II NP

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