Rosa Gómez López

Expediente 1040/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1040/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Rosa Gómez López
  • Rosa Gómez López y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, uno de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo de que se trata; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Se tiene por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Rosa Gómez López, por medio del cual solicita la devolución de los documentos originales anexados al capítulo de pruebas. Al efecto, devuélvase las documentales que solicita, debiendo dejar copia en autos, previa identificación y razón de recibido que otorgue en autos para constancia, autorizando para recibirlos a los indicados en su escrito de cuenta. Se hace del conocimiento al promovente que únicamente se le permitirá el acceso a este Juzgado, previa cita. Por lo que en la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrará el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para recoger las documentales solicitadas. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el inciso b), del artículo 21, Capitulo Octavo, de dicho acuerdo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del capítulo Octavo y 35, del capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Vigésimo Circuito, de cuyo contenido se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el tercero interesado en contra del auto de veinte de junio del presente año, emitido en el presente asunto, y se registró bajo el recurso de queja 235/2022. Se toma nota de lo informado, quedando a la espera este órgano de la ejecutoria que dicte dicho Tribunal de Alzada. Por otra parte, visto el oficio de cuenta, signado por la Segunda Secretaria de Acuerdos de Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, de esta ciudad, por medio del cual, informa que en cumplimiento a lo requerido por el este Juzgado Federal el doce de julio del presente año, ordenó girar oficio al Director de Cobranzas de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, para que haga efectivo el apercibimiento de cien unidades de Medida de Actualización a la demandada Instituto del Patrimonio del Estado, toda vez que no dio cumplimiento al laudo, requerido mediante diligencia de ocho de julio del año en curso, del cual anexa copia certificada, además comisionó al Actuario de su adscripción para que a las once horas del día veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, en compañía de la parte quejosa se constituyan al domicilio de la Dirección del Instituto del Patrimonio del Estado de Chiapas (patrón sustituto) y le requieran el cumplimiento del laudo de seis de diciembre de dos mil diecinueve y resolución interlocutoria de veinte de abril del presente año, de su índice. Hágasele del conocimiento del presente proveído a la parte quejosa a fin de que esté en aptitud de imponerse de autos del juicio laboral de origen para la diligencia determinada por la autoridad responsable en cita, y continúe velando por el cumplimiento a la ejecutoria. Con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado Burocrático responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de se lleve a cabo dicha diligencia remita copia certificada de las constancias, así como de las actuaciones tendientes a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; a efecto de continuar con el trámite del presente asunto. Asimismo, se le requiere al Director del Instituto de Patrimonio del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que en la diligencia de requerimiento de laudo, o bien dentro de los tres días siguientes contados a partir de que se lleve a cabo dicha diligencia, den cumplimiento a los puntos resolutivos quinto, sexto del laudo de seis de diciembre de dos mil diecinueve y resolutivos segundo, tercero y cuarto de la resolución interlocutoria de veinte de abril de dos mil veintidós. Se apercibe a dicha autoridad que de no cumplir con lo anterior, en el término fijado, se les impondrá multa de Cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $96.22 (noventa y seis pesos, 22/100 moneda nacional) diarios, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), de conformidad con el artículo 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo. Además, que se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación ante el Juez de Distrito para la aplicación de la pena que prevé el artículo 267 de la Ley de Amparo, conforme al numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo dispone el numeral 192 de la Ley de Amparo. "Artículo 192. (.) En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a la autoridad responsable vinculada que el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, destaca, en lo que importa, que a la autoridad que incurra en incumplimiento a una sentencia de amparo o no la haga cumplir, se le impondrá una pena de prisión de cinco a diez años, así como multa de cien a mil días, y podrá ser destituida o inhabilitada para ejercer diverso cargo público. Para que se configure el delito denominado desacato a una sentencia de amparo, deben actualizarse tres elementos: a) que el sujeto tenga calidad de autoridad; b) que con dicho carácter incumpla una sentencia de amparo; y, c) que tal actuar u omisión de incumplimiento sea doloso. Lo anterior fue explicado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria del Juicio de Amparo Directo en Revisión 4832/2018, de la cual emanó el criterio jurisprudencial 1a./J. 29/2019 (10a.) de rubro "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD.". En ese sentido, si este órgano de amparo advierte la presencia de hechos que pudieren encuadrar en el supuesto del ilícito indicado, bajo la presencia de los elementos que lo configuran, se procederá a dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para que actúe conforme a sus facultades ministeriales. NOTIFÍQUESE.

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