Rosa García Escobar y Otros.

Expediente 343/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
343/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2019

Partes del expediente

  • Rosa García Escobar y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de abril de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos décimos y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos, toda vez que en autos constan documentos exhibidos por la parte quejosa, como anexos de su escrito de demanda, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente, haciendo de su conocimiento que deberá acudir a este Juzgado dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas en día hábil. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Jueza Tercero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. 2. Actuario adscrito al Juzgado Tercero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 343/2019-4-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Una vez establecido lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda de amparo, el acto que por esta vía se impugna, deriva del expediente 639/2017, consisten en: "1V.- ACTOS RECLAMADOS. De la C. Jueza Tercero del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tuxtla, con residencia en esta Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el último acuerdo de fecha 22 de febrero del año en curso, en el Expediente Ordinario Civil de Prescripción de la Propiedad, esto es, donde se aprueba la desocupación y lanzamiento de mi propiedad y con auxilio de la fuerza pública." Se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)" La porción normativa transcrita recoge una de las causas de improcedencia diseñadas por el legislador para efectos del juicio de amparo, vinculada con la figura de la cosa juzgada. Así, el dispositivo en mención, en relación con la fracción XI del propio precepto, establece que dicha instancia será improcedente cuando lo ahí reclamado verse o involucre un acto que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, promovido por la misma quejosa, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Alrededor de la cosa juzgada, cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado, desde un panorama central, que ésta debe entenderse como la inmutabilidad de lo resuelto en las sentencias firmes, sin que pueda admitirse válidamente que éstas sean modificadas por circunstancias excepcionales, puesto que en esta figura descansan los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica; asimismo, que es una expresión de la preclusión, al apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución respectiva. Igualmente, la Segunda Sala ha dejado establecido que la autoridad de la cosa juzgada se integra y extiende en el plano material con diversas intensidades. Por un lado, en sentido estricto, se desdobla con un efecto directo respecto a juicios futuros, al implicar la imposibilidad de que lo resuelto pueda discutirse a posteriori en diverso proceso y, en este caso, su actualización se sujeta a la condición de que concurran los siguientes presupuestos: a) Identidad de las partes con la misma calidad en ambos procesos. b) Identidad en la causa aducida en el juicio. c) Identidad en el objeto. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA. Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir; por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." De tal guisa, los elementos condicionantes de la cosa juzgada se constituyen por:  La existencia de una sentencia ejecutoriada.  La existencia de un diverso proceso en trámite.  La existencia de una relación sustancial de interdependencia, respecto al objeto sobre el que versa el juicio previo -de donde deriva la sentencia ejecutoriada- y el que se tramita.  La sujeción de las partes a la obligatoriedad de la sentencia firme del primer proceso.  Que en la sentencia firme se sustente un criterio de fondo preciso, claro e indudable sobre uno de los presupuestos lógicos sobre los que versa el nuevo juicio, y que, a su vez, será elemento necesario para sustentar la resolución de este último, a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias. Luego, en términos del diseño establecido en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, la cosa juzgada que provoca la improcedencia del juicio de amparo exige, de manera estricta, la concurrencia de los supuestos consistentes en: 1) Que el acto reclamado en determinado juicio de amparo verse o involucre un acto o ley que hubiera sido materia de una ejecutoria en otro. 2) Que dichos juicios hubieran sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. ***

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