Rosa Gabriela Gonzalez Anzures
Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 13/10/2022
Partes del expediente
- Rosa Gabriela Gonzalez Anzures
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que no fue impugnada la sentencia dentro del plazo legal, como lo establecen los artículos 81, fracción I, inciso e, y 86, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Por otra parte, devuélvase en un tomo las constancias que remitió la autoridad responsable. Solicítese acuse de recibo. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Incidental
Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que por auto de esta misma fecha, se ordenó el archivo en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión. Por tanto, se provee lo relativo a los cuadernos del incidente de suspensión, en los siguientes términos. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación dado que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, además de que no se considera de relevancia documental, el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Asimismo, una vez que transcurran seis meses, destrúyase el duplicado el incidente. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa. Notifíquese por lista física y electrónica.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
AVISO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA, LA RESOLUCION DE SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE EL AVISO DEJADO EN SU DOMICILOI EL NUEVE SIGUIENTE, EL AUTO EN CITA DICEVISTOS, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 484/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado el quince de marzo siguiente a este Juzgado Decimoquinto, +++en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de +++solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que se precisan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME REGISTRO 1 JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA 7806 2 NOTIFICADOR ADSCRITO AL JZUGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA 7806 3 SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO NIEGA 7806 ACTOS RECLAMADOS: "[.] Del C. Juez Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, la omisión de no dar el mandato o dictar el auto correspondiente para que se realizara la notificación o en su caso el emplazamiento a la sucesión a bienes de mi finada madre +++y en consecuencia habernos dejado en estado de indefensión por no haber sido llamada a juicio para una debida representación en el mismo, lo que nos conduce a una violación al artículo 14 Constitucional. El C. Secretario por la omisión de no llevar un adecuado procedimiento conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, al ser omiso durante el proceso judicial no llamar a juicio a la sucesión a bienes de mi extinta madre y no suspender el procedimiento hasta en tanto no compareciera el o los interesados Del C. Notificador del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, la omisión de no levantar constancia alguna por falta de emplazamiento o notificación personal a la sucesión a bienes de +++." Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda bajo el número 484/2022 y se formuló prevención; posteriormente, en auto de once de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite; fue solicitado a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le confiere la ley para el efecto de que formulara los alegatos que a su representación corresponde y se emplazó a juicio a la parte tercera interesada +++. TERCERO. Ampliación de demanda. Mediante ocurso registrado con el folio 11032, la quejosa amplió su demanda por conceptos de violación, respecto de la cual, las autoridades señaladas rindieron su informe justificado de la manera siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: NO. AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME REGISTRO 1 JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CIERTO 11834 2 NOTIFICADOR ADSCRITO AL JZUGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CIERTO 11834 3 SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO CIERTO 11834 Finalmente, fue señalada fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el cinco de agosto de dos mil veintidós. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, con fundamento en los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse omisión carente de ejecución atribuida a una autoridad distinta de la judicial y haber prevenido este Juzgado Federal en el conocimiento del presente asunto. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como cuestión inicial es menester precisar los actos reclamados en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Del examen integral de la demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión de emplazar a la sucesión a bienes de +++al juicio civil sumario +++ del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco1 . TERCERO. Verificación de certeza del acto reclamado. Acto cierto. Las autoridades responsables negaron la existencia del acto que se les atribuye; sin embargo debe desvirtuarse dicha negativa toda vez que de las constancias remitidas por el Juez Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, relativas al juicio +++ que por su carácter de documentales públicas adquieren el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se advierte su existencia; por tanto se tiene por cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Antecedentes relevantes del caso. 1. El diez de octubre de dos mil trece, se tuvo a +++(aquí tercera interesada), presentando demanda en contra de ++++++. 2. En auto once de octubre de dos mil trece, se radicó y admitió a trámite en la vía civil sumaria, con el número de expediente +++ del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco y se ordenó emplazar a juicio a los demandados. 3. El catorce de febrero de dos mil catorce, se emplazó a juicio a +++; diligencia que se entendió directamente con la referida demandada. 4. Mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a +++dando contestación a la demanda promovida en su contra, señalando domicilio procesal y designando como abogado patrono de conformidad al artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco al licenciado Julián Claudio García. 5. Seguido el juicio en todas sus etapas, el veintinueve de marzo de dos mil quince, se emitió la sentencia correspondiente en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERA.- Competencia del Juez, personalidad, capacidad de las partes; vía elegida, y procedimiento seguido resultaron presupuestos procesales, adecuados al caso concreto; por tanto SEGUNDA.- Se establece que la parte actora NO probó la procedencia de su acción, sin que resultara necesario entrar al estudio de las excepciones propuestas por los demandados, en consecuencia: TERCERA.- Se dejan a salvo los derechos de las partes, para que los hagan valer en la vía y forma que consideren pertinentes.- 6. Inconforme con dicha determinación la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual conoció la Sétima Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el toca de apelación +++, mismo que en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, revocó la sentencia de primera instancia y condenó a los demandados. 7. En fecha de diez de marzo de dos mil dieciséis, causó estado la sentencia y se ordenó su cumplimiento voluntario, con el apercibimiento que de no hacerlo, se ordenaría la ejecución forzosa. 8. Toda vez que la parte demandada no cumplió voluntariamente con lo sentenciado, por auto de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó la ejecución forzosa. 9. El treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho se llevó a cabo la audiencia de remate en segunda almoneda, en donde se declaró fincado el remate a favor de la actora ejecutante; y posteriormente, en fecha tres de julio de dos mil dieciocho, se adjudicó el bien inmueble ubicado en la casa número +++ a +++(aquí tercera interesada). 10. Siguiendo la secuela del juicio, en la etapa de ejecución de sentencia, en fecha once de febrero de dos mil veinte, se suspendió el procedimiento del expediente +++ante el fallecimiento de la codemandada +++, hasta en tanto se designara representante legal o albacea de la sucesión a bienes de la referida demandada 11. Posteriormente, en auto de diez de diciembre de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, toda vez que la finada +++ era representada en el procedimiento por su abogado patrono, de conformidad al artículo 42 del código de procedimientos civiles del estado de Jalisco, por lo que se ordenó continuar con el trámite conforme a sus etapas procesales correspondan. Hasta aquí los antecedentes que informan la litis constitucional que se decide. Atento a la naturaleza del acto, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de audiencia el cual implica que todo gobernado, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o de derechos, debe tener oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que puedan desarrollarse las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente al establecer las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, al ser parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, se ve afectado en su esfera de derechos por virtud del mismo. En ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Puntualizado lo que antecede, se toma en cuenta que la quejosa acude al amparo como tercera extraña en estricto sentido; aduce que desconoce lo actuado en el juicio de origen. QUINTO Causales de improcedencia. Establecida la existencia del acto reclamado de mérito, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 622 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, debe sobreseerse en el juicio en relación con los actos reclamados al Secretario del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, ya que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación a los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [...] I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte [...]". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [...]". En tal medida, resulta indispensable determinar la concepción del acto reclamado, pues ello constituye un requisito medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de conformidad con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1o, fracción I, de la Ley de Amparo, que consagran la procedencia del amparo contra actos o leyes de autoridad. Así, los tribunales federales y la doctrina han definido el acto de autoridad como una disposición o hecho autoritario, concreto y particular, es decir, cualquier hecho voluntario o intencional, negativo o positivo imputable al órgano del Estado, consistente en una decisión o ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas que impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento de voluntariedad que lo distingue de cualquier acontecimiento; el de intencionalidad, que estriba en la causación de una afectación, que lleva a la obtención de un fin determinado; así como el de índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad o coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por ello, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de amparo, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que éste tenga interés jurídico y pueda reclamarlo por este juicio constitucional. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado3 ." En ese contexto, el Secretario del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Primer Partido Judicial, con sede en Zapopan, no puede tener el carácter de "autoridad responsable", toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que únicamente tuvo funciones de fedatario y apoyó al juez del Juzgado al que pertenece, sin imperio ni facultad decisoria, por lo que no tiene el carácter que se le atribuye por carecer de las facultades decisorias y ejecutoras necesarias para encuadrar en los parámetros que refiere la fracción II del artículo 5 de la ley de la materia; por lo que no puede adquirir la jerarquía de responsable para los efectos del juicio de amparo, de ahí que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Es aplicable al caso el criterio jurisprudencial de rubro y contenido: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional4 ." Por los motivos expuestos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación a los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo; en consecuencia, se sobresee en el juicio de amparo contra el acto reclamado al Secretario adscrito a la Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al haber sobrevenido la causa de improcedencia antes destacada. SEXTO. Estudio de fondo. Al no existir diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes o se advierta de oficio, se emprende el examen del fondo de la controversia planteada a la luz de los conceptos de violación. La quejosa señala esencialmente en su escrito de demanda como en el de ampliación, que se transgredieron en su perjuicio los artículos 1, 4, 14 y 16, toda vez que la omisión de la autoridad responsable de notificar, o en su caso emplazar a la sucesión a bienes de +++, ha violentado su garantía de audiencia, dejándola en estado de indefensión, toda vez que no ha podido comparecer a juicio a defender los derechos de la sucesión que representa. Continúa señalando que la determinación de diez de diciembre de dos mil veinte, en la que la autoridad responsable dejó sin efectos la suspensión decretada el once de febrero de dos mil veinte, al no habérsele notificado personalmente sino mediante boletín judicial, trasgrede lo establecido en los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales, toda vez que dicho auto no se encuentra debidamente fundado ni motivado, ya que la responsable debe partir de la diferencia que existe entre la figura de un abogado patrono y un mandatario judicial, toda vez que el acuerdo señalado se fundamentó en jurisprudencias inaplicables. Por último, hace mención a las reglas generales que establece el Código Civil del Estado de Jalisco, en lo referente a los Contratos de Servicio Técnicos y Profesionales. Lo anterior deviene infundado. Se explica. La parte quejosa aduce que la representación de +++y su abogado se constituyó mediante la figura del contrato de prestación de servicios técnicos y profesionales contemplado en el Código Civil del Estado de Jalisco; y en consecuencia, al fallecer +++se terminó la representación de ésta con su abogado; por tanto, debió darse la intervención a la sucesión correspondiente al juicio de origen con el fin de no afectar sus intereses. Sin embargo, como se advierte de las constancias del juicio de origen +++ del índice del Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial, en el cual destaca el escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil catorce, +++ compareció a juicio y designó abogados en términos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. Ahora bien, el citado precepto legal establece lo siguiente: "Artículo 42.- Los interesados y sus representantes legítimos podrán comparecer en juicio por sí o por medio del procurador con poder bastante. Las partes e interesados podrán designar por escrito, en cualquier etapa procesal, abogado patrono legalmente autorizado para el ejercicio profesional quien no podrá delegar en otro su función o nombrar diverso abogado patrono. La designación aceptada faculta al abogado para recabar, ofrecer, desahogar y objetar pruebas; interponer y continuar los recursos e incidentes, formular alegatos y en general, realizar todos los actos procesales salvo la adquisición de inmuebles que le correspondan a quien lo designó exceptuando la transacción, el desistimiento, la adquisición de inmuebles y los actos personalísimos que la ley o el juez señalen. Cuando hubiere varios designados, podrán actuar conjunta o separadamente, pero en la práctica de diligencias o audiencias sólo uno de ellos podrá llevar la voz. El designado en los términos de éste artículo tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado." (Énfasis añadido) El dispositivo legal en cita, en su última parte, establece categóricamente que el abogado patrono tendrá "las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinado". De lo anterior se colige que los abogados patronos, en amplios términos del artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, (como lo es en el caso) cuentan con facultades de un mandatario especial con respecto a su patrocinado, y como se advierte de las constancias de autos la demandada +++ es representada en el juicio de natural por sus abogados patronos +++, de los cuales no le han sido revocados sus mandatos, ni han renunciado al mismo. Conviene apuntar que el mandato es un contrato por el cual una persona llamada mandante otorga a otra denominada mandatario, la facultad de realizar por el otorgante un acto jurídico, el cual puede tener diferentes efectos, pues cuando éste sea patrimonial, deberá entenderse que su finalidad es la de conservar ese patrimonio. El contrato de mandato se perfecciona con la aceptación del mandatario. El mandato que implica el ejercicio de una profesión se presume aceptado en términos generales, cuando es conferido a una persona que ofrece al público el ejercicio de su profesión y el mandatario no lo rehúsa dentro de los tres días siguientes a su conocimiento. El mandatario, en sus relaciones con el mandante, no estará obligado a intervenir en actos para los cuales no tenga instrucciones del mandante, ni en aquéllos en los que se considere impedido, los terceros no podrán exigir al mandatario su representación sino cuando haya aceptado especialmente para el acto de que se trate. La aceptación puede ser expresa o tácita. Habrá aceptación tácita cuando el mandatario ejecute cualquier acto en el negocio, es decir, ejercite el mandato. Son objeto del mandato todos los actos lícitos para los que la ley no exige la intervención personal del interesado. Éste es esencialmente oneroso, solamente será gratuito cuando así se haya convenido expresamente y debe de formalizarse por escrito, y otorgarse: I. En escritura pública: a) Siempre que sea general; b) Cuando se refiera a inmuebles o a derechos reales; c) Cuando el negocio para el que se confiera, su importe sea superior al equivalente a 300 días de salario mínimo; y d) Cuando en virtud de él haya de ejecutar el mandatario algún acto que conforme a la ley deba constar en escritura pública; II. En escrito privado, ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante ante el notario público o servidor público que corresponda conocer del negocio para el que se otorga; y III. En escrito privado sin ratificación de firmas en los demás casos. El mandato puede ser general o especial. Son mandatos generales: I. Poder Judicial; II. Poder para administrar bienes; y III. Poder para ejercer actos de dominio. En los poderes generales judiciales bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de jurisdicción voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio hasta su fin; siempre que no se trate de actos que conforme a las leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de poderes sólo podrá otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales. En los poderes generales para administrar bienes, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes de su mandante como en su defensa. El mandatario, en el desempeño de su encargo, se sujetará a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. Ahora bien, el mandato puede terminar por: revocación; renuncia del mandatario; muerte del mandante o del mandatario; interdicción de uno u otro; vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el cual fue concedido; y en los casos previstos para el mandato judicial y el apoderado del ausente. Aunque una de las causas de terminación del mandato sea por la muerte del mandante, el mandatario debe continuar en la atención de los negocios en que haya asumido la representación de éste, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus presuntos herederos practicar, mientras éste resuelva, solamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio al mandante. Así pues, los artículos 2249, 2250 y 2252 del Código Civil del Estado de Jalisco, establecen: "Art. 2249.- Aunque el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la atención de los negocios en que haya asumido la respresentación (sic) de este, entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio." "Art. 2250.- Si el mandato termina por muerte del mandatario, deben sus presuntos herederos dar aviso al mandante y practicar, mientras éste resuelva, solamente las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio al mandante.". "Art. 2252.- En el caso de que el mandato termine por la muerte del mandante o renuncia del mandatario, tiene derecho el mandatario para pedir al juez que se señale un término breve al mandante o a sus herederos, en su caso, a fin de que presenten a encargarse de sus negocios o designen un nuevo mandatario." De los artículos preinsertos, se pone de relieve y reitera que aun cuando el mandato termina por la muerte del mandante, el mandatario debe continuar en la administración conferida hasta en tanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios del mandante, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio y, que el mandatario tiene derecho a pedir al juez que señale un término corto a los herederos a fin de que se presenten a encargarse de los negocios del mandante. Lo anterior muestra que la determinación adoptada por la responsable en el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, en el que se levantó la suspensión del procedimiento por el fallecimiento del demandado en el juicio principal, es correcta, dado que la literalidad de los ordinales citados en relación con el diverso artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, revelan la obligación con que cuentan los abogados patronos, quienes tienen la facultad de proseguir con la representación otorgada dentro del juicio natural conferido por el aludido finado, en su calidad de mandatarios judiciales, porque de no ser así, se le dejaría en estado de indefensión. Sirven de sustento jurídico a lo anterior, por las razones que las contienen, las tesis de los datos de identificación, rubro y texto siguientes: "MANDATO. SUBSISTE DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE, HASTA EN TANTO SU SUCESIÓN TENGA REPRESENTACIÓN. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo, coincidente, entre otros con los artículos 2600 del Código Civil del Distrito Federal y 2114 del de Guanajuato, el mandatario judicial debe continuar en el ejercicio del mandato, después del fallecimiento del mandante, en todos aquellos negocios en que haya asumido su representación, entre tanto la sucesión tenga representación legal."5 MANDATO, SUBSISTENCIA DEL, DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE (LEGISLACIÓN DE JALISCO). Aunque por regla general el mandato termina con la muerte del mandante, existe disposición expresa en el Código Civil del Estado de Jalisco en el sentido de que el mandatario continúe en la gestión de su encargo mientras los herederos del mandante provean por sí mismos a la administración de los negocios y siempre que de lo contrario puedan resultar perjuicios para sus intereses. Por tanto, si en el caso debe considerarse subsistente el mandato después de la muerte del mandante, en los términos del citado precepto, no debe declararse improcedente, a virtud del fallecimiento del mandante, el recurso de queja promovido por el mandatario." "SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 137 BIS, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. NO PROCEDE DECRETARLA AUN ANTE LA MUERTE DE UNA DE LAS PARTES, CUANDO EXISTE MANDATARIO DESIGNADO PREVIAMENTE. De acuerdo a ese precepto, procede decretar la suspensión del procedimiento, entre otros supuestos, cuando por fuerza mayor el Juez o las partes no pueden actuar. Ahora bien, la muerte de una de las partes es una causa de fuerza mayor que impide la continuación del juicio. Sin embargo, ese hecho jurídico no implica que en todos los casos deba ordenarse la suspensión del procedimiento, porque no debe pasarse por alto que la finalidad de esa institución en tal supuesto, además de interrumpir la caducidad de la instancia, es evitar que se siga el proceso sin que una de las partes esté debidamente representada, lo que se traduciría en una manifiesta violación al derecho de audiencia. Sin embargo, esa regla general admite como excepción el caso de que la parte que fallezca haya designado en vida un mandatario para la prosecución del juicio, pues en esta hipótesis el mandatario está en aptitud de continuarlo hasta que el albacea de la sucesión se apersone, en razón de que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, en términos del numeral 2600 del Código Civil para el Distrito Federal, el mandato no se extingue, sino que el mandatario está facultado para proseguir el juicio para evitar daños y perjuicios a la sucesión de que se trate. Luego, aun cuando la muerte de alguna de las partes se traduzca en un caso de fuerza mayor que interrumpe la caducidad de la instancia y permitiría la suspensión del procedimiento, ello sólo es factible cuando no exista mandatario designado en vida por el de cujus que pueda seguir con el trámite respectivo. De esa forma se evita el retardo en la resolución de la controversia y es acorde con la estipulación contenida en el citado numeral 2600. Además, la sucesión del fallecido no quedaría inaudita ante la existencia de un mandatario previamente designado. Por ello, el caso de fuerza mayor a que alude el numeral 137 BIS, fracción X, del código procesal civil local, que impide a alguna de las partes actuar, debe ser total; es decir, no debe existir alguien que pueda defender los derechos del de cujus, lo que no ocurre cuando existe un mandatario. Ello se respalda con el principio interpretativo y argumentativo del legislador racional, según el cual debe partirse de la base de que éste es conocedor de las instituciones jurídicas, y que el diseño propuesto en la legislación tiene un estudio previo claramente definido, lo que permite armonizar los preceptos citados, a fin de interpretar que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, ante la muerte de una de las partes, cuando existe mandatario que la represente, éste debe continuar con la tramitación del juicio hasta en tanto se apersone el albacea de la sucesión, sin que sea necesaria la suspensión del procedimiento." Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante criterio jurisprudencial que se cita a continuación, consideró que en el caso de que el mandante hubiese fallecido, el juicio de amparo que se pida por el mandatario, mientras los herederos del mandante proveen lo conveniente, debe ser tramitado para impedir que se perjudiquen los bienes del mandante. La afirmación anterior tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tribunal Pleno del Máximo Tribunal del país, que se transcribe a continuación: "MANDATO. Aun cuando el mandato termine por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración entretanto los herederos proveen por sí mismos a los negocios, siempre que, de lo contrario, pueda resultar algún perjuicio; y tal disposición es aplicable por analogía, al mandato judicial; por lo que el amparo que se pida por el mandatario para impedir que se perjudiquen los bienes del mandante, mientras sus herederos proveen lo conveniente, debe ser tramitado."9 De igual manera, debe hacerse mención que el propio Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, en caso de muerte del mandante, el mandatario está capacitado para promover amparo contra actos de los cuales puede seguirse perjuicio a la sucesión de su mandante, ya que es notorio que entre los actos de administración deben contarse aquellos que tienden a la conservación de los derechos del mandante, tales como la promoción de recursos que proceden con arreglo a la ley. Conforme con lo anterior, es incuestionable que aun cuando es verdad que una forma de terminación del mandato como abogado patrono, concluye con la muerte del mandante o del mandatario, no es menos cierto que tal regla admite excepción tratándose de la tramitación de procedimientos jurisdiccionales, ya que, ante el fallecimiento del mandante, el mandatario debe continuar con su tramitación hasta en tanto se apersone a juicio la sucesión por conducto del albacea o se promueva la sustitución de la parte correspondiente. Lo anterior se considera así, pues en ese tipo de procedimientos, los plazos jurisdiccionales son perentorios y si no se desahogan los requerimientos o no se hacen valer los recursos o derechos que la ley concede de manera oportuna, precluyen los derechos correspondientes, con lo que se puede causar perjuicios al patrimonio del mandante, de los que con posterioridad deberá responder el mandatario. Es aplicable al respecto, por analogía, únicamente en cuanto por cuanto hace a la figura jurídica que refiere, el criterio sustentado por la extinta Tercera Sala del Alto Tribunal del país, que señala: "MANDATARIO, FACULTADES DEL, EN CASO DE MUERTE DEL MANDANTE. De acuerdo con la disposición contenida en el artículo 2401 del Código Civil de 1884, para el Distrito Federal, aun cuando el mandato termina por la muerte del mandante, debe el mandatario continuar en la administración, entre tanto los herederos proveen, por sí mismos, a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio, y esta disposición es aplicable a los actos de procuración judicial, que tienden a conservar los derechos del mandante.".10 De ahí que debe considerarse que el mandato del abogado patrono debe continuar con la tramitación de los juicios y recursos, aún ante el fallecimiento del otorgante, hasta en tanto se apersone a juicio la sucesión por conducto del albacea o se promueva la sustitución de la parte correspondiente. En ese tenor, hasta lo aquí analizado, se estima acertada la determinación que en esta instancia se combate, a través de la cual se decretó el levantamiento de la suspensión del procedimiento de ejecución del juicio natural, con motivo del fallecimiento de la demandada +++estar debidamente representada dicha parte, dado que su abogado patrono en términos del artí culo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, en su calidad de mandatario especial, cuenta con las facultades procesales a efecto de representarla. Por otra parte, la quejosa aduce de igual manera el auto de diez de diciembre de dos mil veinte, emitido en el juicio civil +++del índice de la responsable carece de una debida fundamentación y falta de motivación. Es infundado el concepto de violación antedicho, por las siguientes consideraciones: El artículo 16 Constitucional, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El artículo transcrito contiene el derecho humano de seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, debiéndose entender por lo primero que ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, también con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas consideración para su emisión; y es necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Entonces con lo expuesto, toda resolución jurisdiccional a fin de cumplir con los requisitos de fundar y motivar se deben citar los preceptos legales aplicables al caso, así como precisar todas aquellas circunstancias especiales, razones particulares o causas imputadas en forma pormenorizada, tomadas en consideración para demostrar dichos extremos. En otras palabras, es necesaria la existencia de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de lo preceptos invocados como fundamentación, debiendo establecerse la relación existente entre uno y otro. Luego, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley, así, cuando determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad violará la exigencia de la motivación legal, aun cuando esté previsto en una ley, es decir, aunque esté fundado. En síntesis, la motivación legal implica la necesaria adecuación, que debe hacer la autoridad, entre la norma general fundatoria y el caso específico en el cual va a operar o surtir sus efectos. las circunstancias de hecho que se formula la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal". De manera que, se considera que el Juez responsable se apoyó en preceptos legales aplicables y expresó argumentos para justificar el por qué levantó la suspensión en el juicio de origen, en los términos que indican las consideraciones de la propia resolución, como se aprecia a continuación: "[.] Por lo que se ordenó la suspensión del procedimiento, lo cual fue erróneo, ya que como se advierte de actuaciones dicha pasiva contaba con abogado patrono que la representaba en términos de lo dispuesto por el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, el que establece que el que sea designado como abogado patrono tendrá las mismas obligaciones que un mandatario especial con respecto a su patrocinio, por lo que ante dicha circunstancia y tomando en consideración lo previsto por los artículos 2243 y 2249 del Código Civil Estatal, que indican que aunque la muerte sea una de las causas de terminación del mandato, el mandatario debe continuar en la atención de los negocios en que haya asumido la representación de este; lo anterior con apoyo por las razones que informa el contenido de la tesis de la Novena Época, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil de Segundo Circuito, tesis registrada con el número II. 1o. C.188 C, consultable en el Semanario Judicial de la Federación [.]." De igual forma, las resoluciones deben ser congruentes y exhaustivas, la congruencia interna, es entendida como aquella característica de que la resolución no contenga afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la revocación, en el caso, esto es, que la sentencia no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demáspretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Así, cuando una autoridad jurisdiccional emite una resolución dirigida al gobernado, debe reunir dichos requisitos, de lo contrario, su actuar sería violatorio de derechos humanos. En efecto, de la determinación reclamada, se desprende que fue correcto el actuar del Juez responsable dado que: - Consideró el estado procesal de las actuaciones del juicio de origen tomando en consideración que la finada designó abogado patrono de conformidad en el artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y por tanto cuenta con las facultades de mandatario especial en relación a los diversos preceptos legales 2243 y 2249 del Código Civiles del Estado de Jalisco. De lo que se advierte que el acto reclamado sí se ajustó a lo previsto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que en el procedimiento natural se respetaron derechos de audiencia y defensa y el principio de congruencia. Por tanto, es infundado lo que alega la quejosa en sus conceptos de violación, en virtud de que, contrario a lo que aduce, el Juez responsable sí fundó y motivó el auto reclamado, por lo que se desestiman los motivos de disconformidad en estudio. En consecuencia, al haber resultado ineficaces los conceptos de violación, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal, máxime que no se observa cuestión alguna que obligue a suplir la queja deficiente en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio respecto de la autoridad responsable señalada en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara y protege a +++ en representación de la sucesión a bienes de +++, contra los actos del Juez Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado De Jalisco, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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