Rosa Flores Romero
Expediente 602/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Rosa Flores Romero
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; primero de junio de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Visto el estado de los autos, se desprende que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que las partes interpusieran algún recurso contra el mismo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y DESTINO DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente físico, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el presente expediente es destruible...IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de mayo de dos mil veintitrés. INFORME JUSTIFICADO. Téngase al Encargado de la Presidencia del Tribunal de Arbitraje en el Estado de Hidalgo; rindiendo informe justificado; con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, vistas las constancias remitidas y el estado que guardan los autos, se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que reza: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.). Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo cual acontece en alguno de los siguientes supuestos: a) Por revocación, cuando la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados; o, b) Por sustitución procesal, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en su vigencia y ejecutividad, cuya firmeza se da posterior al mismo. Ateniente a la primera hipótesis, es preciso señalar que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto. La razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por la causal que se examina, radica en que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo epígrafe y contenido es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo, se advierte que el acto que en concreto reclama la quejosa, es la omisión de la autoridad responsable de citar a las partes para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, con lo que se vulnera su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita contemplado en el numeral 17, de la Ley de Amparo. Luego, del oficio de cuenta se advierte que la autoridad responsable ya señaló fecha para el desahogo de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución, y si bien es cierto que, de las constancias remitidas por el Tribunal responsable, se evidencia que la misma se ha diferido en dos ocasiones, se fijaron las doce horas con treinta minutos del próximo trece de junio para llevarse a cabo, ordenando la notificación de las partes para acudir a la misma. En ese sentido, si el origen del juicio de derechos fundamentales que nos ocupa, fue por la omisión de la responsable de citar a la diligencia en comento, ésta ya cumplió con lo anterior, al señalar fecha para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución y citar a las partes a ella; por tanto es evidente que los efectos de la omisión reclamada han cesado. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por **. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL TREINTA DE MAYO PRÓXIMO, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional....IV
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veinte de abril de dos mil veintitrés. INFORMA CUMPLIMIENTO DADO A EJECUTORIA. Agréguese el oficio y anexos de cuenta; en atención a su contenido, se tiene al Director de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, remitiendo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, copia certificada de la resolución de diecisiete de abril pasado, pronunciada en el expediente administrativo **/2019. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa para que dentro de un plazo de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en la inteligencia de que transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declare si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla....M-IV
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