Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz
Expediente 857/2017 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 857/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/07/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de seis de julio de dos mil diecisiete, transcurrió para la promovente, siendo la interesada en impugnarlo, sin que lo haya realizado...., se declara que el auto que desechó de plano la demanda de amparo promovida por Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz, ha causado estado....Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida... formese expediente; regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el juicio de amparo 857/2017... se desecha de plano la mismo... Notifíquese personalmente a la quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
- Principal
Ciudad de México, seis de julio de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz, contra la omisión del Secretario de Finanzas de la Ciudad de México y otra autoridad. Fórmese expediente; regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el juicio de amparo 857/2017. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, una vez analizada la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional concluye que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que se impugna una omisión acontecida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación. Para justificar lo anterior, es importante precisar que en el artículo 113 referido se establece lo siguiente: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto faculta a los jueces de distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Sobre dichas condicionantes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. No obstante, para poder arribar a la conclusión de que una causa de improcedencia se advierte de ese modo, se debe tomar en cuenta la demanda de amparo y los anexos, a efecto de que esté debidamente probada y no sea inferida con base en presunciones, de forma tal que resulte innecesaria la substanciación del juicio, en virtud de que no sería posible arribar a una determinación diversa. En ese mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando de la sola lectura de la demanda se advierte que existen cuestiones de derecho que impiden la procedencia de juicio, que por sus características propias, no son desvirtuables con su tramitación, debe desecharse de plano por notoriamente improcedente, ya que sin importar lo que se alegue o las pruebas que se alleguen aquella cuestión no se superaría. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, Expuesto lo anterior, es importante destacar que en este asunto Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz, reclama el acto siguiente: La omisión de resolver el expediente 011.2/211.1/21434, formado con motivo de la solicitud de declaratoria de prescripción y caducidad de la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales en relación con el impuesto predial de la cuenta 04417424000. Como se había adelantado, en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, toda vez que se impugna una omisión acontecida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación. En dichos preceptos se prevé: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. Así las cosas, en este asunto no se surte ninguno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que la omisión señalada como acto reclamado aconteció dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no es de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Con el objeto de demostrar esa conclusión es necesario conocer los antecedentes de los cuales deriva el acto reclamado: 1. Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz manifiesta que es propietaria del inmueble ubicado en calle Texcoco número 143, colonia Clavería, código postal 02080. Delegación Azcapotzalco, Ciudad de México, que tributa el impuesto predial bajo la cuenta 04417424000. 2. El veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, solicitó a las autoridades fiscales del Gobierno de la Ciudad de México que declararan la prescripción y caducidad de sus facultades para determinar créditos fiscales en relación con el impuesto predial de la cuenta referida con anterioridad, específicamente por los periodos 2/2014 al 6/2005, así como 2/2016 al 6/2008 y 6/2010. Lo anterior, al considerar que había transcurrido con exceso el plazo de cinco años con el que contaban para reclamar su pago. 3. Al no haberse resuelto su solicitud, promovió el juicio de amparo que ahora se analiza. Con la anterior reseña, este Juzgador llega a la conclusión de que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio no se puede reclamar de manera autónoma una violación al derecho de petición; máxime si esa omisión no es de imposible reparación. En efecto, en el artículo 107, fracción III, de la Ley de Amparo se define a los actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que México es parte. Dicha norma alude a los derechos sustantivos, los cuales se diferencian de los derechos adjetivos o procesales. Así, la afectación al derecho de petición acontecida dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, al tratarse de una afectación a un derecho adjetivo y no sustantivo, debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Así lo sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), que lleva por rubro: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA". En este caso, las normas ordinarias que regulan la solicitud de la quejosa son, esencialmente, los artículos 54 y 55 del Código Fiscal de la Ciudad de México, en los que se prevé: "54. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de hasta cuatro meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución expresa, se considerará como resolución afirmativa ficta, que significa decisión favorable a los derechos e intereses legítimos de los peticionarios, por el silencio de las autoridades competentes, misma que tendrá efectos, siempre y cuando no exista resolución o acto de autoridad debidamente fundado. Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido debidamente. 55. No operará la resolución afirmativa ficta tratándose de la autorización de exenciones de créditos fiscales, la caducidad de las facultades de la autoridad, la facultad de revisión prevista en el artículo 111 de este Código, la prescripción o condonación de créditos fiscales, el otorgamiento de subsidios, disminuciones o reducciones en el monto del crédito fiscal, el reconocimiento de enteros, la solicitud de compensación, la devolución de cantidades pagadas indebidamente, la actualización de datos catastrales y consultas. Tampoco se configura la resolución afirmativa ficta, cuando la petición se hubiere presentado ante autoridad incompetente o los particulares interesados no hayan reunido los requisitos que señalen las normas jurídicas aplicables. En los casos en que no opere la afirmativa ficta, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior al plazo a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte". Cómo se advierte de las normas transcritas, la afirmativa ficta no procede tratándose de la prescripción o condonación de créditos fiscales, situación en la cual, de haber transcurrido el plazo de cuatro meses, se podrá promover el medio ordinario de defensa o esperar la resolución. Cómo ya se explicó, en casos como estos, en los que no hay propiamente un derecho de petición, sino una solicitud con la que se inició un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, se debe atender a las reglas que lo regulan y, si la falta de resolución es impugnable -como una resolución ficta- debe acudirse a la vía idónea para ello. En efecto, en el artículo 31, fracción V, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, se prevé: "31. Las Salas del Tribunal son competentes para conocer: [.] V. De los juicios en contra de resoluciones negativas fictas, que se configurarán transcurridos cuatro meses a partir de la recepción por parte de las autoridades demandadas competentes de la última promoción presentada por él o los demandantes, a menos que las leyes fijen otros plazos". Es importante destacar que también la Primera Sala del Máximo Tribunal estima que la omisión de dar respuesta a un escrito dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, no puede reclamarse de manera autónoma, tal y como acontece en el caso. Lo anterior se refleja en la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), que lleva por rubro: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA". En mérito de lo expuesto, si en el caso concreto se reclama de las autoridades responsables la omisión de resolver el expediente 011.2/211.1/21434, formado con motivo de la solicitud de declaratoria de prescripción y caducidad de la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales en relación con el impuesto predial de la cuenta 04417424000, entonces, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, de la Ley de Amparo. Se insiste, la causa de improcedencia deriva del hecho de que la solicitud de la quejosa no constituye precisamente una petición autónoma, sino que con ella se dio inicio a un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, en ese caso, tiene a su alcance los medios procesales respectivos para impugnar la resolución ficticia que se configuró por el transcurso del tiempo, razón por la cual, cobran aplicación las jurisprudencias mencionadas. En mérito de lo hasta aquí expuesto, es que para este Juzgador resulta indudable que la demanda de amparo promovida por Rosa Eva Guadalupe Ramírez Tamariz resulta notoriamente improcedente, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en el relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, razón por la cual debe desecharse de plano. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de sus anexos, ya que: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, (ii) porque de ellos se puede desprender la naturaleza del acto reclamado. Es decir, a partir de esos elementos, se puede arribar a la plena convicción de que se impugna una falta de resolución dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no es de imposible reparación, es decir, esa situación jurídica no deriva de una presunción; de ahí que resulte innecesaria la substanciación del juicio. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de una cuestión de derecho no desvirtuable, la cual no podría variar a pesar de tramitarse el juicio. Consideraciones similares fueron confirmadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.A. 221/2015, en el que sostuvo lo siguiente: "Bastan las explicaciones dadas para concluir que fue correcta la decisión del juez, pues con independencia de que la promovente haya alegado violación al artículo 8 constitucional y que de su contenido no se advierta condicionante alguna para ejercer la prerrogativa que contiene, lo objetivamente cierto es que como su petición está vinculada con un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y, además, un juicio de nulidad en etapa de cumplimiento, es claro que no se actualiza la hipótesis de procedencia contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. En otras palabras, como el acto reclamado se vincula con esos procedimientos, es indudable que la eventual omisión en que incurrió la responsable no es de imposible reparación al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, sino únicamente adjetivos relacionados con el cumplimiento de sentencia de nulidad". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con base en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria acorde a lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado. Téngase por autorizado en términos del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia a Leonardo de Jesús Báez Fuente, en atención a la certificación de cuenta. Con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a la quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En términos del artículo 21, párrafo tercero, de la ley en cita, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los Actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 87 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes. Se hace del conocimiento de la quejosa que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa. Notifíquese personalmente a la quejosa, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido del secretario Luis Hernández Plata, que autoriza y da fe. Doy fe.LHP/mepl
- Principal
Agréguese el oficio de la autoridad, por el cual informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y manifiesta que llevo a cabo una revisión exhaustiva al expediente administrativo 25/33370, en donde se advierte la Opinión y Estudio Pormenorizado de tres de julio de dos mil quince, emitida por la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el Estado de Tamaulipas, en cumplimiento a lo requerido por la Dirección General de la Propiedad Rural de la citada Secretaría, en la que se refirió que seis predios de probable afectación para el poblado "Emiliano Zapata", Municipio y Estado de Tamaulipas, se encuentran considerados como de probable afectación para el poblado que de constituirse se denominaría nuevo centro de población ejidal "José Silva Sánchez" Municipio de Abasolo, Estado de Tamaulipas, en virtud que el Tribunal Superior Agrario no tiene registro alguno sobre el mencionado expediente del nuevo centro de población ejidal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días manifieste lo que a su derecho convenga.... Notifíquese.
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