Rosa Esther Peña Soto y Otros.
Expediente 281/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 281/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Rosa Esther Peña Soto y Otros.
- Rosa Esther Peña Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 281/2018-I-D, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veinte de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado. este expediente es susceptible de destrucción, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinte de agosto de dos mil dieciocho. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Vista la comparecencia que antecede realizada por el quejoso **************** así como las diversas realizadas por los restantes quejosos **************** con las cuales dan cumplimiento al requerimiento formulado en autos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Vista de nueva cuenta la demanda de amparo que promueven los quejosos **************** y escrito aclaratorio contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar su análisis, de los que se advierte su notoria e indudable improcedencia por actualizarse en la especie la causa que se prevé en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la invocada ley, respecto de los actos reclamados consistentes en la discusión, aprobación y expedición de la fracción II del Artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales, así como la inconstitucionalidad de la expedición y promulgación de los decretos de cinco de junio de dos mil dieciocho que mencionan en su demanda, que suprimieron la veda de diversas cuencas hidrológicas y la inconstitucionalidad de las normas que sirvieron de base para la expedición de tales decretos. En efecto, cabe precisar, que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho) y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). De ahí que, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que la parte quejosa sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Dicho criterio se encuentra contenido en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página mil setenta y ocho, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." También resulta aplicable a lo expuesto, la tesis 1a. CXXIII/2013 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 1, Libro XXII, Julio de 2013, página 559, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional". En ese contexto, como se adelantó, en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se prevé en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en los que se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. (.)." De acuerdo con lo anterior el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la propia legislación de la materia. Al respecto, cabe decir que, como lo ha sostenido el Máximo Tribunal de Justicia del País, el interés legítimo, distinto al jurídico, es aquel interés personal, individual o colectivo, actual, real y jurídicamente relevante del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; o sea, se trata de un presupuesto procesal establecido constitucionalmente para que las personas accedan al juicio de amparo, en ausencia del cual los jueces constitucionales no podrían someter a examen jurisdiccional los actos de las autoridades políticas, particularmente, de aquellas elegidas de manera democráticamente, pues la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal establece que el juicio de amparo "se seguirá siempre a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo", fórmula que utiliza la palabra "siempre" para reflejar la intención de establecer una regla absoluta. Por lo tanto, es indudable que a través del juicio de amparo no se puede evaluar cualquier acto de autoridad, pues la existencia del interés legítimo garantiza un fin negativo del principio de división de poderes, a saber, que los jueces no se posicionen, en todo momento, como órganos supervisores permanentes de veto de las decisiones mayoritarias con legitimidad democrática, sino sólo de afectaciones jurídicamente relevantes que una persona puede resentir, es decir, se traten de actuales, reales y cualificadas, de modo que aquéllas que sean mayoritarias, ideológicas y políticas deben corresponder a los órganos políticos. Así, conviene precisar que en el interés legítimo se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica, no precisamente patrimonial o económica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que, en su caso, llegue a dictarse. Respecto al interés legítimo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, tomo I, noviembre de 2014, página 60, determinó lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." De lo anterior, se colige que las características esenciales del interés legítimo son: La existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, mismo que no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, sino que se trata de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero no se trata de un tipo de interés simple, pues para acudir a un tribunal competente, debe existir un vínculo con una norma jurídica, ya que aun cuando no se exige acreditar un derecho subjetivo, tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción de amparo. La concesión del amparo, se debe traducir en un beneficio actual o futuro, pero cierto, con efecto positivo en la esfera jurídica del quejoso, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso se llegue a dictar. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. La existencia de una situación jurídica identificable que surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial, en la cual aunque puede concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, tal asociación no es absoluta e indefectible. Debido a su configuración normativa, pueden existir diversas posibles situaciones y supuestos del interés legítimo que deberá ser analizado, en cada caso, de acuerdo a la labor cotidiana de los juzgadores de amparo, conforme a la dinámica y alcances del propio juicio de amparo. En ese orden de ideas, para que pueda reconocerse el interés legítimo a una persona respecto a actos que no es destinataria debe alegar resentir una afectación que debe ser palpable y discernible objetivamente, pues de no ser así se convierte en abstracto o general, no susceptible de evaluarse, so pena de vulnerar el principio de división de poderes, pues no cualquier tercero, ajeno al acto, puede provocar la función de control constitucional, ya que el principio de división de poderes, que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a los jueces a reconocer el interés legítimo en aquellos casos que el quejoso acredite una afectación colateral real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Establecido todo lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que los promoventes carecen de interés legítimo colectivo para controvertir en la vía de amparo la inconstitucionalidad de los Decretos por el que se suprimen las vedas existentes en las cuencas hidrológicas comprendidas en las regiones 26, 12, 19, 20, 25, 28, 14, 15 y 30 de la república mexicana, en los que también se establecen zonas de reserva de aguas superficiales para los usos doméstico, publico urbano y ambiental o para conservación ecológica en las mismas cuencas hidrológicas, pues argumentan que no existe disposición constitucional que autorice al Ejecutivo Federal a levantar vedas y establecer un uso determinado de las cuencas hidrológicas que se señalan; que las autoridades transgreden en su perjuicio el contenido de los artículo 1, 4, 14 y 16 constitucionales, al atentar en contra de los derechos humanos fundamentales a un ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y de acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Alegan que las autoridades responsables no realizaron consultas previas a los pueblos indígenas de los lugares donde se encuentran las cuencas hidrológicas materia de los decretos ni para determinar la zona de veda ni las zonas de reserva parcial; así como que los decretos impugnados carecen de fundamento legal. De lo anterior, no se advierte que los promoventes señalen cuál es la afectación directa o indirecta en relación con un derecho de grupo o colectivo, que resienta en su perjuicio, ni señalan cuál es la calidad o cualidad de ese grupo que le hace diferenciarse de la totalidad de la ciudadanía, para así poder excluir el mero interés simple en la legalidad o el interés general. De igual modo, tampoco evidencian ni señalan en forma alguna cómo los actos reclamados irrogan un perjuicio directo o indirecto en su derechos subjetivo individual o colectivo, en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limitan a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de ciudadanos residentes en diversos Municipio de esta Entidad, pues aducen que los actos reclamados afectan de manera genérica a los habitantes de este país al pretender privarlos de una vida digna, esto es, aducen un interés igual al de la generalidad de los gobernados que radican en esta Entidad Federativa, pero no refieren las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que los coloque en un punto diferenciado de la situación general y que los legitime para promover el juicio de amparo pues ni siquiera refieren cuál sería el derecho colectivo o de grupo que se les afecta y que los desliga de la generalidad y cuya afectación se traslada hasta su entorno particular de derechos causándoles un daño actual y real. De ahí que, se estime que los promoventes no demostraron la existencia de un interés legítimo, esto es, un interés personal, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante que, de prosperar la acción, se tradujera en un beneficio jurídico en su favor, por lo que no es dable aceptar que se encuentran en una situación de afectación o lesión en sentido amplio que permita a este órgano jurisdiccional tener por acreditado el principio de parte agraviada, de lo contrario, el juicio de amparo quedaría desnaturalizado y dejaría de cumplir con la finalidad para la que fue creado. Conforme con lo expuesto, en el caso, se actualiza en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XlI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5, fracción I, del citado ordenamiento, lo que procede es desechar la demanda de que se trata, con apoyo además en el artículo 113 de la propia ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 33, tomo II, agosto de 2016, página 690, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No impide lo aquí determinado lo manifestado por los quejosos en sus escritos aclaratorios en torno a que forman parte de las comunidades indígenas téenek y náhuatl, conforme al domicilio de cada uno de los promoventes, toda vez que dicha manifestación la efectúan fuera del término a que alude el artículo 17 en relación con el 111, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Vistas las comparecencias que anteceden realizadas por los quejosos ...en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de diez de agosto del año en curso, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto transcurra el término concedido en la misma data al diverso quejoso... Notifíquese.
- Principal
Ténganse recibidos los escritos signados por los quejosos ..., por medio de los cuales pretenden dar cumplimiento al requerimiento que se les formuló por auto de dos de agosto del año en curso. Ahora, previo a acordar lo conducente y dado que las firmas que calzan los ocursos que se reciben, difieren con las que obran en el escrito de demanda, requiérase a los promoventes para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, comparezcan ante este juzgado en día y hora hábil, con identificación oficial vigente, a fin de que manifiesten sí reconoce o como suyas la firmas que calzan los escrito que se provee; apercibidos que de no hacerlo se tendrán por no presentados. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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