Rosa Estela Armenta
Expediente 573/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Rosa Estela Armenta
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual comunica que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en la fracción I, del ordinal Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción; dado que el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el cuaderno de antecedentes en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que en el presente cuaderno de antecedentes no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de un expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que en auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó su integración, con motivo de la incompetencia declarada por este órgano de control constitucional, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente cuaderno de antecedentes, con apoyo en los dispositivos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA ROSA ESTELA ARMENTA, EL AUTO DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de cuenta, promovida por Rosa Estela Armenta contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los derechos humanos reconocidos por los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 573/2019-4B En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Pues bien, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, y como acto reclamado la determinación de once de septiembre de dos mil diecinueve, por la cual se le negó admitir la demanda interpuesta por la vía ejecutiva mercantil contra la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, debe decirse que respecto al acto reclamado, el suscrito Juzgador estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo presentada, en atención a las consideraciones siguientes: En principio, es necesario señalar el contenido de los artículos 170 y 34, de la Ley de Amparo. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo.". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.". De lo transcrito se advierte que es competente para conocer del juicio de amparo directo un Tribunal Colegiado de Circuito cuando se promueva contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda algún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados. Por lo que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 47, 170 y 176 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo promovido contra resoluciones que ponen fin al juicio sin decidirlo en lo principal, y no puedan ser modificadas o revocadas mediante un recurso ordinario, se debe promover por conducto de la autoridad responsable; sin embargo, cuando se presente un juicio de amparo contra estas resoluciones ante un juez de distrito, éste debe declararse incompetente y remitir la demanda al tribunal colegiado de circuito que corresponda, quien confirmará o revocará esa determinación de incompetencia. En esas condiciones, si la promovente reclama la determinación mediante la cual el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix, Sinaloa, se negó a admitir la demanda que interpuso en la vía ejecutiva mercantil contra Comisión Federal de Electricidad; asimismo, de los antecedentes de la demanda se desprende que la quejosa abunda en el sentido de que interpuso recurso de revocación y que el Juez incumplió con la obligación que le exigen los artículos 376 y 377 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, esto es, que el once de septiembre de dos mil diecinueve, fue notificada que se negó la admisión del recurso de revocación intentado; por lo que, es claro que constituye una decisión terminal conforme al dispositivo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en tanto que se trata de un acto que pone fin a la citada controversia; por tanto, contra dicho acto procede el juicio de amparo en la vía directa. Tiene aplicación la jurisprudencia 1ª./J. 20/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 311, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo I, abril de 2012, Décima Época, de registro 2000499, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE RESOLVIÓ LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN UN JUICIO MERCANTIL QUE NO ADMITÍA ESE RECURSO POR RAZÓN DE SU CUANTÍA. La sentencia dictada con motivo de un recurso de apelación indebidamente interpuesto en términos de los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio contra la sentencia de primera instancia en un juicio mercantil de menor cuantía, debe considerarse una resolución válida y definitiva, pues resuelve el fondo del asunto y es irrecurrible. Por tanto, la indebida admisión y posterior resolución del recurso de apelación, no impiden la procedencia del juicio de amparo directo contra la sentencia de segundo grado, pues el respeto de las garantías constitucionales contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica la prosecución del proceso, independientemente de los errores en la admisión del recurso, ya que así se asegura el respeto a los derechos de tutela jurisdiccional efectiva y de certeza y seguridad jurídica de las partes, y se evita que un fallo en la maquinaria judicial impida definitivamente el cumplimiento de las etapas del proceso que son esenciales para la resolución del conflicto, evitando que se deje en estado de indefensión a quien resiente una afectación en su esfera de derechos. Lo anterior, con independencia de la responsabilidad administrativa en que pueda incurrir la autoridad jurisdiccional que cometió el error de admitir un recurso improcedente.". Asimismo, la Tesis aislada, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la página 2084, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, julio de 2010, Novena Época, de registro 164230, que a la letra dice: "REVOCACIÓN. CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO LA CUANTÍA DEL NEGOCIO ES INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS, DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO, PREVIO AL AMPARO. En negocios de cuantía inferior a doscientos mil pesos, reclamada como suerte principal o que se ventilen en juzgados de paz o de cuantía menor, no procede el recurso de apelación conforme al artículo 1340 del Código de Comercio. En ese sentido, la resolución que inadmite la demanda en un juicio ejecutivo mercantil, es susceptible de recurrirse en revocación, de conformidad con el artículo 1334 de dicho ordenamiento, en cuanto dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden revocarse por el Juez que los dictó o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio. Por tanto, el juicio de amparo directo resulta improcedente cuando se reclama el mencionado acuerdo de inadmisión, en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo, pues aun cuando corresponde a una resolución que sin decidir en lo principal da por concluido el juicio, no es definitiva porque en su contra procede el recurso de revocación mediante el cual puede ser modificada o revocada.". Por lo considerado, en cumplimiento al artículo 17 constitucional a efecto de garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en relación con el artículo 107, fracciones V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los diversos artículos 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo; por ende, se ordena enviarla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, para que en caso de que exista concordancia con las consideraciones expuestas en el auto, provea lo conducente, solicitándose respetuosamente el acuse de recibo correspondiente y que comunique la determinación que tenga a bien tomar. En consecuencia, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias que integran este expediente. Con apoyo en el precepto 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ciprés número 1033 de fraccionamiento Residencial del Valle de esta ciudad. Por último, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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