Rosa Esmeralda Estrada Gallegos

Expediente 476/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
476/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
09/07/2021

Partes del expediente

  • Rosa Esmeralda Estrada Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a nueve de julio de dos mil veintiuno. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, hubiese recurrido el auto de quince de junio de dos mil veintiuno, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo Atento a lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte; y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Incidente de suspensión Negativa de la medida cautelar definitiva Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que el original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción; ello, debido a que la medida suspensional le fue negada. En ese sentido, agréguese copia simple del presente proveído al duplicado del cuaderno del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo de que se trata. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; mediante el cual, rinde su informe justificado y ofrece pruebas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, este Juzgado Federal advierte, que por cuanto a los actos reclamados se actualiza la improcedencia a que se refiere la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales de su menor hijo de iniciales L. X. R. E. en el juicio 162/2021, el cual cesó en sus efectos en razón de lo que a continuación se expondrá. De las constancias que exhibe la autoridad responsable, se desprende que si bien, dictó el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio 162/2021; lo cierto es que el tres de junio de dos mil veintiuno, dictó un nuevo proveído mediante el cual determinó fijar como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, pagaderos por parcialidades adelantadas en forma quincenal, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. En tal virtud, es válido considerar que cesó la subsistencia del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, toda vez que el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, de fecha posterior a la presentación de la demanda, sustituyó procesalmente a aquél. Así es, puesto que, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que se titula: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Luego entonces, si bien en el caso se reclamaba el contenido del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio 162/2021; la subsistencia de esa determinación, tiene sustento y se sustituyó procesalmente por el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, en el que se fijó como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. Lo que representa que el acto aquí reclamado dejó de tener efectos legales propios, y ahora lo relativo a la pensión alimenticia provisional, tiene sustento en el dictado del nuevo auto, es decir, en el proveído de tres de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior se patentiza, puesto que la finalidad del acto reclamado en el presente juicio, es que este órgano constitucional analizara el contenido del proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio 162/2021. En tales condiciones, se constata que la autoridad responsable, -con posterioridad a la presentación de la demanda-, emitió un nuevo auto, en el que determinó fijar como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. En ese sentido, es factible determinar que este juzgado se encuentra impedido para analizar en forma autónoma el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, pues en relación al mismo, dicha determinación, quedó superada con la emisión del diverso de tres de junio de dos mil veintiuno. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento; se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis en materia común del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 410, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Novena Época, registro digital 199560, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que se actualiza la causal de improcedencia de referencia; por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    SIENDO LAS NUEVE HORAS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE PROCEDE A NOTIFICAR EL ACUERDO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA(O) POR EL TITULAR DE MI ADSCRIPCIÓN, EN EL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE ACTÚA, A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LUGAR VISIBLE EN ESTE JUZGADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Número de expediente: 476/2021 Acuerdo: Cuernavaca, Morelos, a quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos; mediante el cual, rinde su informe justificado y ofrece pruebas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, este Juzgado Federal advierte, que por cuanto a los actos reclamados se actualiza la improcedencia a que se refiere la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de origen, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales de su menor hijo de iniciales L. X. R. E. en el juicio ******, el cual cesó en sus efectos en razón de lo que a continuación se expondrá. De las constancias que exhibe la autoridad responsable, se desprende que si bien, dictó el auto de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio *****; lo cierto es que el tres de junio de dos mil veintiuno, dictó un nuevo proveído mediante el cual determinó fijar como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, pagaderos por parcialidades adelantadas en forma quincenal, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. En tal virtud, es válido considerar que cesó la subsistencia del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, toda vez que el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, de fecha posterior a la presentación de la demanda, sustituyó procesalmente a aquél. Así es, puesto que, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2009, que se titula: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Luego entonces, si bien en el caso se reclamaba el contenido del acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio *****; la subsistencia de esa determinación, tiene sustento y se sustituyó procesalmente por el auto de tres de junio de dos mil veintiuno, en el que se fijó como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. Lo que representa que el acto aquí reclamado dejó de tener efectos legales propios, y ahora lo relativo a la pensión alimenticia provisional, tiene sustento en el dictado del nuevo auto, es decir, en el proveído de tres de junio de dos mil veintiuno. Lo anterior se patentiza, puesto que la finalidad del acto reclamado en el presente juicio, es que este órgano constitucional analizara el contenido del proveído de doce de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se negó otorgar los alimentos provisionales del menor de iniciales L. X. R. E. en el juicio ******. En tales condiciones, se constata que la autoridad responsable, -con posterioridad a la presentación de la demanda-, emitió un nuevo auto, en el que determinó fijar como pensión alimenticia provisional, la cantidad de $3,500.00 (tres mil quinientos pesos), mensuales, a cargo del demandado Javier Antonio Rodríguez Correa. En ese sentido, es factible determinar que este juzgado se encuentra impedido para analizar en forma autónoma el acuerdo de doce de abril de dos mil veintiuno, pues en relación al mismo, dicha determinación, quedó superada con la emisión del diverso de tres de junio de dos mil veintiuno. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento; se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis en materia común del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 410, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 1997, Novena Época, registro digital 199560, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que se actualiza la causal de improcedencia de referencia; por lo que, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia de tres del presente mes y año, mediante la cual la quejosa *** ratifica la firma del escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, registrado bajo el folio 6003; por tanto, al respecto se provee. Visto el escrito aclaratorio signado por la quejosa *** mediante el cual da cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno.... se admite la demanda de amparo... este órgano jurisdiccional ordena la apertura del incidente de suspensión... Se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Vista al Ministerio Público Federal. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo.... Asimismo, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General antes citado, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil, y una cuenta de correo electrónico para establecer contacto en los casos que se estimen necesarios. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano