Rosa Engracia Hernández García

Expediente 676/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
676/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Rosa Engracia Hernández García

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado que guardan los autos, se advierte que mediante Circular CAP/3/2020 el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, del Consejo de la Judicatura Federal, informó sobre la suspensión de plazos y términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno a efecto de evitar contagios del virus Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, plazos y términos que se ordenó reanudar a partir del doce de enero de dos mil veintiuno, mediante circular SECNO/1/2021 la cual tuvo vigencia del doce al dieciocho de enero último, por lo que a través de la diversa circular SECNO/6/2021 de veintitrés de enero del año en curso, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, hizo del conocimiento que la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, por lo que, se acuerda: Con fundamento en las Circulares SECNO/1/2021 y SECNO/6/2021 emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en relación con el artículo 2, del citado Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo, se R E A N U D A el presente juicio, y se levanta la suspensión de plazos, por lo cual los mismos se computaran en relación con la fecha en que quedaron pausados, es decir, esta reactivación del juicio no implica su reinicio, si no la continuación de los términos a partir de que los mismos fueron suspendidos. Cabe decir que la tramitación del presente asunto hasta el nueve de febrero de dos mil veintiuno, se sujetará a las reglas y precisiones previstas por el Acuerdo General 21/2020 en comento, relativo a la reanudación y el regreso escalonado de los órganos, para lo cual es aplicable lo estipulado en la circular SECNO/6/2021, apartado II, párrafo 1, con que se da cuenta. Así, atento a lo anterior, dado que tales medidas de suspensión fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación y anunciadas en los medios de comunicación radio, televisión, periódicos de mayor circulación, redes sociales y páginas electrónicas oficiales del Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente proveído de reanudación por medio de lista que se fije en el acceso del inmueble que alberga este juzgado y que también puede consultarse en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal. Expuesto lo anterior, del estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término previsto por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de queja en contra del proveído de once de diciembre del año pasado, mediante el cual se desechó la demanda de amparo origen de este juicio; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIO A NOTIFICARSE DEL AUTO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, DENTRO DE LOS DOS DÍAS POSTERIORES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE REFERENCIA Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a once de diciembre de dos mil veinte. Por recibida la demanda de amparo presentada por Rosa Engracia Hernández García, por propio derecho, contra actos del Director General de Transporte del Estado de Veracruz y otras autoridades, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 676/2020. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto 1.Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K2, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Expuesto lo anterior, de la lectura de la demanda que se analiza, se advierte que el acto que en la especie se reclama es el oficio SSP/DGTE/DJ/3935/2020 de fecha cuatro de noviembre del dos mil veinte, en el cual se le revoca la concesión del servicio en su modalidad de taxi en el 2 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1910, tomo XXX, Julio de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. municipio de Xalapa, Veracruz, emitido en el procedimiento administrativo número R.D.C/082/2018, por la Dirección General de Transporte del Estado de Veracruz. Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XX del artículo 613 y el diverso 1134 de la propia ley de la materia, de los que se desprende en esencia, la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar aquél, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión. Es decir, significa que si en la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, se establecen iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, el principio de definitividad debe regir y en consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo la parte quejosa deberá agotar ese medio ordinario. En efecto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra 3 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." 4 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." su justificación en el hecho que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa previo a la promoción del juicio biinstancial debe acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes cuando se impugnan con motivo de su primer acto de aplicación y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. En relación con dicho principio, la interpretación del artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite advertir que no será necesario agotar algún recurso, juicio o medio de defensa legal, cuando la ley que los establezca exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para ello, cuestión que también se encuentra regulada en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que obliga a revisar con detenimiento, además de las disposiciones de la Ley de la materia, aquellas que rigen para el acto reclamado. En ese sentido, en atención a la naturaleza del acto reclamado en la demanda que se provee, deben tomarse en consideración los artículos 280 fracción II y 2925, del Código de Procedimientos Administrativos 5 "Artículo 280. Procede el juicio contencioso en contra de: [.] II. Actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares; Artículo 292. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse directamente ante la Autoridad que emitió el acto o ante la Oficialía de Partes del Tribunal, dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del acto o resolución que se impugna, o al en que se haya tenido conocimiento del mismo, con las excepciones siguientes: otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. para el Estado de Veracruz, los cuales permiten advertir que la normatividad de referencia establece que procede el juicio contencioso administrativo contra actos administrativos que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar la autoridad, que afecten derechos de particulares. Asimismo, dentro de dicho juicio en términos del artículo 293, fracción IX6, del ordenamiento invocado, se puede solicitar la suspensión del acto impugnado, sobre la cual se resolverá en el término de veinticuatro horas7 y la misma puede tener por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren8, hasta en tanto se dicte sentencia definitiva. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." 6 Artículo 293. La demanda, además de los requisitos previstos en los artículos 21, 22 y 24 de este Código, deberá señalar lo siguiente: I. El nombre del actor o demandante, o de quien promueva en su nombre, así como su domicilio o dirección de correo electrónico para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos; II. El acto o resolución que se impugna; III. Las autoridades o particulares a quienes se demanden; IV. El nombre y domicilio del tercero interesado, si lo hubiere; V. Los hechos que sustenten la impugnación del actor o demandante; VI. Los conceptos de impugnación y las pretensiones que se deducen. En caso de que el acto impugnado se trate de una resolución negativa ficta, la demanda podrá presentarse sin expresión de conceptos de impugnación, los que deberán formularse en la ampliación de demanda; VII. La fecha en que se notificó o se tuvo conocimiento del acto o resolución que se impugne; VIII. Las pruebas que se ofrezcan; y IX. La solicitud de suspensión del acto impugnado, sin perjuicio que la misma se solicite hasta antes de la celebración de la audiencia de ley. 7 Artículo 305. Iniciado el juicio contencioso administrativo, podrán decretarse todas las medidas cautelares necesarias o la suspensión del acto impugnado, para el efecto de mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se dicte sentencia. No se otorgarán las medidas cautelares ni la suspensión, si se sigue perjuicio al interés público, si se contravienen disposiciones de orden público o se deja sin materia el juicio. [.] La suspensión del acto impugnado se decretará dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda y las medidas cautelares se decretarán de plano, ambos casos a cargo de la Sala Unitaria, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda y podrá solicitarlas el actor en el escrito de demanda, o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio ante la Sala Unitaria que conozca el asunto. Cuando se otorguen las medidas cautelares o la suspensión del acto, se comunicarán sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. 8 Artículo 305 Bis. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte en cualquier momento del juicio, mientras no se haya celebrado la audiencia. Sólo procederá la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes y actos que de llegar a consumarse hagan imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Artículo 306. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, siempre que proceda el otorgamiento de la medida cautelar genérica, cuando se trate de actos que afecten a particulares de escasos recursos económicos, o bien, cuando a criterio de la sala sea necesario otorgarle estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión podrá ser revocada o modificada por la sala, en cualquier momento del juicio, previa vista que se conceda a los interesados en un plazo de tres días, si varían las condiciones en las cuales se otorgó. [.] Artículo 308. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los En esas condiciones, se concluye que la demanda de amparo analizada resulta improcedente, dado que la parte quejosa no agotó el medio de impugnación ordinario, esto es, el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, a través del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto que reclama. Lo anterior es así, pues es un hecho notorio para este juzgado, que el diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-Llave, fue reformado el Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, y se estableció un plazo de veinticuatro horas para que el tribunal correspondiente se pronuncie respecto de la suspensión del acto controvertido, ello una vez presentada la demanda o en cualquier momento mientras se encuentre en trámite el juicio. Por tanto, antes de acudir al juicio de amparo y en observancia del principio de definitividad que lo rige, la parte quejosa debe agotar el juicio contencioso administrativo que resulta procedente contra los actos que impugna; pues los artículos 2969 y 305 del referido perjuicios que con aquella se causaren, si no obtuviere sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, la Sala que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero otorga, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y para pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero deberá cubrir previamente el costo de la que hubiese otorgado el actor. Artículo 309. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma que no impida la continuación del procedimiento administrativo en el que se haya emitido el acto impugnado hasta dictarse resolución que ponga fin al mismo, a no ser que la continuación del procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al actor. Artículo 310. El acuerdo en el que se conceda la suspensión del acto impugnado, surtirá sus efectos desde la fecha de su otorgamiento y tendrá vigencia incluso durante la substanciación del recurso de revisión ante la Sala Superior del Tribunal. El acuerdo en que se niegue la suspensión dejará expedita la facultad de la autoridad demandada para la ejecución del acto impugnado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero si la Sala Superior revoca el acuerdo recurrido y concede la suspensión, esta surtirá sus efectos de manera inmediata." código, no exigen mayores requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado, analizado en párrafos precedentes, que los que contempla la Ley de Amparo y, por ende, no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. Por tales razones, tampoco resulta aplicable el criterio de la tesis de rubro "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 280 Y DEMÁS RELATIVOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO AL AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CONSISTENTE EN QUE ESE ORDENAMIENTO NO ESTABLECE ESPECÍFICAMENTE UN PLAZO PARA QUE EL TRIBUNAL CORRESPONDIENTE SE PRONUNCIE RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO CONTROVERTIDO SOLICITADA EN UN MOMENTO DIVERSO A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA" sustentado en junio del dos mil dieciséis, dado que se emitió, con anterioridad a la citada reforma. En consecuencia, en caso de que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados al momento de promover el juicio contencioso administrativo, ésta deberá proveerse en el término de veinticuatro horas, pues la suspensión exige los mismos requisitos de la Ley de Amparo para ello, por lo que no se está en el caso de excepción a que se refiere la parte final de la fracción XX del artículo 63 de la ley de la materia. En razón de lo expuesto y al existir un recurso ordinario procedente contra los actos que reclama el 9 Artículo 296. Dentro de los tres días siguientes a la presentación de la demanda, se dictará acuerdo sobre su admisión. En el mismo acuerdo se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo. Tratándose de la suspensión deberá resolverse dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la presentación de la demanda. quejoso, en el cual pueden obtener la suspensión de aquellos, con apoyo en los artículos 61, fracción XX y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías por ser notoria e indudable su improcedencia. Se invoca la Jurisprudencia 74910, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como su autorizada en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a María Maximina Melgarejo Barradas, toda vez que tiene cédula reconocida en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación11, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". Y con las restricciones que establece el citado numeral a César de Jesús de la Cruz Palmeros, Lizeth 10 Publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995. 11 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, agosto 2020, libro 77, tomo V, página 4456. Juicio de Amparo 676/2020 Sánchez Montiel, Jonathan Yair Rodríguez Miranda y Patricia Zarazas Arroyo, esto es, para consultar los autos y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado expresamente en su demanda, aunado a que de la consulta efectuada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, se constató que no cuentan con la cédula correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden a los actuarios adscritos a este juzgado, durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Joel Hernández Jiménez, que autoriza y da fe....

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